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La muerte de Orelha, un perro que durante años fue cuidado por vecinos de una playa en Florianópolis, en el sur de Brasil, provocó una ola de indignación que cruzó fronteras y reavivó en ese país y también en la región, el debate sobre el maltrato animal, la responsabilidad penal de los menores y la impunidad asociada al poder económico.
El fin de semana, miles de personas se movilizaron en distintas ciudades brasileñas bajo la consigna “Justiça por Orelha”. En São Paulo, una de las concentraciones más concurridas, la marcha recorrió la avenida Paulista, escenario habitual de protestas, con pancartas que reclamaban sanciones más severas y denunciaban que la violencia contra los animales sigue siendo tratada como un delito menor.
Orelha vivía en los alrededores de Praia Brava, una zona turística y de alto poder adquisitivo. No tenía propietario, pero era alimentado, protegido y atendido por la comunidad, una figura similar a la de los perros comunitarios que existen en varias ciudades colombianas, especialmente en barrios y zonas rurales. Su presencia era habitual en la playa y en eventos locales, lo que contribuyó a que el ataque causara una reacción emocional masiva.
A comienzos de mes, el animal fue brutalmente golpeado y murió poco después en una clínica veterinaria a causa de la gravedad de las heridas. La Policía Civil investiga a tres adolescentes como presuntos responsables. Además, familiares de dos de ellos fueron imputados por presunta coacción a un testigo. Las autoridades descartaron versiones difundidas en redes sociales sobre la existencia de videos del ataque o la relación del hecho con desafíos virales.
La conmoción pública se intensificó al conocerse que los sospechosos pertenecen a familias influyentes de la ciudad, lo que ha alimentado temores de impunidad. Parte de la indignación se expresó cuando se supo que dos de los adolescentes viajaron a Estados Unidos tras los hechos, en un viaje escolar, mientras avanzaba la investigación.
El caso ha sido aprovechado por sectores políticos para reabrir discusiones de fondo. En Brasil, algunos grupos impulsan la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, un debate que guarda paralelos con discusiones recurrentes en Colombia tras casos de violencia cometidos por menores. Organizaciones animalistas, por su parte, exigen penas más duras y una aplicación efectiva de la ley.
En Brasil, el maltrato a perros y gatos puede ser castigado con penas de hasta cinco años de prisión, aunque estas no aplican a menores de edad, quienes solo pueden recibir medidas socioeducativas.
En Colombia, la Ley Ángel (1774 de 2016) reconoce a los animales como seres sintientes y contempla sanciones penales por maltrato, pero defensores de los derechos animales advierten que la impunidad y la falta de condenas efectivas siguen siendo un problema estructural.
Las marchas también reflejaron una transformación cultural compartida en América Latina: la creciente humanización de las mascotas. Brasil, con más de 160 millones de animales domésticos, cuenta con hospitales veterinarios públicos y una industria en expansión; Colombia sigue una tendencia similar, con mayor atención institucional, aunque con brechas significativas entre ciudades y regiones.
Más allá del caso concreto, la muerte de Orelha se ha convertido en un símbolo de una discusión más amplia sobre violencia, desigualdad y justicia. Como ocurrió en Brasil con otros episodios de gran impacto social, la indignación colectiva vuelve a poner en el centro una pregunta que también resuena en Colombia: hasta qué punto las leyes existentes son suficientes cuando el agresor es menor de edad y pertenece a un entorno de privilegio.
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