Minas antipersonales: el largo recorrido de sobrevivientes para obtener justicia
Mientras los esfuerzos se centran en descontaminar más del 40% de municipios que tienen minas antipersonales en Colombia, hay quienes defienden que la justicia debe enfocarse en reparar las vidas truncadas y el estigma que han enfrentado quienes sufrieron estos hechos violentos.
Tomás Tarazona Ramírez
Holmes Fabián Ordoñez ha vivido casi la mitad de su vida con lo que los médicos llaman un “agente externo” adherido a su pierna derecha. Su prótesis, una estructura de metal en forma curva, ha soportado el peso de su cuerpo durante 14 años, mientras trabaja para que ningún otro “paisano” vuelva a experimentar lo que él vivió. En 2010, este hombre estaba a pocos pasos de la casa cural de Guayabal, un corregimiento de San Vicente del Caguán, para continuar su sueño de convertirse en sacerdote. En una de esas zancadas, pisó una mina que causó la amputación de su pierna y el inicio de una lucha para acceder a la justicia.
Tras varios años de ejercer labores de desminado, Holmes aún no conoce quiénes fueron los responsables que ordenaron instalar las minas y causaron su desplazamiento por “haberse dejado ayudar por el Ejército”. Al igual que Holmes, son 12.429 víctimas de estos dispositivos de guerra en Colombia, según el Servicio de Remoción de Minas de las Naciones Unidas (Unmas, por sus siglas en inglés) desde 1990 hasta febrero de 2024. Este 4 de abril se conmemora el Día de la Sensibilización Contra las Minas Antipersonales: una fecha que hace un llamado a los grupos armados a no usar estos artefactos. Además, pone en el centro del debate a las víctimas, como Holmes, quienes piden que se haga justicia en sus casos.
Más información: Por primera vez se estudió el acceso a la justicia en los municipios PDET
El debate sobre estos dispositivos de guerra se ha centrado en los últimos años en desminar más del 40% de los municipios que, según oenegés humanitarias, aún registran alerta de tener estos artefactos sembrados. Por ejemplo, la Unmas aprobó el desembolso de US$6,5 millones para desminar varios municipios. Sin embargo, expertos y víctimas le contaron a El Espectador que hay otras aristas de justicia que aún están pendientes por cumplir.
“Cada mina es un impacto que conlleva sufrimiento (...) El desminado del territorio resuelve solo un pedazo del problema, pero el acceso a la justicia tiene que ver con que las víctimas vean sus derechos restablecidos hasta el final de su rehabilitación”, aseguró Nathalie Ochoa, coordinadora del programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA).
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La verdad minada
“A estas alturas de la vida aún se presentan estigmas para nosotros. Soy el primer interesado en acceder a la verdad y una reparación simbólica. No pude en la justicia ordinaria (que archivó su proceso) y aún guardo una esperanza para que esto se esclarezca en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, le dijo Holmes a este diario.
El avance de verdad para los civiles y militares víctimas de minas antipersonales, asegura Holmes, es casi nulo. Por ejemplo, en 2015, un juzgado de Ibagué emitió la primera condena por uso de minas antipersonales a alias Silencioso, que combatía en el frente 21 de las antiguas FARC. Pero, tanto Holmes como los otros sobrevivientes, no tienen más respuestas sobre lo que sucedió, pues los procesos no avanzan y los fallos están en veremos.
En 2016, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a pagar $780 millones como indemnización por la muerte de un campesino en Tarazá (Antioquia) a causa de una mina. Esta decisión se produjo cuando más del 50% de las víctimas de estos dispositivos son miembros de la fuerza pública. Según Holmes, la esperanza de verdad y de una reparación simbólica depende ahora de la JEP, la cual solo ha acreditado a un grupo de uniformados como víctimas de minas.
“Más allá de lo monetario, para nosotros es importante tener acceso a la verdad y ver quiénes o qué frente fueron los que causaron todo lo que nos ha pasado”, acota Holmes. Por eso, deposita su esperanza en el macrocaso 10 que abrió la JEP y que trata sobre crímenes no amnistiables cometidos por las FARC. Este expediente es considerable porque, según los datos del AICMA, las guerrillas son responsables del 89% de los registros de muertes y mutilaciones por minas en un intento de alejar al Ejército de sus campamentos o proteger los cultivos ilícitos.
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Los otros daños
La Comisión de la Verdad encontró otro punto “preocupante” que atañe a los sobrevivientes de minas: el acceso al sistema de salud y el tratamiento de las afectaciones a la salud mental. Según la Unmas, el 99% de estas violencias se han detonado en zonas rurales, usualmente vulnerables, por lo que acceder a atención psicológica y primeros auxilios es un reto, ya que la ubicación de las minas suele estar en zonas alejadas de los centros médicos y la cabecera municipal.
Los registros muestran que casi la mitad de las víctimas son civiles (pescadores, campesinos, obreros o estudiantes) que han visto obstaculizada la atención médica y psicosocial por barreras geográficas y de salud. Así sucedió con Holmes, que, prácticamente inconsciente, tuvo que esperar durante horas para ser trasladado a un centro hospitalario en Florencia (Caquetá) que pudiera atenderlo.
Luz Dary Landázuri, sobreviviente de mina antipersonal en Tumaco (Nariño), explica que el verdadero reto en acceder a justicia está en que se reconozca los límites de la atención del Estado. “Es vital que haya una reparación integral, porque no podemos desconocer la dificultad de un campesino que luego de pisar una mina no pueda acceder a asistencia médica, psicológica o tener una silla de ruedas”, aseguró a este diario.
En pocas palabras, quienes pisan una mina no solo entran en el universo de víctimas del conflicto; también al de la discapacidad, pues hay registros de amputaciones, pérdida visual, auditiva e incluso cerebral. De acuerdo con los datos de AICMA, casi un tercio de las víctimas son niños. Es decir que si un menor de edad, por ejemplo, es amputado, tiene que usar varias prótesis a lo largo de su vida que se ajuste a su proceso de crecimiento y enfrentarse al pedido de salud durante varios años para poder volver a movilizarse.
Luis Carlos Rosero, psicólogo que ha asistido a decenas de sobrevivientes, explica que quienes sufren este flagelo pueden presentar patologías de ansiedad, depresión o estrés postraumático; no sin dejar atrás el síndrome de miembro amputado, en el que las víctimas olvidan por un instante que un brazo o pierna ya no está y aseguran sentirlo.
Según Humanity & Inclusion, una organización que brinda apoyo a sobrevivientes de artefactos explosivos, lo difícil de acceder a la justicia es poder recibir la asistencia médica necesaria, pues de acuerdo con Johan Rodríguez, asesor jurídico de la oenegé, los civiles víctimas de minas son personas en condición de vulnerabilidad que, en muchos casos, desconocen los caminos jurídicos para acceder a la justicia y no tienen cómo costear los procedimientos.
El panorama, según la Unmas, tampoco es el más claro, pues, asegura que probablemente no se pueda cumplir la meta de una Colombia libre de minas para 2025. Las víctimas señalan que la discusión por su salud mental y física, aparte del componente de desminar el territorio, debe empezar a hacer parte de la conversación para lograr una verdadera justicia. A fin de cuentas, quienes sobrevivieron a las minas aprovechan este día para recordar que lo que sucedió no fue un “accidente”, sino un atentado.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Holmes Fabián Ordoñez ha vivido casi la mitad de su vida con lo que los médicos llaman un “agente externo” adherido a su pierna derecha. Su prótesis, una estructura de metal en forma curva, ha soportado el peso de su cuerpo durante 14 años, mientras trabaja para que ningún otro “paisano” vuelva a experimentar lo que él vivió. En 2010, este hombre estaba a pocos pasos de la casa cural de Guayabal, un corregimiento de San Vicente del Caguán, para continuar su sueño de convertirse en sacerdote. En una de esas zancadas, pisó una mina que causó la amputación de su pierna y el inicio de una lucha para acceder a la justicia.
Tras varios años de ejercer labores de desminado, Holmes aún no conoce quiénes fueron los responsables que ordenaron instalar las minas y causaron su desplazamiento por “haberse dejado ayudar por el Ejército”. Al igual que Holmes, son 12.429 víctimas de estos dispositivos de guerra en Colombia, según el Servicio de Remoción de Minas de las Naciones Unidas (Unmas, por sus siglas en inglés) desde 1990 hasta febrero de 2024. Este 4 de abril se conmemora el Día de la Sensibilización Contra las Minas Antipersonales: una fecha que hace un llamado a los grupos armados a no usar estos artefactos. Además, pone en el centro del debate a las víctimas, como Holmes, quienes piden que se haga justicia en sus casos.
Más información: Por primera vez se estudió el acceso a la justicia en los municipios PDET
El debate sobre estos dispositivos de guerra se ha centrado en los últimos años en desminar más del 40% de los municipios que, según oenegés humanitarias, aún registran alerta de tener estos artefactos sembrados. Por ejemplo, la Unmas aprobó el desembolso de US$6,5 millones para desminar varios municipios. Sin embargo, expertos y víctimas le contaron a El Espectador que hay otras aristas de justicia que aún están pendientes por cumplir.
“Cada mina es un impacto que conlleva sufrimiento (...) El desminado del territorio resuelve solo un pedazo del problema, pero el acceso a la justicia tiene que ver con que las víctimas vean sus derechos restablecidos hasta el final de su rehabilitación”, aseguró Nathalie Ochoa, coordinadora del programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA).
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La verdad minada
“A estas alturas de la vida aún se presentan estigmas para nosotros. Soy el primer interesado en acceder a la verdad y una reparación simbólica. No pude en la justicia ordinaria (que archivó su proceso) y aún guardo una esperanza para que esto se esclarezca en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, le dijo Holmes a este diario.
El avance de verdad para los civiles y militares víctimas de minas antipersonales, asegura Holmes, es casi nulo. Por ejemplo, en 2015, un juzgado de Ibagué emitió la primera condena por uso de minas antipersonales a alias Silencioso, que combatía en el frente 21 de las antiguas FARC. Pero, tanto Holmes como los otros sobrevivientes, no tienen más respuestas sobre lo que sucedió, pues los procesos no avanzan y los fallos están en veremos.
En 2016, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a pagar $780 millones como indemnización por la muerte de un campesino en Tarazá (Antioquia) a causa de una mina. Esta decisión se produjo cuando más del 50% de las víctimas de estos dispositivos son miembros de la fuerza pública. Según Holmes, la esperanza de verdad y de una reparación simbólica depende ahora de la JEP, la cual solo ha acreditado a un grupo de uniformados como víctimas de minas.
“Más allá de lo monetario, para nosotros es importante tener acceso a la verdad y ver quiénes o qué frente fueron los que causaron todo lo que nos ha pasado”, acota Holmes. Por eso, deposita su esperanza en el macrocaso 10 que abrió la JEP y que trata sobre crímenes no amnistiables cometidos por las FARC. Este expediente es considerable porque, según los datos del AICMA, las guerrillas son responsables del 89% de los registros de muertes y mutilaciones por minas en un intento de alejar al Ejército de sus campamentos o proteger los cultivos ilícitos.
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Los otros daños
La Comisión de la Verdad encontró otro punto “preocupante” que atañe a los sobrevivientes de minas: el acceso al sistema de salud y el tratamiento de las afectaciones a la salud mental. Según la Unmas, el 99% de estas violencias se han detonado en zonas rurales, usualmente vulnerables, por lo que acceder a atención psicológica y primeros auxilios es un reto, ya que la ubicación de las minas suele estar en zonas alejadas de los centros médicos y la cabecera municipal.
Los registros muestran que casi la mitad de las víctimas son civiles (pescadores, campesinos, obreros o estudiantes) que han visto obstaculizada la atención médica y psicosocial por barreras geográficas y de salud. Así sucedió con Holmes, que, prácticamente inconsciente, tuvo que esperar durante horas para ser trasladado a un centro hospitalario en Florencia (Caquetá) que pudiera atenderlo.
Luz Dary Landázuri, sobreviviente de mina antipersonal en Tumaco (Nariño), explica que el verdadero reto en acceder a justicia está en que se reconozca los límites de la atención del Estado. “Es vital que haya una reparación integral, porque no podemos desconocer la dificultad de un campesino que luego de pisar una mina no pueda acceder a asistencia médica, psicológica o tener una silla de ruedas”, aseguró a este diario.
En pocas palabras, quienes pisan una mina no solo entran en el universo de víctimas del conflicto; también al de la discapacidad, pues hay registros de amputaciones, pérdida visual, auditiva e incluso cerebral. De acuerdo con los datos de AICMA, casi un tercio de las víctimas son niños. Es decir que si un menor de edad, por ejemplo, es amputado, tiene que usar varias prótesis a lo largo de su vida que se ajuste a su proceso de crecimiento y enfrentarse al pedido de salud durante varios años para poder volver a movilizarse.
Luis Carlos Rosero, psicólogo que ha asistido a decenas de sobrevivientes, explica que quienes sufren este flagelo pueden presentar patologías de ansiedad, depresión o estrés postraumático; no sin dejar atrás el síndrome de miembro amputado, en el que las víctimas olvidan por un instante que un brazo o pierna ya no está y aseguran sentirlo.
Según Humanity & Inclusion, una organización que brinda apoyo a sobrevivientes de artefactos explosivos, lo difícil de acceder a la justicia es poder recibir la asistencia médica necesaria, pues de acuerdo con Johan Rodríguez, asesor jurídico de la oenegé, los civiles víctimas de minas son personas en condición de vulnerabilidad que, en muchos casos, desconocen los caminos jurídicos para acceder a la justicia y no tienen cómo costear los procedimientos.
El panorama, según la Unmas, tampoco es el más claro, pues, asegura que probablemente no se pueda cumplir la meta de una Colombia libre de minas para 2025. Las víctimas señalan que la discusión por su salud mental y física, aparte del componente de desminar el territorio, debe empezar a hacer parte de la conversación para lograr una verdadera justicia. A fin de cuentas, quienes sobrevivieron a las minas aprovechan este día para recordar que lo que sucedió no fue un “accidente”, sino un atentado.
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