Del castigo al perdón: el plan para reintegrar jóvenes que delinquieron en Medellín

El enfoque restaurativo de la justicia pretende, en lugar de condenar a cárcel o sancionar con multas, devolver la armonía que se rompió en la sociedad luego de un delito.

Dentro del organigrama de la Alcaldía de Medellín hay una oficina que se encarga de buscar segundas oportunidades para sus ciudadanos e intenta conseguir la paz que desde hace décadas está en pugna en la capital de Antioquia. El trabajo de la Secretaría de la No Violencia, no solo intenta cicatrizar las heridas que dejó el conflicto armado, sino que desde hace dos años impulsa la reinserción de los cientos de jóvenes de la ciudad que han cometido delitos. El Espectador conoció los esfuerzos liderados por esa división de la Alcaldía para que la reinserción, el perdón y la reconstrucción del tejido social sean el objetivo al hablar de justicia restaurativa.

Y es que en Medellín, así como en las principales capitales del país, son escasos los proyectos (tanto privados como públicos) que le apuestan a ver a la justicia como algo más que un mecanismo de castigo. En la capital de Antioquia, por ejemplo, funcionó durante años la Fundación Jesús Preso: un colectivo que entendió que los reos, a vísperas de cumplir la totalidad de su pena, estaban también condenados al desempleo, el estigma y la falta de oportunidades cuando recobraran su libertad y estos eran factores que determinarían en un futuro si reincidían o no. En miles de casos que se aplicó el enfoque punitivo, hubo altas tasas de reincidencia, nuevamente el sistema judicial debía capturarlos, procesarlos y definir su futuro legal.

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Una segunda oportunidad

Hablar de una nueva oportunidad es una fórmula con muchos factores. Por lo menos así lo considera Carolina Saldarriaga, subsecretaría de Justicia Restaurativa de la Alcaldía, que opina que no se puede hablar de este enfoque sin tener en cuenta que las sanciones, los delitos, las afectaciones e incluso los protagonistas varían mucho de un caso a otro. En diálogo con este diario, Saldarriaga mantiene su postura: “desde la Secretaría estamos convencidos de las segundas oportunidades y tenemos un convencimiento de que se debe proporcionar una lectura mucho más ampliada del sistema penal y de las políticas generales de justicia para tratar y acompañar a los adolescentes y jóvenes infractores”.

El primer factor de esa fórmula es entender que cuando se comete un delito, el tejido social se rompe. Así lo han definido varios expertos que afirman que cuando se comete un delito, el acto debe ser entendido como un daño a una persona, no como un ataque a la ley. Como primer paso, esta división de la Alcaldía de Medellín se encarga en hacer entender a los adolescentes que delinquieron qué tipo de daño causaron y cuáles fueron sus alcances.

“La apuesta fundamental es que se vincule al joven y se le responsabilice de sus actos; esto no es solo una cumplir una sanción específica. Pasa por construir un camino donde logre un sentimiento frente a la acción, comprender qué daños ocasionó y comprenda más allá del acto, quién estuvo involucrado y que haya un espacio restaurativo de diálogo sobre cómo la víctima quiere ser reparada”, explicó Saldarriaga.

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Saldarriaga, en concordancia con el Código Penal Colombiano, señala que hay distintos tipos y categorías de crímenes, por lo que explica que en la actualidad los casos que atiende la subsecretaría de Justicia Restaurativa están enfocados principalmente a “delitos de violencia intrafamiliar y hurto porque son los delitos que más remiten los actores judiciales, pero no estamos en contra de recibir otro tipo de delitos”.

Pero la funcionaria explica que el enfoque punitivo es un proceso que no siempre ha tenido buenos resultados y que incluso los estudios muestran que un gran porcentaje de los jóvenes que fueron tratados con esta óptica reincidió en el delito. Los datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) señalan que el hurto es el delito con mayor índice de reincidencia por parte de personas recién liberadas, con un total de 12.000 casos.

Pero desde la Secretaría de la No Violencia se hace énfasis en que “hablar de cifras es complejo por que el enfoque restaurativo lleva muy poco tiempo aplicándose, entonces la medición debe ubicarse muy bien en la temporalidad y contexto del que se recopilan los datos”, añadió Saldarriaga.

El segundo factor en la fórmula, señaló Saldarriaga, es entender que “no hay una única forma para que haya justicia restaurativa en los jóvenes”. “Depende de la acción cometida, el daño ocasionado, la percepción de la víctima sobre cómo puede ser reparada. Hay diferentes niveles, pero el éxito de este enfoque es el de generar diálogo y entender que no es un trabajo unilateral (donde solo participan los jóvenes) sino otros actores, entre ellos la sociedad civil”, dijo.

En su concepto, desde la Alcadía se coopera con la administración de justicia para ofrecer a los adolescentes y jóvenes programas que permitan tener otras posibilidades para enfrentar procesos judiciales con un enfoque restaurativo. Esto pretende disminuir el uso excesivo de medidas privativas de la libertad en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Distrito de Medellín.

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La “triada” de la restauración

La subsecretaria Saldarriaga considera que en todo proceso de segundas oportunidades debe haber tres actores fundamentales: el agresor (o quien comete el delito), los actores judiciales (fiscales y jueces) y, finalmente, la sociedad.

Quien delinque debe responder por sus hechos y entrar en un proceso de diálogo y reparación. Los fiscales y jueces, regidos por convenciones internacionales y la legislación colombiana, deben tener en cuenta que “la sanción impuesta no tiene una finalidad retributiva de cárcel, trabajos o multas, sino pedagógica”, según indica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y finalmente la sociedad, cuyo tejido social ha sido afectado por los delitos.

Pero aparte de estos actores hay otros protagonistas que ya dan luz verde a este tipo de iniciativas. Por ejemplo, a inicios de este noviembre de este año se realizó un congreso en Medellín para discutir cómo mejorar el enfoque de justicia restaurativa y de qué forma se puede exportar este modelo a otros municipios y capitales. El evento contó con la asistencia de Unicef, ICBF y del Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna, quien además señaló durante el encuentro que “la reparación del daño causado y la restitución del tejido social se asumen como formas de justicia mucho mejores al castigo, a la privación de la libertad y a la pena dolorosa (...) Necesitamos más modelos como este”.

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Al Congreso asistieron cerca de 3.000 invitados que visibilizaron la importancia de aplicar este enfoque restaurativo primero en Medellín y luego en otras ciudades. Además, contó con la presencia de expertos internacionales de España, Estados Unidos, Chile, entre otros. “El objetivo es convertir a Medellín en una ciudad pionera en la restauración de la justicia y poder ir consolidando al Distrito como un centro pionero para estas prácticas. Pero también buscamos conocer cuáles son esos saberes y experiencias exitosas en otros lugares del país y del mundo para fortalecer esa apuesta aquí”, precisó Saldarriaga sobre el congreso.

En Colombia existe actualmente en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), un artículo del Código de Infancia y Adolescencia que exige que a los jóvenes entre 14 y 18 años que hayan cometido un delito, se les aplique un enfoque diferenciado por parte de los actores que intervienen en su proceso y judicialización. Por ejemplo, el Sistema ordena que todo proceso en que un adolescente cometa un delito “deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”.

“Los adolescentes y jóvenes del SRPA cometen delitos entre los 14 y 18 años de edad, sin embargo, algunos pueden tener más de 18 años, en razón de que pueden estar próximos a cumplir la mayoría de edad al momento de cometer el delito o pueden ser sancionados y luego se solicita una revisión de sanción para que puedan ingresar al programa de justicia restaurativa”, asegura la subsecretaria.

El ICBF explica que este proceso está fundamentado en que se debe “considerar que el adolescente se encuentra en proceso de formación (...) Por tanto, el Sistema tiene como finalidad la aplicación de un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando así una justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño por parte del adolescente”.

“No solamente contamos con la participación de expertos de diferentes países sino de jóvenes que han pasado por el Sistema y que han tenido experiencias restaurativas. Es entender el enfoque y se puede reflexionar cuáles son las necesidades para que este tipo de justicia se pueda reformular a la luz de nuevas necesidades y de nuevas alternativas que brindamos”, concluyó Saldarriaga.

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