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La tenencia responsable de animales domésticos en Colombia atraviesa una nueva etapa. A partir de 2026, las autoridades reforzarán los controles y exigencias para los propietarios de perros clasificados como de manejo especial, en un contexto marcado por el reconocimiento jurídico de las mascotas como integrantes de la llamada “familia multiespecie” y por el fortalecimiento de la responsabilidad civil de sus cuidadores.
El marco normativo se sustenta en la Ley 1774 de 2016 y en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, normas que sentaron las bases para la protección del bienestar animal y la seguridad pública.
A este desarrollo se sumó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá en 2023, que reconoció de manera expresa a los animales de compañía como parte del núcleo familiar, lo que impulsó una interpretación más estricta de los deberes de los dueños.
En ese escenario, las autoridades reiteraron que los perros que hayan protagonizado episodios de agresión, o que hayan sido entrenados para ataque y defensa, deben cumplir condiciones especiales para transitar por espacios públicos y zonas comunes.
El requisito central es el Registro en el Censo de Perros de Manejo Especial, un trámite obligatorio que permite a las alcaldías ejercer control preventivo y reducir riesgos para la comunidad.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas significativas. Para 2026, las multas alcanzan hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a más de 933.000 pesos.
En casos de reincidencia o si ocurre un ataque sin que el animal esté debidamente registrado, las autoridades pueden ordenar el decomiso del perro y su traslado a un centro oficial de bienestar.
El proceso de registro es gratuito y se realiza ante la alcaldía local o distrital, generalmente a través de plataformas virtuales. El propietario debe presentar copia de su cédula, una solicitud con los datos del animal, una fotografía reciente, carné de vacunación actualizado, certificado de sanidad y una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El trámite suele tardar alrededor de 15 días hábiles y la respuesta se notifica por correo electrónico.
La póliza de responsabilidad civil es uno de los requisitos más relevantes. Su finalidad es cubrir los daños que el animal pueda causar a terceros, ya sea a personas, otros animales o bienes materiales.
Desde 2026, portar tanto el carné de registro como esta póliza será obligatorio, y su ausencia dará lugar a sanciones inmediatas.
Las medidas aplican especialmente a razas como American Staffordshire Terrier, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Bullmastiff, Tosa Japonés y Dóberman, así como a sus cruces o a ejemplares con antecedentes de agresividad.
Además, se reforzarán los controles en parques, zonas comunes y espacios de recreación, donde será obligatorio el uso de bozal y traílla según la regulación vigente.
A estas disposiciones se suma la Ley 2480 de 2025, conocida como Ley Kiara, que amplió las exigencias a los servicios para mascotas y a la propiedad horizontal. En ese marco, conjuntos residenciales y prestadores de servicios podrán exigir la documentación completa y reportar incumplimientos ante las autoridades competentes.
Más allá de las sanciones, las autoridades insisten en que estas medidas no deben entenderse como un trámite meramente burocrático.
El objetivo es consolidar una convivencia segura y responsable, acorde con la evolución legal que reconoce a los animales de compañía como parte integral de la vida familiar y social, y que exige a sus cuidadores asumir un compromiso ético y jurídico con su bienestar y con la seguridad colectiva.
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