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Diego Fernando Larrahondo, un habitante de la vereda Guácimo, en el norte del Cauca, llegó hasta el municipio de Caloto este miércoles 24 de mayo para recibir una guía en justicia. Aunque en el lugar había representantes de la Personería y la secretaría de Gobierno, decidió acudir a los mayores de su consejo comunitario, sus máximas autoridades ancestrales. “Consulté a la justicia ancestral por unas tensiones que tenemos con comunidades indígenas que colindan con nuestra vereda. Vamos a llegar a un diálogo para solucionar problemas que ni la misma justicia (ordinaria) ha podido resolver en nuestras comunidades”, contó el beneficiario.
Como él, unas 23 personas más, pertenecientes a consejos comunitarios afro, participaron de la primera jornada de justicia móvil afrocolombiana que se llevó a cabo este miércoles en Caloto, como una iniciativa que pretendía acercar la justicia a la población del departamento. Luis Alfredo Bonilla Balanta, autoridad del Consejo Comunitario Yarumito, explicó que este espacio pretendía que las comunidades conozcan las diferentes instancias a las que pueden acudir, en caso de tener un conflicto social. “Hemos venido trabajando en una ruta desde el sistema de justicia ancestral, pero también nos interesa que conozcan la ruta que tiene la justicia ordinaria, porque en el momento en que podamos articular ambas, vamos a poder atender muchas tensiones”, dijo.
Algunos de los casos que maneja la justicia ancestral afro son mediaciones comunitarias, problemas con linderos, algunos tipos de violencia intrafamiliar, hurtos de menor cuantía, entre otros. Sin embargo, cuando los delitos o las denuncias implican homicidios, violencias basadas en género, hurtos mayores, amenazas o crímenes relacionados con el conflicto armado, los casos deben ser escalados ante la Policía, la Fiscalía o cualquier otra autoridad ordinaria.
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Aunque las autoridades afrocolombianas no tienen reconocimiento político ante la Constitución como sí lo tienen los pueblos indígenas, varias entidades como algunos consejos seccionales de la judicatura vienen trabajando de la mano de las autoridades étnicas para establecer un protocolo entre los consejos comunitarios y los jueces de la República. En Buenaventura (Valle del Cauca), ese proceso se concretó el pasado 14 de abril, cuando crearon una comisión para establecer mejor comunicación entre ambas justicias.
En los diez municipios del norte del Cauca hay 43 consejos comunitarios afros que están consolidados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Asconc). A través de esta asociación, que logró reconocimiento jurídico en 2013, funciona el sistema de justicia ancestral del departamento, que está conformado por un Tribunal de Ética, la Asamblea General y el Consejo de Mayores.
En voz de Luis Alfredo Bonilla, “la primera instancia en la que se reciben los casos son los consejos comunitarios- Si los casos no son resueltos allí, escalan al Tribunal de Ética y, en última instancia, podrían llegar al Consejo de Mayores, que es donde están las personas más sabias de cada comunidad para aplicar la justicia afrocolombiana”.
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Esas explicaciones sobre las instancias de justicia fueron el centro de la jornada de justicia móvil en uno de los municipios que más ha vivido la guerra en el Cauca. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en esa zona se asentaron disidencias de las Farc como la estructura Jaime Martínez, la columna móvil Dagoberto Ramos, y un grupo reconocido como el Sexto Frente, que se disputan el territorio con la población civil de por medio.
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