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El presidente de Haití, Jovenel Moïse, venía alertando desde febrero de las amenazas sobre su vida. En entrevistas con medios internacionales dijo que había en marcha “un complot para dar un golpe de Estado, desestabilizar al país y matarlo”. Aunque se encerró en su casa, su acusación no tuvo eco. Este miércoles fue asesinado a tiros en su habitación “por un comando de extranjeros, que hablaban inglés y español”, según el primer ministro, Claude Joseph.
Por su parte, el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, señaló que los asesinos eran mercenarios “profesionales que se disfrazaron como agentes de Estados Unidos y posiblemente ya hayan escapado del país”. El diplomático aseguró que los asesinos “se presentaron en la residencia del mandatario haitiano como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA)”.
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Didier Le Bret, exembajador de Francia en Haití, señaló que la situación en el país era tan volátil, que “muchas personas tenían interés en deshacerse de Moïse”.
El propio Jovenel Moïse, de 53 años, había acusado hacía cinco meses a “un pequeño grupo de oligarcas” de querer apoderarse del país. Dijo en esa oportunidad, tras anunciar un frustrado intento de golpe, que un par de “grupos económicos, que se sienten poderosos e intocables, habían intentado derrocarlo y acabar con su vida”.
¿Quién está detrás del asesinato del presidente? Desde Haití dicen que es muy pronto sacar conclusiones. Según analistas, Moïse había acumulado tantos enemigos y el país estaba en el limbo total, que hace falta una investigación independiente para determinar qué pasó. Estados Unidos ya ofreció ayuda en las pesquisas, pero abundan las dudas: ¿Por qué ningún miembro de su seguridad resultó herido? ¿Hubo complicidad dentro de su círculo cercano? ¿Por qué asesinarlo a dos meses de elecciones y el día que asumía un nuevo primer ministro?
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Jovenel Moïse, tercer presidente haitiano en la historia en ser asesinado, era catalogado desde 2018 como el mandatario más impopular de todos los tiempos, una calificación penosa incluso en un país que ha tenido 20 presidentes, desde militares hasta pastores evangélicos, en los últimos 35 años. Moïse no tenía respaldo popular ni tampoco político: líderes del país de todos los sectores reclamaban su renuncia, tras verse envuelto en escándalos de corrupción, supuestos pactos con grupos delincuenciales y de haber tomado polémicas decisiones para aumentar su poder.
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Además era considerado un outsider, que saltó a la escena política respaldado por su exitosa vida empresarial: se dedicó al cultivo de bananas, negocio con el que se hizo rico y famoso. Durante la campaña política se autonombró “el hombre banana” y fue elegido presidente en 2017. El desacuerdo que marcó su trasegar presidencial comenzó en 2015, cuando ganó las elecciones, anuladas luego por fraude; entonces, el presidente del Senado, Jocelerme Privert, asumió la jefatura del Estado el 7 de febrero de 2016, durante 12 meses, para evitar el vacío de poder. Las elecciones se repitieron a finales de ese año y Moïse volvió a ganar y se posesionó en 2017. El presidente decía que gobernaría hasta el 7 de febrero de 2022, pero otros afirmaban que debía entregar el cargo el 7 de febrero de 2021.
El desacuerdo llevó al gobierno a cambiar de primer ministro siete veces, algo que no calmó la inestabilidad política ni el rechazo popular, que se agravó aún más en 2018, cuando las elecciones legislativas fueron aplazadas. Haciendo oídos sordos al clamor popular, se aferró al poder y decidió gobernar por decreto. Lo que sella el divorcio total con el país es su propuesta de reformar la Constitución.
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La Carta Magna actual fue redactada en 1987 tras la caída de la dictadura de Duvalier, y declara que “toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida”. Pero Moïse tenía como objetivo cambiarla a toda costa, crear el cargo de vicepresidente, eliminar el de primer ministro y dejar solo una cámara en el Congreso. En los últimos meses firmó una ley que limita las competencias de una corte que audita los contratos del gobierno y creó una agencia de inteligencia que solo le respondía a él. Medidas que tomó luego de que una auditoría señalara que los últimos gobiernos, incluido el suyo, malversaron millones de dólares del programa Petrocaribe -el pan de Hugo Chávez para que los países del Caribe compraran petróleo con condiciones preferenciales-.
Moïse rechazó todas las acusaciones en su contra y llegó a negar que existieran protestas en Haití. Dijo que era un puñado de personas violentas con armas de “miles de dólares” el que se tomaba las calles. Aseguró entonces que era él quien estaba en riesgo, pues bandas de secuestradores y de narcotraficantes, que su gobierno perseguía sin cuartel, lo tenían en la mira. Pero informes revelaron su cercanía con las pandillas. Una investigación periodística publicada por Ayibopost y Connectas reveló cómo, desde comienzos de 2020, las bandas armadas sembraron el terror en el país, amparadas por el gobierno de Moïse. Alentadas por la impunidad y sus relaciones privilegiadas con las autoridades, las pandillas triplicaron los secuestros el año pasado (más de mil, según Défenseurs Plus) en barrios populares de la capital.
Según la investigación, organizaciones de DD. HH. denunciaron años atrás la relación entre el gobierno de Moïse con las pandillas, algo que se hizo evidente en 2020. En una rueda de prensa en abril del año pasado, el entonces primer ministro, Joseph Jouthe, habló en directo con un pandillero y le prometió tomar medidas ante las quejas del delincuente; dos meses después se creó G9, una alianza entre nueve pandillas, dirigida por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, implicado en una masacre en 2017 y violador de derechos humanos.
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Desde entonces cualquier haitiano es víctima de secuestro. El negocio se volvió tan rentable, que las bandas armadas se multiplicaron: cifras de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR) señalan que hoy existen más de 76 pandillas y que 500.000 armas ilegales circulan en Haití.
Moïse deja un país hecho trizas, en donde además del miedo gobierna la incertidumbre, luego del Estado de sitio decretado por el primer ministro que da mayores poderes al Ejecutivo. “Puerto Príncipe está en una calma absoluta. Se siente que la población está en estado de shock. Hay que tener en cuenta que la Policía es muy débil, no controla el territorio y no hay instituciones”, explicó la historiadora haitiana Michèle Oriol a Radio Francia Internacional.