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Cinco razones para comprender la importancia de la justicia climática

A propósito de que Colombia será la sede de la COP16, le contamos cómo la justicia climática, al igual que esta convención, van más allá de solo un asunto sobre el medio ambiente: es una discusión sobre los derechos humanos.

01 de abril de 2024 - 09:49 p. m.
El problema de la deforestación influye directamente en el cambio climático. En Colombia, explicó el Minambiente en 2023, gran parte de la responsabilidad sobre esta situación se debe a los acaparadores de tierra y estructuras de narcotráfico.
El problema de la deforestación influye directamente en el cambio climático. En Colombia, explicó el Minambiente en 2023, gran parte de la responsabilidad sobre esta situación se debe a los acaparadores de tierra y estructuras de narcotráfico.

El ambiente sano es un derecho de todos los colombianos. Sin embargo, las afectaciones por el cambio climático no se dan en las mismas condiciones para todas las personas. Los impactos como inundaciones, sequías, avalanchas, exposición a gases, deforestación, entre otros, suelen impactar a las comunidades más pobres, lo cual agrava sus condiciones de vida. En octubre de 2024, Colombia será sede de la COP16, una convención en la que los gobiernos de los 196 países que en 1992 ratificaron el “Convenio de Diversidad Biológica” de la ONU, se reúnen para evaluar ese acuerdo y trazar nuevos objetivos relacionados con el cambio climático. En diálogo con El Espectador, Laura Serna, abogada experta en temas ambientales de la organización El Derecho a NO Obedecer dio algunas puntadas sobre el funcionamiento de esta forma de justicia. Aquí le contamos cinco argumentos con base en sus respuestas:

El problema es de todos: Sean afro, indígenas o mestizos, todos deben hacer parte de la discusión y la solución. Esto lo define Serna como “democracia ambiental”, que es prácticamente el derecho a que todos decidamos cuál es el futuro ambiental que queremos.

De esta manera, la experta menciona que uno de los enfoques principales de la justicia climática es a través de esa democracia ambiental, que es, a su vez, un concepto promovido por el Acuerdo de Escazú, el cual fue ratificado por Colombia en 2022. Este instrumento internacional tiene tres objetivos principales: el acceso a la información ambiental, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación minera; la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales; y las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.

De tal forma que, a través de la democracia ambiental, la justicia climática implica reconocer que la protección de los derechos humanos, así como la creación de entornos seguros y sostenibles, requieren la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos ambientales. En palabras de Serna, “la democracia ambiental es reconocer que, para que nosotros podamos tener una protección de derechos y para que al mismo tiempo podamos vivir en un entorno, seguro, saludable y sostenible, es necesario que la ciudadanía pueda participar, informarse y acceder a la justicia en asuntos ambientales”.

Los que menos contaminan sufren más: Laura Serna también destaca la necesidad de reconocer las desigualdades en los impactos de la crisis climática. “Cuando hablamos de justicia climática, que es un bracito que le salió a la justicia ambiental, se está reconociendo que los efectos de la crisis climática, aunque todos lo sufrimos, los efectos son diferenciados y las responsabilidades también deben ser diferenciadas”, menciona. Con esto, quiere decir que algunos territorios son más vulnerables y tienen menos capacidad para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático.

Además, señala que en el contexto de Colombia, se deben abordar las desigualdades estructurales y las deudas históricas en términos de derechos humanos para poder enfrentar de manera efectiva la crisis climática. “La justicia climática se aterriza en más reconocer que nosotros somos un país altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática. De hecho, ahorita con el fenómeno de El Niño se ha demostrado la capacidad de adaptación, de respuesta y de prevención que tiene el Estado colombiano”, menciona.

Con este fenómeno se refiere a recientes sequías en el país, donde 23.986 hectáreas de cultivos fueron afectadas debido a la falta de agua. Ante fenómenos como este, Serna insiste en que el Estado debe tener una necesidad de una adaptación rápida y coordinada entre los diferentes sectores y que, además, debe reconocer a la crisis climática como una crisis de derechos humanos que afecta en mayor medida a comunidades vulnerables.

Una condición necesaria: Para Serna, la justicia social es necesaria para empezar a hablar de otros temas también urgentes, como el desarrollo, la paz o la sostenibilidad, Por ello, explica que la justicia climática como un tema transversal que va más allá del ámbito ambiental. “Si nosotros no tenemos un ambiente sano y un saludable para todas las personas, todo lo demás que yo haga se va a caer, porque el clima y el ecosistema en el que vivimos es la base para desarrollar una sociedad”, explica la experta. Por ello, considera necesario la participación de diversos sectores: económico, educativo, salud pública, judicial, entre otros, para hacer efectiva una justicia en términos climáticos.

“No se puede seguir pensando en desarrollar sociedades sin estar pensando en el factor del clima, lo cual me lleva a pensar en los derechos que hay en medio de la crisis climática que nos atraviesa”, dice Serna y lo pone con el siguiente ejemplo: Cuando hay un incendio y no podemos determinar de dónde llega el humo al aire que respiramos. Podría ser de una fábrica, de quema de basuras o hasta de un incendio en el Amazonas. Esto evidencia que vivimos en un ecosistema en el que absolutamente todo está conectado, uno en que las acciones en términos ambientales también tienen que estar correlacionadas para garantizar un medio ambiente sano para todos.

Las comunidades deben hacer parte de la charla: Aunque Colombia cuenta con una normatividad en materia ambiental y de derechos asociados al medio ambiente. Constitucionalmente, están los derechos al medio ambiente sano, a la distribución equitativa de los recursos y a su conservación. “El reto es que las normas se cumplan”, dice Laura Serna. De la misma forma, menciona que existe una necesidad de cerrar brechas en el acceso a la justicia ambiental, y de abordar las pérdidas y daños asociados a la crisis climática. Por ello, dice Serna que no solo es necesario tener leyes adecuadas como las que ya existen en el país, sino que también se debe asegurar su implementación y cumplimiento para lograr una justicia climática.

Conciencia social y ambiental: “Si yo le digo a un político que mi prioridad como ciudadano de este país es que haya un Estado que sea consciente de la crisis climática que estamos atravesando, pues esa va a ser la respuesta que vamos a tener. Pero, si yo como ciudadanía estoy totalmente alejado y creo que eso es un tema que le corresponde solo algún sector del Estado, pues las soluciones van a ser muy lentas y los procesos se van a demorar mucho más de lo que ya se demoran en términos generales”, explica Serna.

Finalmente, la experta señala que la COP16 podría ser la oportunidad para que Colombia se posicione internacionalmente como un país que tiene mucho que ofrecer a nivel de soluciones para la protección ambiental, pero que también necesita, al igual que el resto de los países de la región, un apoyo en los procesos para abordar el cambio climático. “Un cambio de matriz energética es un proceso que requiere muchas acciones. Creo que también va a ser la oportunidad para que las comunidades se sientan parte de un escenario internacional”, concluye la experta.

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