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La policía brasileña lanzó este jueves una megaoperación contra un vasto esquema de lavado de dinero en el que están implicados el crimen organizado y el sector financiero, según informaron las autoridades.
El objetivo de la operación policial es desmantelar una gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, que utilizaba a la tecnología financiera (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según indicó un comunicado de Hacienda.
El grupo había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, “desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final” y “los eslabones finales de ocultación y blindaje del patrimonio vía fintechs y fondos de inversión”.
La prensa local apuntó que se trata del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil.
La trama habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (US$ 9.600 millones) en más de 1.000 puestos de combustibles en todo Brasil.
Según Hacienda, se trata de la “mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud”.
La policía divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero del país.
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Las fuerzas de seguridad cumplen 350 órdenes de busca y aprensión, entre individuos y empresas, en una decena de estados del país, incluido los de Sao Paulo y Rio de Janeiro.
“Las investigaciones apuntan que el sofisticado esquema ideado por la organización criminal, al blanquear el producto del delito, generó importantes ganancias en la cadena de producción de combustible”, señaló Hacienda.
¿Qué prácticas fraudulentas se emplearon?
En el marco de las investigaciones sobre fraude en la venta de combustibles en Brasil, se identificaron varias prácticas ilegales. Una de ellas es la adulteración de gasolina, que consiste en mezclar el combustible con sustancias no autorizadas para incrementar las ganancias de manera ilícita. Otra técnica conocida como “surtidor bajo” implica que el volumen de combustible suministrado a los consumidores es menor al indicado, lo que representa un fraude directo al cliente.
Además, se detectaron irregularidades en la importación de metanol. Según el Ministerio Público de Sao Paulo, el producto que entra al país “no es entregado a los destinatarios indicados en las notas fiscales. Es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”. Este metanol, descrito como “altamente inflamable y tóxico”, es posteriormente enviado a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, lo que evidencia la magnitud económica de estas operaciones ilegales.
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El fraude no se limita a un pequeño grupo, la participación de cientos de empresas operadoras en el acto criminal permitió ocultar el producto del delito, lo que demuestra la sofisticación y el alcance de la red criminal.
Hasta ahora, la operación policial ha logrado resultados concretos, incluyendo la detención de cinco personas, así como la confiscación de 1.500 vehículos, 192 inmuebles y 2 embarcaciones, incluyendo más de 300.000 reales en efectivo (US$ 55.000).
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