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En Alto Mira y Frontera, Nariño, las comunidades completan siete meses denunciando confinamientos en su territorio por parte de las disidencias de las Farc. En esa zona del país se enfrentan el antiguo frente 30 y la Segunda Marquetalia. Ninfa Anchicá, integrante de ese consejo comunitario, asegura que, aunque la guerra se ha exacerbado en los últimos años, se han fortalecido los procesos de liderazgo social. “El consejo comunitario se ha organizado más para ganar gobernabilidad”, señala. Parte de esa organización ha sido fortalecer su sistema de justicia propia.
Anchicá y otros líderes de su región trabajan por el reconocimiento constitucional de la justicia de los pueblos afrocolombianos. A diferencia de la justicia propia indígena, los afros no tienen ese espaldarazo jurídico y, por ende, sus decisiones de condenas o sanciones, a través de su cosmovisión, no son reconocidas por el Estado. Sin embargo, como cuenta Ramiro Rodríguez, asesor jurídico del Consejo Comunitario Mayor (Cocomacia), en el departamento de Chocó (y en muchos otros del país, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca) están avanzando en coordinarse con la justicia ordinaria. “Estamos allanando el camino para que las comunidades indígenas y afros tengan un mecanismo plural”, dice.
Alto Mira y Frontera, territorio ubicado en zona rural de Tumaco, a orillas del río Mira, ha sido la nuez de las más recientes crisis humanitarias en Nariño. De hecho, en 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares que ordenaban proteger a ese consejo comunitario. Meses atrás, la misma Defensoría del Pueblo había advertido sobre riesgos inminentes de desplazamientos, homicidios, reclutamientos, secuestros, entre otros delitos, contra esa población. En su momento, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, señaló que “desde su constitución como comunidad negra los habitantes han sido testigos de los homicidios de sus líderes de juntas de gobierno”.
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En lo que va del año, en Tumaco -incluyendo Alto Mira y Frontera- han sido asesinados cinco líderes sociales. Tres de ellos indígenas, uno afro y otro líder comunal. Y los desplazamientos, por cuenta de actores armados ilegales, se han agudizado por la siembra de artefactos explosivos por parte de grupos de disidencias, que han dejado territorios ancestrales minados. Ninfa Anchicá, como lideresa social, afirma que “lo que más necesitamos es que el Estado haga presencia en nuestros territorios y que podamos de verdad fortalecer nuestra justicia propia, que sea válida para el resto de la sociedad”.
No es un trabajo que estén haciendo solos. Los consejos seccionales de la judicatura de cada departamento, y el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, han sido fundamentales para comenzar la construcción de un protocolo de comunicación y entendimiento. Es decir, para que exista un primer acercamiento entre autoridades étnicas y la justicia ordinaria que les permita, de primera mano, identificar los escenarios en que debe intervenir la Fiscalía, u otros organismos judiciales, y en cuales casos pueden avanzar las autoridades afros a través de la justicia ancestral.
Ese fortalecimiento de la justicia no ha sido únicamente a través de reuniones para facilitar el acercamiento. Hay escenarios en donde esa articulación se ha vuelto una realidad, como en Cauca, donde el pasado 24 de mayo se llevó a cabo en Caloto, Cauca, la primera jornada de justicia móvil de autoridades afros y ordinarias. En ese municipio, según el DANE, el 62,4 % de la población es afro. Luis Alfredo Bonilla Balanta, autoridad del Consejo Comunitario Yarumito, explicó que ese espacio pretendía que las comunidades conocieran las diferentes instancias a las que pueden acudir, en caso de tener un conflicto social. “Hemos venido trabajando en una ruta desde el sistema de justicia ancestral, pero también nos interesa que conozcan la ruta que tiene la justicia ordinaria, porque en el momento en que podamos articular ambas, vamos a poder atender muchas tensiones”, explicó.
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Algunos conflictos frecuentes ocurren entre comunidades afros e indígenas. Diego Fernando Larrahondo, habitante de la vereda Guácimo, en ese municipio, llegó hasta esa jornada móvil para recibir orientación por parte de los mayores, que son las máximas autoridades ancestrales. “Vamos a llegar a un diálogo para solucionar problemas que ni la misma justicia (ordinaria) ha podido resolver en nuestras comunidades”, contó en esa jornada. A ese espacio atendieron el llamado 24 personas más que tuvieron la posibilidad de dirimir sus conflictos, sin que estos escalaran hasta alguna instancia judicial mayor.
La importancia de ese tipo de espacios radica en que son el primer paso para lograr que la justicia afro en Colombia pueda trabajar de la mano con la justicia ordinaria, e incluso con la justicia indígena. El profesor Libardo Ariza, director del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, creó un borrador de protocolo de comunicación entre autoridades, un documento inédito que es el punto de partida. Allí se establece que la jerarquía para resolver un conflicto dentro de un órgano de justicia afro podría empezar por el consejo comunitario local, seguida del consejo comunitario zonal, después vendría la junta directiva del Consejo Mayor y, finalmente, la Asamblea General del Consejo Mayor.
Esa organización jerárquica tiene como finalidad establecer los conductos regulares a través de los cuales se deben escalar los conflictos, según el tipo de delito y la gravedad del mismo. Sin embargo, se plantean también unos no negociables, es decir, faltas que deberán ser juzgadas por la justicia ordinaria, como los homicidios, algunos casos de violencia intrafamiliar, las sucesiones, los delitos sexuales y la violencia de género, las amenazas y otros delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
En ese borrador se establece que para fortalecer la justicia ancestral afrocolombiana es fundamental que las entidades del Estado presten servicios de capacitación, acompañamiento e intercambio de saberes. Esto se haría a través de las casas de justicia, inspecciones de Policía, comisarías de familia, Consejo Seccional de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las personerías, entre otras instancias.
Sobre este tema, el asesor jurídico Ramiro Rodríguez afirmó que es un tema fundamental, en el marco de la política de “paz total”, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro. “La justicia es un elemento primordial para la construcción de paz. En estos casos lo primero que estamos haciendo es generar un clima de confianza para ampliar ese diálogo con autoridades ordinarias de nuestro territorio, como jueces y magistrados. Nosotros hemos avanzado en este trabajo desde 2019, cuando construimos una estrategia de litigio, pero este respaldo también nos lleva a avanzar”, explicó.
Rodríguez lleva la mitad de su vida luchando por los derechos de los pueblos afros, y le dijo a este diario en marzo de este año que es necesario que haya una ruta de consenso que empiece reconociendo a las autoridades territoriales y el camino que han transitado en los últimos años, pidiendo al Estado, justamente, esta articulación. “También es fundamental que reconozcan el andamiaje que han venido construyendo las comunidades, de la mano de las diócesis de Quibdó, Istmina, Tadó y Apartadó”. Para él, la construcción de paz debe arrancar por dejar de desconocer la labor de las comunidades en sus dinámicas territoriales.
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Esas dinámicas se trasladan al departamento del Valle del Cauca, específicamente a Buenaventura, donde en abril de este año se creó una comisión de coordinación entre justicias luego de un encuentro entre jueces ordinarios y autoridades ancestrales como Naka Mandinga, autoridad del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, uno de los mayores más respetados y sabios de esa zona del Pacífico. Desde ese lugar, contó que en su consejo comunitario los delitos más graves, como los que atentan contra los derechos humanos, son castigados con el destierro. “Lo peor que le puede pasar a un integrante nuestro es que nunca más pueda volver a su territorio”, señaló.
A diferencia de los pueblos indígenas, en los que también el destierro es el nivel máximo de sanción, las comunidades afros en Colombia no tienen cárceles, centros de reclusión o penitenciarías propias. “Cuando las personas cometen un delito o falta son castigadas haciendo trabajo social para reparar el daño que hicieron, pero dentro del mismo lugar donde ocurrieron los hechos, porque la privación de la libertad no aporta nada”, explicó Mandinga.
Su modelo de justicia propio está basado en la reparación y restauración del tejido social que irrumpen. Es decir, si una persona comete una falta o delito afectando el ecosistema, por ejemplo, su castigo será reparar el daño que hizo al ecosistema. Uno de sus castigos podría ser sembrar árboles, limpiar el río o dar cátedra sobre la importancia de no afectar el entorno natural. En casos como los de hurtos menores, los ladrones pueden ser castigados con trabajos físicos en pro de la comunidad y, por supuesto, con devolver lo que quitaron. En su cosmovisión, el encarcelamiento no es la mejor ni la única forma de resocializar a una persona.
Algunos de los casos que han llevado hasta las distintas mesas de diálogo, que se han llevado a cabo en al menos tres departamentos del país y que han sido lideradas por el programa Justicia Inclusiva de Usaid. En esos espacios se reúnen autoridades étnicas, jueces, magistrados y algunos representantes de entidades judiciales para dialogar, justamente, sobre la importancia de establecer caminos para trabajar de la mano.
En varios de esos encuentros han hablado de la importancia de tener canales de comunicación más claros y rápidos que puedan acortar los procesos para que la justicia afrocolombiana, por ejemplo, pueda remitir casos a la Fiscalía por delitos graves o crímenes que sobrepasen la competencia de los consejos comunitarios. En Nariño, por ejemplo, ese proceso va más avanzado, porque la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, Mary Genith Viteri, lleva más de cinco años buscando articular el trabajo de jueces y magistrados con la cosmovisión de los pueblos étnicos.
El pasado 30 de mayo, después de una reunión de trabajo, lograron, por lo menos, intercambiar los teléfonos de las autoridades afrocolombianas con los de la justicia ordinaria para tener comunicación fluida sobre casos de crisis humanitaria en los territorios. Después, en cada departamento (Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo) vendrá la socialización del protocolo de comunicación que cada comunidad étnica del país determine. Ese es el paso que sigue, aunque la problemática jurídica siga en pie, como sentenció el mayor Naka Mandinga, en el encuentro de saberes de Buenaventura: “El problema es que mientras el Estado mismo, y la Constitución, no nos reconozcan constitucionalmente como reconocen la autonomía de los indígenas, estos esfuerzos no van a ser suficientes”.