Una semana, dos logros. Las demandas de resultados y exigencia de justicia que durante décadas han implorado las mujeres buscadoras en Colombia está, por primera vez, teniendo resultados tangibles. El martes 21 de noviembre, la Comisión Primera del Senado debatió y aprobó el proyecto de ley 242C, que busca el reconocimiento y protección de madres, abuelas, hermanas, hijas y esposas que buscan al menos a 100.000 personas, según contabilizó la Comisión de la Verdad.
Tres días después, al menos 20 miembros de la comunidad internacional se reunieron en el Congreso para manifestar su apoyo a la iniciativa y resaltar la necesidad de los legisladores de aprobar, cuanto antes, este proyecto de ley que traerá justicia a las mujeres que han arriesgado su vida por encontrar la verdad. ¿Cómo va y qué falta para que el proyecto sea aprobado?
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Las mujeres buscadoras han tenido que enfrentar varios obstáculos desde que sus familiares fueron desaparecidos forzosamente. Añadido al dolor y la incertidumbre de no tener pistas sobre el paradero de sus esposos, hijos, padres o hermanos, han arriesgado su vida para encontrarlos. Desde hace más de 30 años hay registros de mujeres que, dedicadas a la búsqueda de algún familiar, sufrieron otros tipos de violencia. Justo como el caso de Fabiola Lalinde, una madre que fue arrestada bajo falsos cargos de narcotráfico mientras buscaba a su hijo Luis Fernando.
De ser aprobado, las mujeres recibirán “protección integral, el reconocimiento de la labor y protección de los derechos como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional” para que casos como el de Lalinde no sigan sucediendo. Diferentes oenegés y entidades como ONU Mujeres, la Cruz Roja, el Fondo Noruego, Brigadas de Paz (PBI) y Caritas, de Alemania, expresaron su apoyo a la iniciativa.
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La iniciativa debe tener el visto bueno en cuatro debates que se dan en el Congreso (dos en Cámara de Representantes y dos en el Senado). Hasta el momento, el texto ha sido aprobado en los tres primeros escalones necesarios y solo tiene pendiente que la plenaria de la cámara alta radique el proyecto y lo discuta. Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, en dialogo con El Espectador, aseguró que posiblemente este último paso necesario en el Legislativo se dé este año, ya que tienen el soporte de varios congresistas, como María José Pizarro, Gloria Flores, Alirio Uribe y Aida Avella, sumado al apoyo de la comunidad internacional.
“La ley nos habla de un proceso social detrás de todas nosotras, de estas protagonistas, pero también de la necesidad de un cambio político en el país que solo podemos impulsar nosotras. Estamos trabajando con el Congreso (...) y por eso vale la pena apoyar esta ley. De aquí en adelante es que se apruebe (sic) el proyecto pero también que se puedan conciliar los textos”, explicó Bautista, que lleva más de dos décadas de activismo para saber qué sucedió con su hermana Nydia Érika, encontrada sin vida en la vía Bogotá- Villavicencio luego de ser detenida por integrantes de la Brigada XX de Inteligencia Militar “Charry Solano” del Ejército Nacional.
El proyecto plantea que se reconozca el papel de las mujeres buscadoras como constructoras de paz debido a los aportes que durante años han brindado a la memoria del conflicto colombiano. La Fundación dirigida por Bautista, por ejemplo, ha entregado informes y hallazgos a la Comisión de la Verdad sobre las cifras de desaparición forzada. La Fundación asegura que el 95 % de quienes buscan a un desaparecido en medio de la guerra son mujeres.
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Frente a esto, ONU Mujeres expresó que la iniciativa “es el resultado de una lucha de derecho y dignidad de las organizaciones. Nos ayuda a plantear las múltiples afectaciones diferenciales de la búsqueda. Las mujeres se enfrentan a riesgos diferenciales debido al continuo de violencias que se enfrentan; pasa por la estigmatización e invisibilización de la búsqueda como estrategia de control y silencio”.
Desde Ginebra, Suiza, el Comité Contra la Desaparición Forzada expresó que apoyará el proyecto en caso de ser aprobado. Según afirmó Carmen Rosa Villa, experta del Comité de la ONU, el proyecto es “un hito histórico por su persistencia. La búsqueda es un camino de esperanza (...) La búsqueda sin justicia es impunidad. La justicia sin búsqueda es inhumanidad”.
Los cancilleres de países que han tenido cicatrices de conflicto armado, como Irlanda del Norte y Chile, que también tuvo un largo historial de desaparición forzada a manos de Augusto Pinochet, resaltaron la importancia del proyecto.
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Forma y fondo
El proyecto es considerado por Yanette Bautista como “único en el mundo”. No lo dice a la ligera, pues en otros países con un largo historial de desaparición como Argentina, Chile, Perú o Uruguay, no existe una ley que proteja el trabajo que las mujeres hacen para encontrar algún vestigio de quienes desaparecieron. En Argentina, por ejemplo, las Abuelas de Plaza de Mayo aún denuncian que su tarea no es ni reconocida ni protegida a pesar de que cada jueves, desde hace 46 años, se reúnen para reclamar pistas sobre sus hijos y nietos.
Bautista le contó a El Espectador en agosto de este año que el trámite ha sido excesivamente lento por parte de los legisladores. Incluso, señala que, durante la agenda de uno de los días que sería debatido el proyecto en la Cámara de Representantes, se antepuso proposición que buscaba “declarar o no la festividad de los Reyes Magos como patrimonio nacional, en lugar de este proyecto”.
Pero todas las instituciones que tienen que ver con este trámite han dado su visto bueno al proyecto. Cuando el Congreso empezó a mover la maquinaria para discutir y aprobar la iniciativa se le pidió conceptos (opiniones y estudios) al Ministerio de Hacienda, de Salud y al Consejo Superior de Política Criminal. Las tres entidades dieron sus criterios positivos para aprobar el proyecto.
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El Consejo Superior de Política Criminal, que evalúa y asesora al Gobierno, aseguró que la iniciativa tenía un respaldo internacional ya que Colombia fue declarado responsable de la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, un líder político que en 1993 desapareció bajo la “lógica del enemigo interno y la lucha antisubversiva” empleada por el Estado, según explicó en su momento la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Hacienda también compartió su concepto frente al proyecto de las mujeres buscadoras. La cartera, que explica por qué un trámite legislativo es viable o no en términos del erario público, y aseguró que “la asignación de recursos se encuentra sometida al principio de legalidad que involucra la incorporación de ingresos y los gastos en el presupuesto”. Es decir, MinHacienda hizo énfasis en que el proyecto, en caso de convertirse en Ley, implicaría unos gastos para el Estado que tienen que ser valorados e incluidos dentro de las cuentas para ejecutarse.
En conclusión, Bautista ve este avance como un logro colectivo, que así describe en sus palabras: “Nace de las entrañas de la lucha de las mujeres por encontrar a sus desaparecidos. Siempre pusimos a los desaparecidos forzados en el centro del escenario y nosotras hemos estado al lado o por debajo. Siempre pedimos justicia y verdad para ellos, visualizamos las desapariciones y capacitamos a las familias sobre sus derechos a la búsqueda, pero no nos habíamos mirado a nosotras”.
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