Dos años de impunidad por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Claudia Yepes frente al búnker de la Fiscalía en Medellín el 27 de octubre de 2022 en un plantón nacional que lideró por las víctimas de desaparición forzada en el país.

Foto: Valentina Arango Correa

La última noticia que Claudia Yepes tuvo de su hijo Andrés Camilo Peláez, de 26 años, fue que iba a salir a comer afuera del hotel donde se hospedaba en San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia. El ingeniero ambiental lideraba uno de los varios trabajos de reforestación que se debían hacer alrededor de Hidroituango para conservar el ecosistema. Pero la noche del 3 de abril de 2022, una cámara de seguridad de un local grabó el último vestigio de Peláez. Desde ese momento, su familia ha estado sometida a 729 días de oraciones, publicaciones en redes sociales y más de 17.000 horas de preguntas sobre dónde está Andrés Camilo.

Al medio día siguiente, Luis Miguel Calisto, coordinador de ingenieros de Williams Sale Partnership (WSP), la empresa con la que trabajaba el ingeniero, denunció la desaparición, ya que cuando fue a recogerlo al hotel donde lo dejó el día anterior y trató de ubicarlo no lo encontró. WSP es la encargada de realizar interventorías a los proyectos ambientales que incluyen las obras de Hidroituango. A la familia de Andrés Camilo esto le generó sospechas, además porque retiraron los objetos personales del hotel junto con la Policía, sin consultar con la familia. Justificaron su acción en que tenían información de la empresa.

Sin embargo, WSP como contratista de Empresas Públicas de Medellín, no ha estado vinculada como sospechosa de la desaparición, y contrario a las hipótesis de la familia de que el hecho podría estar relacionado con el trabajo de liderazgo ambiental de Andrés Camilo, dentro del proceso judicial se ha asumido como un tema de orden público en el municipio.

Inicialmente, las autoridades indagaron sobre hipótesis como la de un suicidio en el río y hasta la de un secuestro, pero nunca hubo un llamado a pedir recompensa o alguna pista relacionada, como sucede usualmente en otros casos de ciudadanos desaparecidos. Luego se concibió como una desaparición forzada. No fue sino hasta el 13 de septiembre de 2022, que una juez de control de garantías envió a la cárcel de Santa Rosa de Osos a José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, presunto responsable de la desaparición forzada del ingeniero. Más tarde, el 22 de febrero en 2023, fue capturado Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito, en Carolina del Príncipe (Antioquia), quien tampoco aceptó los cargos que una juez le imputó por el delito de desaparición forzada.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Juancito y Huevito fueron las dos últimas personas que vio un testigo con el ingeniero en San Andrés de Cuerquia. Pero todavía no han dado respuestas al respecto, se han declarado inocentes. Según Claudia, quien ha estado presente en las audiencias, quizás están temerosos de decir la verdad de lo que sea que sepan o, por el contrario, no tuvieron nada que ver con la desaparición de su hijo. Además, ninguno tuvo alguna relación con la empresa contratista de Hidroituango. Al parecer, según la investigación, hacían parte de la banda delincuencial Los Mesa, con origen en Bello (Antioquia).

Por su parte, la abogada Luz Mercedes Valencia, quien representa a la familia Peláez Yepes, afirma que, “hay un trabajo muy fuerte, en el cual sí hay un interés y un deseo de poder darle solución desde la justicia y darle respuestas a Claudia”, dice Valencia. Esto, porque 15 meses después de la desaparición, se hizo efectivo un compromiso del mismo presidente Gustavo Petro con Claudia Yepes, quien en una visita a inicios de 2023 le dio un aliento de esperanza a esta madre. La promesa consistió en que el Ministerio de Defensa priorizaría su caso con acciones como elevar la recompensa, la cual pasó de $30 a $70 millones por dar información eficaz para hallar al ambientalista.

Lo complejo ha sido la relación de los presuntos responsables de la desaparición con grupos delincuenciales de la región. El proceso lleva más de un año en etapa preparatoria de juicio y está a la espera de condenar a los dos supuestos implicados, quienes, según la defensa de la familia, cuentan con pruebas en su contra de su presunta participación en la desaparición. Además, se conoce que sigue pendiente vincular a otras personas que podrían haber forzado la desaparición. La familia, por su parte, sigue a la espera de encontrar a Andrés Camilo Peláez.

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