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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió una resolución que redefine las condiciones laborales de los perros empleados en servicios de seguridad privada en el país. La medida establece jornadas máximas de entre seis y ocho horas diarias, según el tipo de labor desempeñada, y exige a las empresas cumplir con estrictos estándares de salud, descanso y supervisión veterinaria.
El superintendente Larry Álvarez explicó que la decisión busca garantizar el bienestar de los animales y evitar prácticas de adiestramiento que impliquen sufrimiento.
“Son animales sintientes, y en el ejercicio de las actividades de vigilancia es necesario asegurar las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, señaló en diálogo con Blu Radio.
De acuerdo con la nueva reglamentación, los caninos especializados en detección de narcóticos o explosivos podrán trabajar hasta seis horas al día, mientras que los entrenados en defensa controlada o acompañamiento de vigilancia tendrán un límite de ocho.
Además, cada empresa deberá renovar anualmente la autorización para operar con perros, presentando certificaciones de salud, entrenamiento y aptitud operativa.
La normativa también obliga a contratar pólizas de responsabilidad civil, mantener convenios con clínicas veterinarias disponibles las 24 horas y aplicar protocolos de bioseguridad que contemplen control sanitario, alimentación adecuada y transporte seguro.
La resolución da cumplimiento a la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, aprobada por el Congreso en honor a un perro de seguridad víctima de maltrato en 2022. Esta ley promueve el bienestar animal y la dignificación de las condiciones de trabajo y retiro de los caninos utilizados en el sector.
El caso que motivó la expedición de la norma fue la muerte de Limonar, un perro hallado sin vida en 2023 durante una inspección en la zona de Fontibón, cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Inicialmente se atribuyó el hecho a un ahorcamiento accidental, pero luego se comprobó que la causa fue asfixia. El suceso evidenció la falta de regulación y la necesidad urgente de proteger a estos animales.
Álvarez destacó que la meta a largo plazo es avanzar hacia la sustitución tecnológica de los perros en tareas de vigilancia privada. “El fin último es que, en algún momento, estos caninos sean reemplazados por tecnología. Mientras eso sucede, necesitamos que las condiciones actuales sean las mínimas y dignas para ellos”, puntualizó.
La Superintendencia aclaró que la resolución aplica exclusivamente a empresas privadas de seguridad y no afecta a los perros pertenecientes a la Policía o al Ejército, que cuentan con programas propios de bienestar y entrenamiento.
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