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Si bien la crisis en Nicaragua ya va para casi dos años sin soluciones a la vista, la figura de una joven estudiante de medicina de origen belga se ha convertido en uno de los nuevos símbolos de las protestas que buscan derrocar al gobierno de Daniel Ortega.
Su nombre es Amaya Coppens y en palabras de su padre, Federico Coppens, es una mujer que “pelea contra lo que considera injusto. Desde niña fue muy alegre, pero también terca e independiente”. De acuerdo con él, ese mismo carácter de su hija la llevó a unirse al movimiento estudiantil que exige la salida del poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Un activismo que le ha costado la libertad ya en un par de ocasiones.
De hecho, el nombre de Coppens ganó notoriedad tras su primera captura, en septiembre del 2018. La persecución gubernamental contra los estudiantes y manifestantes obligó a la joven y muchos otros estudiantes a refugiarse en “casas de seguridad”. Pero, según cuenta su madre, la ubicación de su escondite fue delatada y Coppens fue capturada el 10 de septiembre por policías y paramilitares.
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Tras su aprehensión, la policía nicaragüense anunció con bombos y platillos a la opinión pública que habían capturado a “una peligrosa terrorista”. La familia de la joven y organizaciones como Amnistía Internacional y Front Line Defenders acusan que Amaya fue detenida arbitraria e ilegalmente por ejercer su derecho constitucional a la protesta.
“La presentaron con todo un arsenal pero fue puro montaje”, dice su padre y asegura que el armamento exhibido (tres escopetas, una pistola y un cargador con ocho proyectiles) fue sembrado por las autoridades.
Bajo los supuestos cargos de terrorismo, secuestro y tenencia de armas ilegales, Amaya Coppens fue llevada a una fría cárcel en Managua. Estuvo en prisión durante nueve meses, hasta que en junio pasado fue liberada bajo una polémica ley de amnistía que benefició a unos 500 presos políticos.
Pero con su libertad no terminaron los problemas para ella. A su salida de la cárcel, la joven nicaragüense comenzó a experimentar los hostigamientos por parte de la fuerza pública y las milicias sandinistas, leales al gobierno de Ortega. La activista denunciaba a través de sus redes de apoyo y sus cuentas en Facebook y Twitter la presencia sospechosa de militares cerca a su vivienda, ubicada en la ciudad de Estelí, casi 150 kilómetros al norte de Managua. Incluso, de acuerdo con la activista, su casa fue violentada con piedras.
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Eso, sin embargo, no la persuadió de detenerse en su lucha en las calles en Nicaragua. Tras su liberación, rápidamente la joven estudiante de medicina se reincorporó al Movimiento Universitario 19 de Abril, considerado por el gobierno como un grupo terrorista y al que acusan de cometer crímenes tales como “asesinato, asaltos, terrorismo, secuestros, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, incendios, torturas, lesiones y exposición de personas al peligro”.
De nuevo en las calles, la represión gubernamental volvió a caer sobre ella y algunos de sus compañeros. El 14 de noviembre, cuando regresaban de la sureña ciudad de Masaya, adonde habían viajado para intentar abastecer de agua a once madres que estaban en ayuno en la iglesia San Miguel, fueron arrestados por la policía nicaragüense.
Las mujeres demandaban la liberación de más de 150 opositores que están presos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero una semana después suspendieron la huelga por el deterioro que sufrió su salud por falta de agua y asistencia médica.
La policía acusó al grupo de traficar armas y los vinculó a una supuesta estructura delictiva que pretendía cometer actos terroristas contra infraestructuras públicas.
El caso llamó la atención nacional e internacional, pues muy poco tiene que ver el donar agua con el tráfico de armamento. La solidaridad con Coppens y su grupo fue tal que fueron llamados “el grupo de los aguadores” e, incluso, han inspirado poemas.
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“Amaya otra vez / vestida de azul / Amaya otra vez / llevada a prisión”, rezan los versos breves y sonoros que la poeta Gioconda Belli dedicó a la líder estudiantil y que lleva la consigna “libertad para los trece aguadores”.
Casi tres meses después de su captura, Coppens, junto con otros 91 presos políticos fueron liberados por una nueva amnistía gestionada por la Iglesia católica y otras organizaciones sociales. Sin embargo, salieron bajo la figura de un “régimen especial”, pues los crímenes de los que los acusan no han prescrito.
De hecho, se espera que esta semana la joven y “los aguadores” vayan a juicio por tráfico de armas, uno de los cargos que la policía les atribuye.
“Aquí ninguno está libre en Nicaragua. Si uno habla demasiado alto, si uno denuncia lo que está sucediendo, el sistema político y policial es capaz de inventar lo que sea para tenernos encerrados”, reclamó la estudiante de 25 años. Esta semana se sabrá si, como dice el poema, otra vez irá o no prisión.
Por redacción internacional
