:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/d856UJMuCLOpu4j8B91M2K8dSTM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YJQ2RW33TRDE3EKI256JI4EEAU.jpeg)
Hace 13 años que en California no se ejecuta a un condenado a muerte. El 17 de enero de 2006, bajo el mando del gobernador Arnold Schawarzenegger, Clarence Ray Allen, de 76 años, y quien hasta entonces era el preso más anciano del corredor de la muerte del penal de San Quintín, y quien además estaba ciego y minusválido recibió tres inyecciones letales. Fue condenado a morir por haber ordenado tres asesinatos 25 años atrás. Desde entonces, quienes han sido condenados a la pena capital no han sido ejecutados. Permanecen en el corredor de la muerte.
En California han sido sentenciados a la pena de muerte más de 900 personas pero solo 13 han sido ejecutadas desde 1978. Entonces, ¿por qué la polémica por el anuncio del actual gobernador, Gavin Newsom, de aplicar a partir de la semana pasada una moratoria en las ejecuciones? El Gobernador también firmó un decreto que puso fin al protocolo de inyección letal previsto en el estado y ordenará el cierre de la sala de ejecuciones de la prisión de San Quintín, cerca de San Francisco. Según informes de su oficina, California alberga una cuarta parte de todos los presos condenados a muerte en Estados Unidos.
“Matar a otros intencionalmente es incorrecto y, como gobernador, no permitiré que nadie más sea ejecutado (…) Este castigo discrimina en función del color de la piel o la cantidad de dinero que se tiene, es ineficaz, irreversible e inmoral”, dijo Newsom.
(Le puede interesar: 4,1% de condenados a muerte en EE.UU. son inocentes)
La declaración del político demócrata no es casual. Evidencia los conflictos estadounidenses que existen alrededor del debate de la pena de muerte, como la arbitrariedad a la hora de dictar sentencia, discriminación, costos y margen de error. Si bien no es una abolición absoluta lo que Newsom propuso, sí podría ser el primer paso para que los 737 detenidos del “corredor de la muerte” en ese estado, pasen el resto de su condena en prisión en vez de morir.
Desde 1976, cuando la pena de muerte se restableció en Estados Unidos, el número de ejecutados fue en aumento, y llegó a su clímax con 98 muertos en 1999, según el último informe del Centro de información de la pena de muerte. A partir de ese año la cifra disminuyó hasta llegar a 20 (su punto más bajo) en 2016. Por su parte, aunque las encuestas muestran que los californianos están a favor de la cadena perpetua sobre la sentencia de muerte, dos propuestas para abolir la pena capital fueron rechazadas en las urnas, 2012 y 2016, cuando se aprobó la Proposición 66 para agilizar el proceso de ejecuciones.
“Tres veces la gente de este estado ha pronunciado su opinión", señaló en una declaración a Efe Steve Wagstaffe, fiscal de distrito del Condado de San Mateo, respecto a la moratoria decretada por el gobernador y a la cual él se opone. "Newsom ha decidido que eso no es relevante", se lamentó.
No obstante, Newsom asegura que abolir la pena capital es una cuestión ética que aspira a combatir la desigualdad nacional. "No creo que una sociedad civilizada pueda reclamar ser líder en el mundo mientras su Gobierno continúe sancionando la muerte premeditada y discriminatoria de su gente", argumentó.
Héctor Villagra, director ejecutivo de Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, señaló: "Sabemos que la raza juega un peligroso e inadecuado papel en las decisiones sobre quienes son sentenciados a la pena de muerte en California". Tanto el gobernador Newsom como Villagra se refirieron al caso de Vicente Benavides, de origen mexicano, quien en abril de 2018 fue puesto en libertad luego de pasar 25 años en el pabellón de la muerte y ser hallado inocente cuando se revisó su condena.
El factor racial no es un tema menor. El Centro de Información de la Pena de Muerte encontró que el factor racial sí termina siendo determinante. De hecho, el documento cita un estudio realizado en California en el que se encontró que los condenados por matar a blancos tenían más de 3 veces más probabilidades de ser condenados a muerte que los condenados por matar negros y más de 4 veces más probables que aquellos condenado por matar a latinos.
David Christopher Baldur, profesor de derecho de la Universidad de Iowa, aseguró en un informe enviado a la Junta Estadounidense de Anestesiología (ABA por sus siglas en inglés) en 1998, que en el 96% de los estados donde hubo revisiones de la raza y la pena de muerte, hubo un patrón de discriminación por raza de la víctima o raza del acusado.
(Ver más: Cifra de penas de muerte impuestas en EE.UU. cayó a mínimos históricos)
Asesinos en serie, beneficiados
El debate crece en Estados Unidos, aunque ya son más de 20 estados los que han abolido la pena capital, 31 estados, el Gobierno federal y el Ejército estadounidense la mantienen, pero hasta julio del año pasado 11 de ellos no habían ejecutado a nadie en más de una década.Después del anuncio del gobernador de California, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue el primero en reaccionar. "Desafiando a los votantes, el gobernador de California detendrá todas las ejecuciones con pena de muerte de 737 asesinos a sangre fría. Los amigos y familiares de las siempre olvidadas víctimas no están encantados, ¡y yo tampoco!", publicó en su cuenta de Twitter.
El mandatario hacía referencia al grupo de 25 condenados, de los 737 presos, que ya agotaron los recursos legales para revertir la condena y que ahora se ven beneficiados por la moratoria. Entre los detenidos que se hallaban en el corredor de la muerte esperando una fecha para su ejecución figuran asesinos en serie y condenados por múltiples asesinatos, como los hermanos Ronaldo Ayala, de 66 años, y Héctor Ayala, de 65, quienes fueron condenados en 1989 por el asesinato de tres personas y por disparar a una cuarta durante el asalto a un taller utilizado para distribuir heroína.
Otro de los condenados esperando ejecución es Lonnie David Franklin Jr, conocido como "Grim Sleeper" (Durmiente sombrío), que fue sentenciado a la máxima pena por 10 asesinatos entre 1985 y 2007. También está Scott Peterson, quien asesinó a su esposa embarazada y al bebé en gestación en 2002. Fue sentenciado a recibir la inyección letal en 2005.
Para Ron Moreland, un veterano de la Fuerza Aérea y profesor universitario ya retirado, de 86 años, la decisión del gobernador le supone morir sin ver justicia por el asesinato de su hija Cynthia Moreland, que a la edad de 18 años fue asesinada junto con su prometido Rick Stowers, de 19, cuando hacían montañismo en 1980. Por el asesinato de ambos, y de cuatro mujeres más, David Joseph Carpenter, alias el "Asesino del Sendero", fue condenado a la cámara de gas, sentencia que no se ha llevado a cabo.
Por ahora los tribunales podrán seguir condenando a muerte a nuevos acusados, que en ese caso pasarán a engrosar el corredor de la muerte. Pero Newsom asegura que esto sólo aumentaría los gastos estatales. Según el gobernador, California ha gastado 5.000 millones de dólares desde 1978 en su corredor de la muerte. Este valor es considerado previo al juicio y costos de juicios, costos de apelaciones automáticas y peticiones estatales de habeas corpus, entre otros.
(Ver más: Pena de muerte en Florida a hombre condenado por doble asesinato en 1991)
De hecho, cada proceso es largo y requiere fondos estatales para hacerles frente. Albert Gómez, experto en derecho criminal del sur de California, aseguró a EFE que este tipo de condena genera inmediatamente una apelación ante la Corte Suprema del estado y de ser mantenido el veredicto, el caso se puede apelar ante la Corte Suprema de EE. UU.
Igualmente, los recursos de hábeas corpus permiten a la defensa alegar errores o ilegalidades durante la detención, o abuso contra los derechos del acusado, y existe además la opción de solicitar "clemencia ejecutiva" al gobernador, quien puede suspender la ejecución aunque "es una posibilidad muy inusual", como dijo el experto.
Con este panorama los expertos aseguran que California podría dar el paso dentro de poco y abolir por completo la pena capital. Una medida impopular en la era Trump, pues desde que el mandatario llegó al poder, los partidarios de la pena capital en Estados Unidos han aumentado de 49% a 54%, según un estudio del Centro de Investigación Pew.