Ya es común escuchar que los colombianos no confían en las instituciones encargadas de impartir justicia. Aunque persisten problemas como la impunidad y el acceso a los operadores judiciales en muchas regiones, con sigilo se ha abierto camino un enfoque para enfrentar estos desafíos: la justicia centrada en las personas; es decir, atender las necesidades de los ciudadanos, promover su participación y, en últimas, garantizar sus derechos. El Espectador lanza esta semana Justicia Inclusiva, una campaña que, desde el periodismo, cubrirá los esfuerzos que ya se hacen en varias regiones del país para llevar esta teoría a la práctica.
(Lea también: Así fue el lanzamiento de Justicia Inclusiva, nueva campaña de El Espectador)
Para ello, el diario se alió con el Programa Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ya lleva un año trabajando alrededor de tres grandes propuestas. En primer lugar, en fortalecer las investigaciones y el enjuiciamiento de los crímenes de alto impacto, como las violencias de género y las agresiones contra líderes sociales. También en acercar la justicia a la gente, fortaleciendo las instancias más próximas a la ciudadanía, como las casas de justicia, impulsando el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y las formas de justicia propia, como la jurisdicción indígena.
Y, finalmente, en ampliar la cultura de la legalidad. Es decir, que los colombianos asumamos la convicción de que podemos tramitar nuestros conflictos en la institucionalidad o en nuestras propias comunidades, sin recurrir a la violencia o, como ocurre en muchas regiones, a los actores armados. De esa manera, el Programa Justicia Inclusiva ya trabaja en nueve departamentos y más de 70 municipios, de la mano de la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades de la rama Judicial, así como de la sociedad civil, para que la justicia escuche y responda a las necesidades de la gente.
(Lea también: En Córdoba, conciliadores se capacitan para atender conflictos de tierras)
Durante el lanzamiento de la campaña en la redacción de El Espectador, Amalia Eraso, lideresa del Equipo de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID, explicó: “La justicia centrada en las personas es un enfoque que promueve el Estado social de derecho porque pone a las personas, sus problemas y sus necesidades, en el centro de los sistemas de justicia, y entiende que ella no es solamente un servicio, sino, sobre todo, un derecho humano”. A renglón seguido, señaló que el programa viene acompañando los esfuerzos de varias instituciones para ampliar el acceso a una justicia eficiente, oportuna y respetuosa de todos los colombianos.
Un ejemplo de estos esfuerzos es la ruta itinerante de la Fiscalía, con apoyo del Programa Justicia Inclusiva, para esclarecer hechos de violencias de género. Durante una semana, esta entidad instala vehículos en las plazas principales de varios municipios en los que reciben denuncias, atienden casos y hacen acompañamiento psicosocial. Al frente de la estrategia está la coordinadora del grupo de género del ente investigador, la fiscal Martha Andrea Romero, quien le explicó a El Espectador que ya han llegado a 28 departamentos con esta iniciativa y en algunos, como La Guajira, han logrado esclarecer el 100 % de los casos que les llegan.
Asimismo, el programa ya ha realizado 177 jornadas de justicia móvil, atendiendo a más de 25.000 personas en regiones a las que no suelen llegar los funcionarios judiciales. Una de las más recientes ocurrió en el corregimiento de El Dos, en Turbo (Antioquia), donde atendieron a 300 personas, junto a entidades estatales. “Se busca que las comunidades de zonas rurales también obtengan información sobre trámites y reciban orientación psicosocial por parte no solo de instituciones estatales, también de organizaciones sociales”, le explicó a este diario Yeimis Paternina, de la fundación Abrigando Sueños, que hizo parte de la iniciativa.
(Le puede interesar: La justicia ancestral afro se tomó Caloto (Cauca) para solucionar sus conflictos)
Incluso han incursionado en hacerlas alrededor de una temática específica. Por ejemplo, el pasado 24 de mayo, se realizó la primera jornada móvil de justicia ancestral afro, en Caloto (Cauca), que orientó a 23 personas sobre los temas que esta justicia propia puede mediar: problemas con linderos, algunos tipos de violencia intrafamiliar o hurtos. Diego Larrahondo, uno de los ciudadanos que participó, contó luego: “Consulté a la justicia ancestral por unas tensiones que tenemos con comunidades indígenas que colindan con nuestra vereda. Vamos a llegar a un diálogo para solucionar problemas que ni la misma justicia (ordinaria) ha podido resolver”.
Además de cubrir esos esfuerzos por acercar la justicia a la gente en un sentido literal, en Justicia Inclusiva vamos a contar las historias de líderes y funcionarios que, desde la ruralidad, se vuelven la expresión más cercana de la justicia. Como la red de conciliadores en equidad del Bajo Cauca, un grupo formado por líderes de Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, que han recibido formación en resolución de conflictos. Además, han logrado que la población civil acuda a ellos para mediar, por ejemplo, en desencuentros entre vecinos, en lugar de acudir a los actores armados presentes en la zona.
(Lea también: Llegó la hora cero para abrir el caso de violencia sexual en la JEP)
La red se formó con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID y de la Universidad Nacional en 2022 y tuvieron su primer gran reto en el paro minero del Bajo Cauca, a comienzos de este año. A pesar de que estaban sitiados, mantenían comunicación sobre las condiciones de seguridad de un municipio y otro, y pudieron continuar ejerciendo su labor en medio de una región paralizada. La experiencia está siendo replicada en otros lugares del país, como Chocó, donde ya hay 42 conciliadores en equidad que están trabajando para replicar sus conocimientos en colegios de la subregión del San Juan.
Allí radica la importancia de contar lo que sucede en los comités locales y departamentales de justicia. En 14 departamentos ya funcionan estas instancias, que, como explicó Amalia Eraso, “impulsan el trabajo coordinado entre la justicia formal, la administrativa, la comunitaria y la étnica, sobre todo en lo local, para estar mucho más cerca de las comunidades”. Además, dijo, “cuentan con la participación activa de la sociedad civil, para que se puedan identificar bien las problemáticas y necesidades de justicia y se atiendan después de manera coordinada para resolver las principales barreras de acceso a la justicia de esa comunidad”.
(Le puede interesar: Los conciliadores que trabajan en red para solucionar conflictos en el Bajo Cauca)
En el comité local de justicia de Puerto Libertador (Córdoba), por ejemplo, se identificó que en un colegio en particular del municipio se venían presentando pleitos entre los estudiantes reiteradamente. Por eso, líderes afros de la zona iniciaron un programa dirigido a formar a jóvenes de la institución en resolución de conflictos. En otros lugares del país, sentar en la misma mesa a la sociedad civil, las autoridades locales y los operadores de justicia ha servido para coordinar a la justicia ordinaria con la jurisdicción indígena, e impulsar casos concretos y sensibles; en últimas, para encontrar soluciones.
Es en esas instancias de participación donde la justicia es llamada a rendir cuentas y la ciudadanía, a exigirlas. Pero no solo desde organizaciones de sociedad civil, porque también hemos registrado ya la importancia de que otros actores, como los empresarios, hagan su parte para garantizar y ampliar el acceso a la justicia, pues, incluso, los beneficia. Un informe publicado recientemente por la Universidad Eafit, con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID, calcula que, cuando una empresa invierte $1.000 en justicia, el retorno de esa inversión oscila entre los $8.100 y $9.660; es decir, pueden octuplicar la inversión.
El estudio identificó que aún hay muchas reservas entre los empresarios para invertir en justicia, como los riesgos reputacionales por los prejuicios hacia el sector justicia, y algunos consideran que al invertir en este sector se estarían entrometiendo en la independencia judicial. Sin embargo, el informe muestra que no hay una sola forma de aportar. Las experiencias recogidas de empresas como EPM, Uniban y muchas otras van desde invertir en infraestructura hasta financiar jornadas de justicia móvil, procesos de formalización para mineros artesanales y formación en derechos humanos para sus empleados, entre otras.
(Lea también: Cuando una empresa invierte en justicia puede octuplicar inversión, dice estudio)
Durante los últimos meses, nuestros lectores se han topado con noticias como la del primer acuerdo que se firmó en el país entre la justicia ordinaria y la justicia ancestral afro para coordinar sus labores. O las historias de una jueza administrativa de Chocó y un magistrado en Medellín que fueron galardonados por incorporar el enfoque de género en su labor. Desde este martes, esas historias saldrán dos veces al mes en nuestra edición impresa y a diario en la sección Justicia Inclusiva de la web de El Espectador, en una ambiciosa apuesta periodística y editorial, que busca impactar de manera positiva la construcción de una justicia para las personas y, en últimas, un país en paz.