Poco después de las 5 p.m. Leovigildo Vivanco sintió inquietud en su interior. Varios años como profesor, filósofo y activista afro debían de servir como insumo para exponer con claridad sus ideas. Una tarea retadora, pues frente a él se encontraban jueces y magistrados de Córdoba listos para escuchar cómo articular la justicia ordinaria con las costumbres que durante siglos han tenido las comunidades negras en Colombia. Al final del encuentro firmaron un primer documento que servirá de base para que estas dos formas de justicia se comiencen a hablar.
De camisa blanca, pantalón gris y un reloj dorado que contrastaba con su piel negra, Vivanco empezó a repasar las diapositivas en su computador: cero errores de redacción, ideas claras y un mensaje. En cuestión de una hora, el miembro del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré debía reunir años de historia y luchas negras para que los más altos funcionarios judiciales de Córdoba escucharan las razones por las cuales la justicia afro y la ordinaria deberían trabajar juntas.
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“El propósito (de la justicia afro) es solucionar sin odiar. Resolver sin castigar”, explicó Leovigildo, y los funcionarios judiciales sentados cerca de él asintieron con la cabeza.
Por primera vez en la historia de Córdoba, autoridades afro y funcionarios judiciales de la justicia ordinaria se sentaban en un mismo espacio para tender puentes entre sus respectivas jurisdicciones. La Justicia Propia Afrocolombiana expuso que “el buen vivir” y la “armonía con el territorio” son los ejes que todo lo mueven en las comunidades negras. Mientras que magistrados, jueces y togados de restitución de tierras contaban cómo ellos llevaban la tarea que “ninguna otra persona tiene en la sociedad: la de decidir sobre los derechos de otros”.
La exposición de Leovigildo Vivanco frente a 40 miembros de la rama judicial y la justicia ancestral afro no era un simple recuento de la historia de comunidades negras en Córdoba. No consistía en décadas de olvido estatal, luchas jurídicas para que los consejos, al igual que los grupos indígenas sean reconocidos, sino para empezar a pensar en el futuro de sus comunidades.
Las comunidades negras de Córdoba son “como el nido de la garza: todos hablan de ellos pero nadie sabe dónde quedan”, dijo una mujer afro cuando Vivanco concluyó su ponencia. Para ella, para él, y para las otras dos decenas de líderes negros en el auditorio, la necesidad de justicia en su población era una demanda real y actual. Justicia, dijo Leovigildo, es que se reconozca y respete a los grupos afro y que para la jurisdicción ordinaria se tenga en cuenta el pluralismo étnico del país.
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La “primera mesa de diálogo de saberes” en Córdoba fue un espacio organizado por el Consejo Superior de la Judicatura y el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) en Montería. Reuniendo a representantes de las decenas de consejos comunitarios del departamento, sirvió como espacio para que ambas jurisdicciones, la ordinaria y la “ancestral” lograran “el entendimiento, armonización, colaboración y cooperación” entre ambas justicias.
La magistrada Isamary Marrugo miraba con atención la exposición de los líderes afro. Sus facciones, aunque demostraban interés por lo que decían los 40 asistentes de los consejos comunitarios de Córdoba, tenían un aspecto extraño. Arrugaba la nariz, ladeaba la cabeza mientras escuchaba. Y de vez en cuando, utilizaba sus manos ya fuera para que alguna autoridad afro respondiera sus preguntas o bien para escribir en sus apuntes un dato curioso que recién aprendía.
En sus 30 años como funcionaria judicial de Córdoba, Marrugo nunca había tenido la oportunidad de un espacio en que las justicias de “ambos mundos” se sentaran frente a frente. Graduada de la universidad de Cartagena en los 90, Isamary creció conociendo los decretos, interpretaciones y laberintos de las leyes. Pero en tres décadas de experiencia, la magistrada no había compartido un espacio con todas las personas que, para los pueblos afro, ostentan la justicia y conducen a las comunidades por el camino de “una buena vida”.
Su presencia allí no era un intento de sustituir las funciones que tiene como máxima autoridad judicial del departamento. Para ella, lograr compartir con todos los líderes comunitarios era un intento de acercarse a “las raíces que tenemos todos. (...) Para que todas las personas que habitan nuestro territorio colombiano sientan que puedan acercarse a sus derechos y conocer sus deberes”.
En los últimos meses, Isamary Marrugo ha defendido la importancia de que en Córdoba, uno de los departamentos más pluriétnicos del país, puedan convivir los distintos tipos de justicia sin necesidad de conflictos. Tanto con indígenas del pueblo zenú, como con miembros de comunidades afro, Marrugo ha encabezado el acercamiento que busca que la justicia “sea eficiente” con todos. Y cuando habló de eficiencia, se refirió a poder atender demandas y situaciones que las comunidades afro exigen a las instituciones judiciales del país. Por ejemplo, problemas de linderos, casos de violencia o amenazas y agresiones que sus miembros sufren por actores del conflicto armado.
En los últimos meses, Isamary Marrugo ha defendido la importancia de que en Córdoba, uno de los departamentos más pluriétnicos del país, puedan convivir los distintos tipos de justicia sin necesidad de conflictos. Tanto con indígenas del pueblo , como con miembros de comunidades afro, Marrugo ha encabezado el acercamiento que busca que la justicia “sea eficiente” con todos. Y cuando habló de eficiencia, se refirió a poder atender demandas y situaciones que las comunidades afro exigen a las instituciones judiciales del país. Por ejemplo, problemas de linderos, casos de violencia o amenazas y agresiones que sus miembros sufren por actores del conflicto armado.
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Marrugo incluso ha llegado a participar en “rituales” afro en los cuales los líderes negros se descalzan, buscan una armonía con el territorio y ruegan a sus ancestros, “quienes fueron traídos a la fuerza en barco” para que los guíe en las relaciones que ambas jurisdicciones han empezado a construir.
Pero el pedido de la jueza ha sido claro cada vez que puede manifestarlo: se requiere confianza en el sistema y respeto a los jueces. Ante las críticas, comentarios escépticos y desconfianza, Marrugo aseguró que “si ustedes los líderes afro no confían en nosotros, ¿entonces para quién administramos justicia?”.
Su pedido fue recibido por los asistentes, entre ellos Leovigildo, como un llamado de atención necesario de hacer. Cuando la magistrada explicó que la confianza era el punto clave que ambas jurisdicciones debían tener de cara al futuro, los rostros se mostraron conformes.
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Una vez reflexionadas las palabras de Marrugo, los líderes y funcionarios judiciales firmaron un pacto: un acuerdo simbólico que no tiene alcances legales, pero que demuestra la voluntad de la justicia ordinaria y la propia de poder convivir y trabajar juntos en el futuro. El tratado, firmado por Marrugo, Leovigildo, y todos aquellos que representan materialmente la justicia en Córdoba, buscan una sola cosa en los próximos años: que a través de la enseñanza, el diálogo y la concertación, hablar de justicia no sea un fenómeno lejano para las personas negras. Que las comunidades que tras siglos de “pobreza, violencia o precariedad no murieron”, puedan sentir que los jueces y magistrados de Córdoba, en lugar de personas lejanas, puedan ser sus mayores aliados en un futuro para administrar justicia.
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