La última semana de este año cierra con noticias positivas para las personas en condición de discapacidad. A través de la resolución 2210 de 2023, el Ministerio de Justicia hizo oficial la entrega de casi $300 millones destinados para que esta población pueda organizarse y velar por sus derechos e inclusión.
El dinero será girado desde las arcas del Estado, exactamente de Minjusticia, a la Alianza Coordinadora de Organizaciones Nacionales que Representan a las Personas con Discapacidad: un grupo de colectivos que representan y velan por los derechos de ciegos, sordos, población con síndrome de Down, entre otras. Ese capital podrá ser utilizado para garantizar y luchar por los derechos de inclusión y no discriminación de esta población en Colombia, es decir, mejorar su acceso a la salud, la educación, el trabajo o cultura.
El dinero será utilizado para contratar un grupo de personas que se encarguen de recopilar y contrastar información sobre la discapacidad y las políticas estatales frente a estas personas, explicó a El Espectador un experto cercano al proceso. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud, en un caso hipotético, asegura que cumplió con su tarea de contratar a 100 personas en condición de discapacidad, la tarea de la Alianza será contrastar esta información y exigir que se incluya a ciegos, sordos, personas con síndrome de Down en el Estado y en la sociedad.
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“El recurso sirve para hacer veeduría, control y monitoreo a las acciones del Estado. Si el Estado dice ´nosotros hemos contratado 12.000 personas con discapacidad en las entidades públicas´, porque están obligados a esa contratación, nosotros vamos a consultar las entidades y contrastamos los números con la vida real. Debemos ver qué pasa en las entidades públicas no reportan contratación de personas con discapacidad o si la reportan. Además de pedirle a las entidades públicas a hacer un contraste”, explicó un miembro de la Alianza.
“Vamos a contratar un director y dos personas técnicas (...) somos el puente de esa plata (que entregó el Ministerio de Justicia) y de lograr que la sociedad civil discapacitada sea involucrada en las conversaciones que tiene que ver con su inclusión y derechos. Vamos a tener que hacer comité de educación, de empleo, y de todos los campos para ver cómo van las cosas en cada una de las líneas y poder contar con organizaciones de discapacitados de otras ciudades. Nuestra tarea más grande es que como Alianza coordinadora logremos la participación de la sociedad civil de las siete discapacidades sea lo más equitativa posible”, explicó una fuente cercana al proceso a este diario.
La Alianza se constituyó legalmente en septiembre de 2023 como una organización sin ánimo de lucro para “promover, proteger y supervisar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” en el país. Entre sus integrantes están expertos, voceros de la población discapacitada y apoyo de miembros de la Defensoría, Procuraduría y Contraloría para que los casi tres millones de personas con discapacidad puedan acceder a inclusión y proteger sus derechos.
La constitución de la Alianza fue otro logro que la población con discapacidad alcanzó este año. Dean Lermer, presidente de Conalivi, organización que representa y vela por los derechos de los ciegos, explicó: “Es la oportunidad de contar con un mecanismo que nos permite trabajar de forma ordenada y procesar información valiosa para el Gobierno y la sociedad en general. Vamos a producir documentos que van a impactar la política pública, el desarrollo legislativo y los planes de los gobiernos. Necesitábamos un Gobierno con un gran compromiso en derechos humanos; necesitábamos un ministro de Justicia y un equipo de trabajo completamente decidido a que esto se resolviera ya y lo hemos logrado”.
Tanto las reuniones, como los pactos y ayuda logística, los brindó el programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
La entrega de los recursos es considerada como un paso más hacia la inclusión y justicia social que hace años esta población pide. En 2013, Colombia ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad: este acuerdo obliga al Estado a eliminar barreras que discriminan laboral, educativa y culturalmente a esta población. La convención, aprobada como Ley Estatutaria por el Congreso, obliga al Estado y sus instituciones a “reformar todas las leyes, normas y políticas a través de las cuales se discrimine a las personas con discapacidad”, según explicó el Ministerio de Salud en aquel momento.
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Hace un mes, por ejemplo, la Corte Constitucional falló a favor de un joven de 15 años que presentaba discapacidad, aunque no sabía leer y escribir, cursaba grado sexto en un colegio. A través de una tutela, el padre del adolescente reclamaba que era poca la oferta de instituciones educativas para acompañar el proceso de su hijo. En el fallo, la Corte reconoció que el Estado aún tiene dificultades para crear y verificar la inclusión a la población discapacitada. Además, aseguró que aún existen “barreras físicas, actitudinales y comunicativas (...) que impiden la garantía plena del derecho a la educación” para estas personas.
Pero no son las únicas barreras que enfrentan estas personas. En Bogotá, la Secretaría de Movilidad reconoció que existen barreras físicas, como rampas, ascensores o escalones que impiden a quienes tienen una discapacidad física a transitar por espacios públicos. Por esa razón se hicieron “cerca de 3.000 adecuaciones de infraestructura física de paraderos en términos de accesibilidad, con módulos braille, zonas de espera adecuadas y mobiliario”, explicó esa entidad.
Por ejemplo, los ministerios debían hacer políticas de inclusión y acción afirmativa para reducir la brecha. Pero una década después de ratificar la ley, los colectivos de población con discapacidad denuncian que, hasta ahora, se ha dado un poco cumplimiento para superar esas barreras.
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