Los matrimonios forzados, en los que niñas menores de 18 años terminan atadas a hombres mayores de edad contra su voluntad, son el reflejo de problemáticas profundas que prevalecen en América Latina, como la violencia en los hogares, la falta de educación y la pobreza. Según Unicef, la región alberga a una de cada diez niñas y mujeres obligadas a casarse en el mundo.
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Según Plan International, a pesar de los esfuerzos de los países por afrontar esta situación, la región mantiene cuatro grandes retos para lograr sus objetivos de reducir dicha problemática: garantizar la protección de las niñas, actualizar y aplicar las leyes, promover el acceso a la educación como espacio de protección y contar con datos oficiales y actualizados.
Para cumplir con el primer reto, el de garantizar la protección de las niñas, se deben crear mecanismos para que terminen la escuela, ampliar los espacios de seguridad, incluir medidas que aborden la pobreza, brindar incentivos económicos que impulsen los esfuerzos para eliminar los matrimonios y las uniones infantiles forzadas, brindar a padres y madres habilidades e información para proteger a sus hijos e hijas, y permitir el acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
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Además, la organización internacional indica que existe una necesidad por actualizar y aplicar leyes específicas para atacar la problemática, pues hay casos en los que la ley aún admite situaciones en las que los padres, madres, tutores, jueces o juezas permiten el matrimonio antes de los 18 años.
“Muchos códigos civiles han cambiado, y aunque se han hecho progresos, se dan dos situaciones: por un lado, aunque faltan datos, todo apunta a que el principal problema son las uniones informales; por otro lado, aun cuando la edad legal de matrimonio son los 18 años, la normalización de esta situación en diferentes sociedades provoca que se sigan celebrando matrimonios aún por debajo de esa edad como parte de las costumbres el país o territorio”, afirma Débora Cóbar, directora de Plan International para América Latina y El Caribe.
Sin embargo, la cuestión va más allá e implica un trabajo desde la educación, pues el cierre prolongado de las escuelas en algunas regiones y comunidades ha alejado a las niñas no solo del aprendizaje sino también de los espacios de protección.
“No se trata solo de la protección que ofrecen los espacios físicos, sino todo lo que implica para ellas la formación, el aprendizaje y el empoderamiento para convertirse en mujeres autónomas y no dependientes de un matrimonio o una unión forzada o no deseada”, explicó Débora Cóbar.
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Ante la falta de datos oficiales y actualizados, Plan International afirma que es necesario mejorar los mecanismos de identificación de las uniones forzadas, así como priorizar una mejor desagregación de la información, no solo por sexo y edad, sino por territorio, ayudando a un mejor proceso de toma de decisiones.
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