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El asesinato de José Taicus Pascal en Tumaco derrumbó las promesas de una Colombia pacífica para los líderes sociales en 2023. Tan solo dos días después de Año Nuevo, el joven de 16 años se convirtió en la primera víctima de este año de un fenómeno crónico que vive el país y que se ha agudizado desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.
Con su muerte, no solo se rompieron los lazos de liderazgo que Taicus había creado en el pueblo indígena Awá. Además, fue el inicio de una avalancha de asesinatos que ha dejado casi un centenar de muertos en el primer semestre del año y que sigue poniendo en riesgo los proyectos comunitarios en las regiones más apartadas.
Los informes de agencias de la ONU y de organizaciones de derechos humanos han concluido que desde la firma del Acuerdo de Paz los fenómenos criminales mutaron para crear escenarios más peligrosos contra los líderes.
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“Es innegable que la firma del Acuerdo Final condujo a reducciones palpables de la violencia relacionada con el conflicto al inicio de la implementación. Sin embargo, en los últimos años, las regiones afectadas por el conflicto han visto aumentar la presencia y las acciones de actores armados ilegales en un contexto de presencia del Estado aún limitada”, aseguró el último informe de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Colombia.
Desde la firma del Acuerdo, más de 1.400 líderes o defensores de derechos han sido asesinados.
Es importante aclarar que las instituciones y organizaciones de derechos humanos tienen definiciones distintas sobre lo que es un líder social. En los registros de una u otra entidad, por ejemplo entre la Fiscalía y ONG, las cifras sobre agresiones y asesinatos varían. Por ejemplo, Juan David López, trabajador social de la Universidad Nacional, explica que la ONU contabiliza 297 asesinatos desde la firma del Acuerdo mientras que Indepaz eleva la cifra a más de 800 muertes. Para López, que analizó el impacto de asesinatos a líderes sociales en 2021, “este panorama nos muestra que aún con cifras divergentes (...) se muestra preocupante”, según escribió en una publicación académica de la Universidad.
Un líder muerto cada dos días
La llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño prometía proteger la vida y territorios de los líderes sociales. Sin embargo, durante poco más de un año de Gobierno el patrón de violencias sigue vigente.
La llegada del nuevo presidente al poder significó, según la ONG Somos Defensores, un “claroscuro”. Durante la gestión de Gustavo Petro y Francia Márquez se ve “claridad por la esperanza que genera el resultado electoral”, pero “desolación por el incremento de personas defensoras de derechos humanos (víctimas de agresiones)”. Vale la pena mencionar que el primer semestre de 2022, cuando el expresidente Iván Duque aún fungía en el Ejecutivo, hubo un incremento de homicidios a defensores de derechos del 71 % con respecto al mismo período del año anterior.
Desde el Instituto de Estudios de Desarrollo para la Paz (Indepaz) se ofrece una conclusión. “La situación de asesinatos de líderes comparado con otros períodos no ha aumentado: en 2023 ha descendido en un 20 %, pero siguen matando líderes, entonces eso es una constante”, explica Leonardo González, director de la organización.
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Uno de los éxitos que ha tenido el Gobierno ha sido la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que exige al Estado defender y prevenir amenazas contra líderes que protegen el medio ambiente. Cuando el Acuerdo fue votado y aprobado por el Congreso, significó un auxilio para los ambientalistas asesinados en Colombia. Sin embargo, los datos de Indepaz aseguran que durante 2023 han sido asesinados al menos tres personas que defienden el medio ambiente.
Colombia, en años anteriores, encabezó la lista de los países donde más ambientalistas fueron asesinados a nivel mundial, solo superado por México o Brasil, según registró la ONG Global Witness.
De acuerdo con los datos de Indepaz, los departamentos que más se han visto afectados por el homicidio de líderes sociales en 2023 han sido Cauca, que tiene 21 casos, Antioquia con 12 registros y Nariño, en donde se han contado nueve defensores asesinados.
Además, las principales víctimas han sido personas pertenecientes a grupos indígenas (21 líderes asesinados) y defensores comunales, es decir, que encabezan algún proceso de derechos dentro de sus comunidades o municipios.
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Solo en la semana en que realizó esta publicación, cuatro líderes sociales fueron asesinados; dos de ellos en 48 horas.
Yesid Pechené, líder indígena, fue asesinado en la noche mientras llegaba a su hogar en Toribío, Cauca. Reconocido por hacer parte de la Guardia Indígena, Pechené era miembro de una familia con vocación de defender los derechos de la comunidad, pues su padre es un reconocido miembro de la Guardia. Su cuerpo fue dejado a un costado de la vía. Tan solo dos días después, se conoció la muerte de Fredy Alexander Bomba, un defensor de Pioyá, en el mismo departamento. Tras varios años como líder de la comunidad, Bomba denunció amenazas en su contra. La Unidad Nacional de Protección asignó un esquema de seguridad para él, que en los últimos meses presidió el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). A sus 35 años, mientras Bomba estaba en una reunión social, recibió disparos de tres hombres encapuchados que ingresaron a la residencia. Con su muerte, la presidencia del MAIS quedó huérfana y los logros de Bomba por defender los derechos indígenas se vieron paralizados.
¿Por qué los matan?
Somos Defensores explica que el escenario en Colombia ha sufrido un vuelco con respecto a años anteriores. La ONG cuenta que es la primera vez que hay “un viraje profundo” en términos políticos que significa un “cambio en los imaginarios sociales dominantes” que han existido durante décadas en los territorios.
Además de un nuevo Gobierno, la Comisión Colombiana de Juristas asegura que en el pasado la violencia contra los liderazgos se acentúa cuando el país inicia el calendario electoral, como en este año, que se avecinan elecciones para autoridades regionales: en octubre se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos.
Por su parte, González asegura que los conflictos en los territorios explican que se sigan asesinando líderes. “Hay conflictividades por diversos intereses socioambientales. Muchos de los líderes son asesinados por defender el territorio de cultivos de uso ilícito o minerías (legal o ilegal)”.
Para González, que también coordina el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, hay muchos escenarios que ponen en riesgo a los líderes, como por ejemplo “defender la ampliación de un resguardo indígena, hacer activismo en un consejo comunitario, defender la Ley de Víctimas”, o reclamar que se avance en la implementación del Acuerdo de Paz. Pero González reconoce que esta violencia “no ataca a los líderes sino a los procesos de toda una comunidad. (...) Los grupos armados sirven con servicios de seguridad a varios intereses, y quienes se opongan a esto, que usualmente son los líderes, pues tendrán violencia como respuesta”.
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Esto se ve reflejado en las actividades que llevaban los líderes que fueron asesinados durante los últimos días. Ilder Díaz, aspirante al Concejo de Policarpa, en Nariño, fue herido de muerte mientras que en Maicao, Guajira, Benito Segundo Castillo, reconocido líder Wayú, recibió dos disparos mientras estaba en una reunión social.
Liderazgo perdido y resiliencia
González y López explican que el asesinato de líderes tiene un impacto en las comunidades. Según argumentó López en su publicación académica de la Universidad Nacional, los homicidios “buscan evitar o neutralizar las acciones colectivas que podrían poner freno a los proyectos que estos poderes regionales (criminales) piensan desarrollar en los territorios o con las poblaciones”.
“Para una comunidad el homicidio de un líder es un impacto muy fuerte. Va en contra de los procesos y golpea las relaciones, el tejido social y la defensa del territorio”, asegura el director de Indepaz. Desde el Instituto se ha logrado comprobar que hay comunidades en donde desde que los integrantes son pequeños se les prepara para defender el territorio y cuando se trata de lideresas, se valora mucho más el proceso.
“Para una comunidad es mucho más difícil que se genere un liderazgo de la mujer porque tiene que atender otras tareas (por ejemplo, el hogar). Y la muerte de las lideresas es mucho más difícil, significa un golpe muy grande para la comunidad”, dice González.
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