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Unos aseguran que es presa política; otros la acusan de golpista. El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor, Evo Morales, arrancó este jueves en medio de controversias.
¿De qué trata el caso?
En octubre de 2019, Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país.
Quienes debían sucederlo renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta, y el presidente de la cámara de diputados.
En medio de un vacío de poder finalmente asumió Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado en su condición de segunda presidenta del Legislativo.
El parlamento, que estaba controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Estas se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Luis Arce, delfín de Morales. Áñez dejó el poder en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 fue detenida.
Ahora, a Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de manera inconstitucional en medio de las protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos.
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Desde hace 11 meses, la exjefa de Estado transitoria de Bolivia cumple detención preventiva por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso llamado “golpe de Estado” por el que en primera instancia se dispuso encarcelamiento por cuatro meses que luego se ampliaron a seis.
“Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo... con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión”, aseveró el martes la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, en una carta que firmó como “presa política”.
Áñez tiene encima otro proceso penal denominado “golpe de Estado II” con acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución.
Los demandantes -el gobierno izquierdista, la fiscalía y el Congreso- argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
“Este es un juicio político que está llevando adelante el actual gobierno del presidente Luis Arce”, dijo el politólogo Carlos Cordero, de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.
“Es una manera de establecer una sanción política a quienes se atrevieron a ser adversarios en un momento de crisis del MAS”, concluyó.
El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”.
El juicio comenzó en forma virtual en la mañana con las quejas de la defensa por problemas en el audio.
“Hay problemas de conexión”, indicó el defensor, quien solicitó que continúe de manera presencial este juicio, en el que están citados a declarar 76 testigos.
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La Fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al considerar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas.
Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban decenas de partidarios de la expresidenta, encabezados por su hija Carolina Ribera, constató un periodista de la AFP.
El martes, un grupo de 21 expresidentes de derecha iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra.
La política de derecha de 54 años, cabe destacar, es juzgada junto a ocho exmilitares. La exmandataria fue asimismo señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de “masacres”.
Pero a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria. El informe también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
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