Recomendaciones de la CEV, entre avances tímidos y muchos logros en el Congreso

Primer informe de seguimiento a recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Foto: El Espectador - José Vargas

Hablar y debatir sobre las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en el Congreso no ha sido una prioridad. Un estudio realizado por la Universidad de Los Andes y Congreso Visible explica que, tras un año de funciones legislativas, poco más del 10 % de las sugerencias de la Comisión han sido debatidas y votadas en este organismo.

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Laura Wills, politóloga que dirigió el análisis, en entrevista con El Espectador, asegura que el Congreso, más allá de legislar, tiene responsabilidad para hablar de las recomendaciones de esa delegación como un “bien público” y ponerlas sobre la mesa para que sean discutidas.

El estudio de Los Andes señala ambivalencias: hay avances, pero en contraparte existen demoras y poca voluntad política para debatir las recomendaciones de la CEV. ¿Qué significan estos resultados?

Estos resultados pueden significar que para el actual Congreso no ha sido prioritaria la agenda relacionada con las recomendaciones, como tampoco lo ha sido para el Gobierno que se ha centrado en propuestas de reformas estructurales de carácter económico y social. Algunas de las iniciativas que pasan por el Congreso, aunque no se refieran explícitamente a los temas de las recomendaciones, lo atraviesan de diferentes maneras. Creo que tenemos que ser cautos con el análisis.

¿Qué función debe tomar el Congreso frente a las recomendaciones de la CEV? ¿Los ha cumplido?

El congreso no se ha apropiado del informe final de la comisión, y de las recomendaciones que de éste se derivan. Hace falta mucho trabajo de reconocimiento de lo planteado, y de reflexión en torno a lo que la institución puede hacer. Es posible que el Congreso avance en temas que están allí planteados, pero siempre es clara la conexión con las recomendaciones.

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El Congreso debe legislar leyes, hacer control político a ministros y otros funcionarios del gobierno. Pero también debe poner temas de interés público sobre la mesa, agregando los intereses de la población: hacer transparentes las decisiones que se toman en debates clave...

El estudio señala que cuando se habla o menciona una ley o debate relacionado con las recomendaciones de la CEV se le da otro manejo legislativo que cuando no lo tiene. ¿Cómo se explica esto?

Las recomendaciones no son bienvenidas para algunos sectores de la población, en parte, por el proceso de paz que las antecede (proceso de paz; acuerdo final). La polarización que se produjo en torno a ese proceso, ha generado parálisis o al menos lentitud en los procesos que deben conducirse para lograr la implementación tanto del acuerdo como de las recomendaciones de la CEV.

¿Cómo repercuten las conclusiones a víctimas, actores políticos o el resto de la población?

Es muy importante hacer estos balances y presentarlos públicamente. Es deseable que los congresistas y otros actores políticos (como agentes del gobierno) los conozcan y los reconozcan como documentos que responden a bienes públicos que están diseñados para avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera. La ausencia de políticas encaminadas a ello retrasa ese resultado.

Desde la Comisión de la Verdad se insistió en que no hay una vinculación jurídica con las recomendaciones, es decir que las instituciones no están obligadas a ejecutarlas. ¿Si ha habido vinculación en el plano ético o moral?

Han sido parcialmente vinculantes en esos planos. Hace falta generar mayor conciencia frente a lo que quedó allí plasmado.

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La Comisión de la Verdad explica que hay recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. Las sugerencias a corto plazo ya deberían estar realizadas para este momento. ¿Qué decir sobre estas recomendaciones?

El balance se centra en lo que el Congreso hizo en su primer año legislativo (corto plazo). Como queda sugerido, son pocos los avances logrados, si bien algunas cosas se han hecho. Es necesario seguir adelante en los esfuerzos por legislar a favor de las recomendaciones, cuando esto sea necesario para avanzar en la implementación (no toda recomendación requiere leyes.. muchas se pueden hacer desde otros lugares).

Hay legisladores que aún muestran esperanzas frente a los avances que puede hacer el Congreso, como el caso de James Mosquera, que accedió a las curules de paz luego del Acuerdo. ¿Qué avances ha habido para la comunidad y ciudadanos como Mosquera?

Creo que hay que ver también la minucia de lo que ocurre en los territorios. Hay logros indudables, como lo ha sido la representación de las víctimas por parte de organizaciones de la sociedad civil de los territorios más afectados por el conflicto. Eso no se puede desconocer. Hay que mostrarlo más. Hacer más bombo sobre lo que estas curules están haciendo, que es mucho, y muchas cosas relacionadas con el Acuerdo de Paz y con las recomendaciones de la CEV.

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¿Qué expectativas ofrece este informe a futuro? ¿En los próximos períodos legislativos puede modificarse esta situación?

Será necesario hacer mayor control ciudadano; también será importante que los delegados que hacen seguimiento generen espacios de diálogo con los congresistas; que los congresistas se apropien de las recomendaciones. Son un bien público, un bien estatal, no es una política gubernamental.

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