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En El Salvador, el Congreso controlado por una flamante mayoría abrumadora del oficialismo, resolvió, el pasado 1° de mayo, la remoción de la Corte Suprema en pleno y el desplazamiento del fiscal general. El presidente Nayib Bukele, desde su cuenta oficial de Twitter, —no le hacen falta ni comunicados oficiales, ni ruedas de prensa, ni discursos desde el balcón, le alcanza con un tuit al presidente salvadoreño que gobierna a través de las redes sociales— rubricó la decisión: “Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ‘destituídos´”. Y sanseacabó... Así nomás, el Presidente y el Parlamento que acompaña sus dictados borraron de un plumazo la división de poderes y designaron a un nuevo fiscal general y jueces supremos afines, que asumieron de inmediato acompañados de fuerzas policiales. Adiós Estado de Derecho, camino allanado a la “democracia cesarista” o “autocracia electiva”, según se quiera ver.
Es la misma concepción que sostienen líderes, políticos, ex gobernantes o actuales altos funcionarios en los países latinoamericanos. En la Argentina son los “cruzados anti-Lawfare”, liderados por la vicepresidenta Cristina Kirchner. La expuso así el ex vicepresidente Amado Boudou, en una clase virtual con estudiantes de la UBA, el 3 de mayo: sostienen que vivimos en “democracias condicionadas” por “poderes fácticos” que no responden a la voluntad popular. De tal modo, quienes gobiernan en nombre del pueblo o representan a “los movimientos populares” no tienen en realidad el poder: el poder lo tienen otros.
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“¿De qué hablamos cuándo hablamos de lawfare?”, se pregunta Boudou. “Es un dispositivo de control social, hablamos de la democracia condicionada y alterada por mecanismos institucionales e institucionalizados”, asegura. Dice que se trata de “cosas que están ocurriendo desde México hasta Tierra del Fuego” y remarca que no es “un invento de un espacio político”. Según el ex funcionario, se trata de “un dispositivo disciplinario. Es persecución, el horrible espectáculo público del castigo”. Dice, además, que los tribunales “se han convertido en parodias” y que el objetivo del lawfare son los políticos, sindicalistas y dirigentes que “pretenden transformar la realidad”.
Esta defensa se presenta, así como una elaborada coartada retórica para recubrir lo que no es sino una batalla política por el control de todos los resortes del Estado. En algunos casos, para evitar que se investigue y sancione a quienes pudieron haber cometido o cometieron desde el poder político actos o hechos de corrupción. En otros casos, para des hacerse de las trabas, controles y contrapesos que limitan la acción de los líderes y gobernantes que creen necesitar, o merecer, atribuciones excepcionales para ejercer el poder.
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Argentina no es El Salvador, porque allí Bukele es el presidente y en Buenos Aires, el ex vicepresidente que comparte sus planteos, se encuentra cumpliendo sentencia, condenado por corrupción en su paso por la función pública.
Mientras tanto, un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, que le puso límites a las facultades excepcionales del Gobierno nacional para enfrentar la crisis sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19, motivó otra andanada de furia oficial contra el máximo tribunal, con los mismos argumentos utilizados por el joven mandatario salvadoreño. Los jueces no fueron votados por el pueblo, actúan como un “poder contramayoritario”, sostienen como si no fuera precisamente esa su función constitucional en un Estado de Derecho. Lo que mueve a pensar que si el Frente de Todos, la coalición que gobierna la Argentina lograra en las próximas elecciones el 70% de los votos que le permitieron a Bukele contar con un Parlamento propio, a juzgar por las cosas que se han dicho, nada impediría que se pretenda también aquí seguir el camino salvadoreño, remover a los miembros de la Corte y nombrar jueces que acompañen al Gobierno.
Nada, en realidad, que no hayamos visto en el pasado. “Lo que está ocurriendo en El Salvador, se escribió en las redes sociales, muestra que, si la demolición de la democracia liberal está acompañada de las mayorías populares, es imparable”. Pero, ¿quién/es habla/n en nombre de qué “mayorías populares”? ¿y qué viene cuando los pueblos pierden esa democracia liberal a manos de caudillos, dictadores o líderes descontrolados?
La cuestión es tan antigua como nuestras propias Repúblicas del Nuevo Mundo, “el experimento político latinoamericano del siglo XIX”, título de una estupenda obra de Hilda Sábato (Taurus, 2021), que reconstruye la génesis de conflictos y encrucijadas que marcaron nuestra historia y nos siguen acompañando. Detrás de los recurrentes conflictos de poderes entre Ejecutivos, Legislativos y Judiciales podemos encontrar, y este sería el caso, un conflicto entre dos concepciones contrapuestas acerca de la propia naturaleza del poder en una democracia. Y es comprobable que no es el desmantelamiento institucional de las repúblicas sino su fortalecimiento el camino de la consolidación de nuestras democracias, que no pueden sino respaldarse en la división de poderes y el Estado de derecho. Cuando los gobernantes y líderes proponen otros “atajos” en nombre del pueblo, sobre todo cuando lo hacen encubriendo sus propias responsabilidades y yerros, no cabe sino desconfiar y advertir adónde nos conducen.
*La versión original de este texto fue publicada en Clarín, Argentina
Fabián Bosoer es politologo y periodista. Editor jefe de la sección Opinión de Clarín. Prof. de la Univ. Nac. de Tres de Febrero. Profesor de la Univ. Argentina de la Empresa (UADE) y FLACSO-Argentina. Autor de “Detrás de Perón” (2013) y “Braden o Perón. La historia oculta” (2011).
Por Fabián Bosoer/Latinoamérica21
