En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha asediado el proceso electoral en Estados Unidos, sembrando dudas sobre la transparencia de las autoridades estatales para llevar a cabo los comicios. Ahora, estaría a punto de dar su golpe más certero de cara a las elecciones de medio término de noviembre, según reveló una exclusiva de The Washington Post.
Un grupo de activistas aliados a la Casa Blanca han circulado un borrador de una orden ejecutiva de 17 páginas con la que se busca otorgarle a Trump poderes extraordinarios sobre los procesos de votación en Estados Unidos, según examinó el diario estadounidense.
La Casa Blanca utiliza las alegaciones de una supuesta interferencia de China en las elecciones de 2020 como base legal para declarar una emergencia nacional, lo que permitiría al mandatario imponer medidas como la prohibición del voto por correo y el uso de máquinas de votación en las próximas elecciones de mitad de periodo, elementos que facilitan el voto para millones de personas.
El plan surge en un momento de alta tensión legislativa. Trump está presionando a los republicanos para aprobar la denominada Ley SAVE, que busca exigir pruebas de ciudadanía para votar. Ante el bloqueo de la iniciativa en el Senado, el presidente ha sugerido que actuará de manera unilateral.
Según el Post, el abogado Peter Ticktin, excompañero de Trump y promotor del borrador, sostiene que, aunque los estados controlan las elecciones, una amenaza extranjera cambia el panorama.
“Eso provoca una emergencia nacional donde el presidente tiene que ser capaz de lidiar con ello”, dice Ticktin, quien ha hecho parte de las batallas legales de Trump contra los demócratas.
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El argumento de la “intervención extranjera”: ¿qué base tiene?
La estrategia se apoya en una narrativa de seguridad nacional liderada por figuras como la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien encabeza una revisión sobre la influencia externa en los comicios.
Sin embargo, los antecedentes contradicen la premisa del borrador. Una revisión de inteligencia de 2021 concluyó que, si bien China consideró influir en las elecciones, no concretó tales esfuerzos.
A pesar de esto, los impulsores de la medida confían en la autoridad del comandante en jefe. Jerome Corsi, uno de los activistas de derecha que ha circulado el borrador, declaró a The Washington Post que “si hubiera una intrusión extranjera demostrable, eso sería una emergencia de seguridad nacional y la orden podría emitirse bajo sus poderes como comandante en jefe”.
Un desafío constitucional sin precedentes
La implementación de esta orden enfrentaría obstáculos legales inmediatos. El Artículo I, Sección 4, de la Constitución otorga la regulación de las elecciones a las legislaturas estatales y al Congreso, excluyendo explícitamente al Ejecutivo.
De hecho, esfuerzos previos de Trump por exigir pruebas de ciudadanía mediante órdenes ejecutivas ya han sido bloqueados parcialmente por tribunales en cinco casos distintos.
La oposición política y la opinión pública también muestran resistencia. El senador Mark R. Warner calificó la estrategia como un “complot para interferir con la voluntad de los votantes”.
Por su parte, datos de una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos revelan el escepticismo ciudadano: el 54 % de los adultos estadounidenses se oponen a que el gobierno federal tome el control de la administración electoral. Solo un 23 % respalda la idea.
La incertidumbre de la próxima acción de Trump crece, pues él mismo ha generado expectativa recientemente en sus redes sociales al decir que presentará un argumento legal “irrefutable” sobre por qué debe caer el control electoral sobre el gobierno federal.
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