Los anhelos de un 2023 sin violencia de género duraron tan solo 15 días. En la mañana del 16 de enero, la Fiscalía registró en sus anaqueles el primer caso de feminicidio en Colombia este año: Yared Pomares Bello, de 24 años, una joven estilista en Cartagena, que fue herida de muerte por su pareja sentimental. “Quedó grabado, él la mató”, aseguraron sus familiares, al ver que en el lugar había varias cámaras de seguridad que contenían el registro de lo que sucedió esa madrugada.
Tan solo siete días después, el 23 de enero, una persona en situación de calle encontró una maleta cerca de un basurero en Bogotá. En su interior se hallaba el cuerpo de Valentina Trespalacios, la reconocida DJ de 23 años, que fue asesinada por John Poulos, su pareja, quien fue capturado en Panamá y podría enfrentar una condena de hasta 50 años de cárcel por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas.
Estos son apenas algunos de los 354 casos que ha registrado el Observatorio Colombiano de Feminicidios en lo transcurrido de 2023. Una cifra que, acompañada de las agresiones que enmarcan la violencia de género contra las mujeres y la población LGBTIQ+, ubica a Colombia como el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) con las cifras de violencia de género más altas durante el primer semestre de este año.
Los registros del observatorio dan cuenta del auge de los feminicidios en Colombia, una problemática sistemática que ha apagado la vida de más de 3.101 mujeres desde 2015, cuando la ley Rosa Elvira Cely del 6 de julio de ese año tipificó el feminicidio como un delito autónomo.
A diferencia de un asesinato, que se castiga entre 13 y 25 años de cárcel, el feminicidio tiene una pena que oscila entre los 20 y 40 años de prisión. “Se constituye la vida de la mujer como un bien jurídico protegido por el derecho a través de esta medida de política criminal (...) y es agravado cuando: se comete contra alguien menor de 18 o mayor de 60 años; sea cometido por varias personas; le anteceda una agresión sexual o sea cometido por la pareja o expareja de la víctima”, explica Tatiana Gelvez, investigadora en temas de género y profesora de la Universidad Externado.
“Después del 2008, había jueces que les costaba entender el concepto de ´feminicida´. Vivimos en una sociedad jurídicamente muy machista y aún hace falta entender el concepto de feminicidio y violencia de género a pesar de que ya lleva más de 13 años en circulación; esto se ve reflejado en los reportes, datos y conclusiones de las diferentes entidades del Estado”, agrega la docente.
Las “otras” violencias
El feminicidio, aunque es considerado como la “máxima expresión de violencia de género”, no es la única que existe. Por ejemplo, de acuerdo con Medicina Legal, hay otros tipos de violencia que deben ser tratados por sus peritos. La entidad señala que en lo corrido del año se han contabilizado más de 65.000 reportes de agresiones contra mujeres, entre las que se encuentran violencias interpersonales, presuntos delitos sexuales y casos de maltrato y abuso al interior de la familia.
Estas cifras, sumadas al subregistro que el Ministerio de Salud reconoce y cataloga como “datos no siempre representativos para toda la población”, enumeran, en lo que va de 2023, que una mujer ha sido violentada cada seis minutos.
Esta ola de violencia también ha tocado la puerta de la población LGBTIQ+, con un problema adicional: El silencio atenuante. De hecho, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “los medios (latinoamericanos) tienden a informar más sobre asesinatos dejando de lado formas más comunes y persistentes de violencias (de género) cotidianas”, especialmente de las personas con expresiones de género diversas.
En esto está de acuerdo Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, quien precisa que este fenómeno también recae contra la población LGTBIQ+. Según la organización, que desde 2007 vela por los derechos de esta población, “la situación de personas diversas se ha agudizado desde 2019″. Sus datos muestran que, por ejemplo, cada 60 horas una persona LGTBIQ+ fue asesinada en 2022. Además, las cifras dan cuenta de que hay otros tipos de violencia que no se visibilizan: agresiones policiales, discriminación, hostigamiento e incluso tentativas de homicidios.
También existen “cifras alarmantes”, opina Castañeda, como las consignadas en la base de datos de lesiones personales que maneja la Fiscalía. De acuerdo con este registro, más del 40 % de los casos corresponden a agresiones y maltratos contra mujeres lesbianas, bisexuales o trans. Las cifras de Caribe Afirmativo reúnen más de 1.700 situaciones de violencia contra la población LGTBIQ+, y también hay registros de “20 casos de amenazas y al menos 15 panfletos donde se estigmatizan las mujeres lesbianas, trans y bisexuales”.
“Esta dinámica corrobora la existencia de un alto índice de violencia contra este grupo poblacional y los hace sujetos receptores de muchas violencias, debido a la exposición que genera su expresión de género diversa y a los entornos donde se ven obligados a habitar”, añade Castañeda.
Colombia, junto a Brasil, es uno de los países de Latinoamérica y el Caribe con mayores tasas de homicidios contra personas de orientación sexual diversa. Sin ir muy lejos, un informe de la Red Regional de Información LGBTI concluyó que solo Colombia concentra el 43 % de los homicidios contra esta población en la región.
Un ciclo que se repite
De acuerdo con Alejandra Coll, abogada y asesora del Centro de Derechos Reproductivos, la violencia de género no debería estar encasillada únicamente a la violencia física. Según la jurista, este problema está compuesto por varias etapas que conforman un ciclo, siendo la violencia obstétrica una de las graves situaciones que muchas veces se ignoran y que hacen parte de esa cadena.
“El feminicidio es el último eslabón de un ciclo de violencias que se dan en la sociedad (...) y uno de esos eslabones es la violencia sexual y reproductiva”, anota Coll. Para la asesora de incidencia de esa entidad, Colombia presenta un “panorama anormal” cuando se trata de evaluar los derechos sexuales en el país.
“Hay grandes avances con el aborto (legalizado hasta la semana 24), al menos en lo formal. Pero todavía estamos en la implementación. Pero en cuanto a la mortalidad materna, el embarazo adolescente, embarazo seguro, o el acceso a educación integral le han valido regaños a Colombia en la comunidad internacional”, explica.
Como en el caso de una mujer en Quibdó que en 2017 perdió a su bebé tras presentarse negligencia médica, pues “un médico general la atendió y le dijo que estaba bien, que se fuera para la casa”. La mujer tuvo que volver seis horas después, cuando el feto tenía una frecuencia cardiaca baja y estaba en riesgo de convertirse en un aborto espontáneo”. En ese momento, el ginecólogo de turno aseguró que “no podía atenderla”.
“Es válido concluir que la violencia obstétrica se ha establecido dentro de las prácticas institucionales al interior del sistema de salud y constituye una forma de discriminación de género que atenta contra los derechos humanos, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer”, se lee en la sentencia que condenó al hospital como responsable en la muerte del feto.
Este tipo de violencia, explica Coll, aunque no es la única, es muy persistente en el país. “Es una cuestión de racismo estructural e institucional porque son justamente las mujeres indígenas, afrocolombianas y campesinas quienes no reciben la inversión en salud o infraestructura (...) No es solo que Colombia no cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, significa que esto tiene un impacto en la vida de las niñas y las mujeres”, dice la abogada .
Tan solo los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) recogen al menos 721 casos en donde hubo mortalidad materna y que puede explicarse por “las condiciones de vida en la que las mujeres, según sea su grupo social, desarrollan capacidades y por tanto se posibilitan condiciones de bienestar o, por el contrario, desventajas sociales que propician resultados desfavorables e inequitativos”, explica la entidad.
¿Hay solución?
En junio pasado, un grupo de mujeres, oriundas de Chocó, se juntaron en Antioquia con otras mujeres víctimas de violencia de género con el fin de socializar sus vivencias. Durante el encuentro, apoyado por el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), llegaron a la conclusión de que es necesario establecer canales de comunicación con las instituciones para que las víctimas puedan ser escuchadas y acceder efectivamente a la justicia. Tras el evento, tanto colectivos civiles como las instituciones de justicia firmaron el “Pacto por el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres chocoanas”.
Así como esta juntanza, son varios los encuentros que se han realizado en diferentes municipios para articular diferentes formas de justicia (como la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia ancestral afro) con la justicia ordinaria, para que las rutas de atención y prevención sean más efectivas para las comunidades rurales.
Para la abogada Alejandra Coll, esta es, precisamente, una alternativa para erradicar las violencias basadas en género. Asegura que es imperativo fortalecer las rutas de atención e, igualmente, educar desde jóvenes a las nuevas generaciones para que identifiquen qué es la violencia de género y cómo enfrentarla.
Así pues, investigadoras y colectivos tienen en cuenta estas cifras para buscar como erradicar estas violencias. Coll propone que se entienda cada uno de los eslabones del ciclo de violencia como la repetición de los estereotipos de género. “Se debe entender la motivación para cometer una violencia porque esa mujer no se comporta como el agresor espera. La violencia se comete motivado por estereotipos de género”, concluye la abogada.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
