Bruno Pacheco, exsecretario de Pedro Castillo, se entregó a la justicia peruana
Pacheco estuvo más de tres meses en la clandestinidad, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata, un obra vial sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín. Por este caso de corrupción el presidente Castillo también es investigado.
Bruno Pacheco, exsecretario del presidente de Perú, Pedro Castillo, se entregó a la Justicia tras más de 100 días prófugo y permanecerá bajo custodia mientras es investigado por corrupción en un caso en el que también está presuntamente implicado el mandatario, confirmó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“Quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la Justicia”, declaró Benavides durante una ceremonia de conmemoración de las Fiestas Patrias. La fiscal agregó que la entrega del exfuncionario de confianza de Castillo fue posible gracias al “esfuerzo y profesionalismo” del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, y del equipo especial de la Policía.
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Pacheco estuvo más de tres meses en la clandestinidad, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata, un obra vial sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
El exfuncionario renunció a su cargo de secretario general del despacho presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se encontraran 20.000 dólares en efectivo en el baño de su oficina en el Palacio de Gobierno.
Por el caso del Puente Tarata, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Castillo por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo para obtener beneficios ilícitos de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Pese a la inmunidad de la que goza el jefe de Estado, la Fiscalía dispuso investigar al mandatario por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en prejuicio del Estado, a raíz de esta presunta trama de corrupción, en la que también estarían implicados el exministro de Transportes, Juan Silva, y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos de la Justicia. En ese sentido, Benavides hizo un llamado a Silva y Vásquez a entregarse a las autoridades que, aseguró, “continúan desarrollando los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos” que están investigando.
“Pronto informaremos de los resultados de nuestras investigaciones e invocamos a los demás investigados a que colaboren con la Justicia. Nada ni nadie nos hará retroceder en nuestro afán por hacer de nuestro Perú un mejor lugar donde puedan vivir las futuras generaciones”, agregó la fiscal, quien insistió en que en su institución “no hay intocables”.
Testimonio clave
Una eventual colaboración de Pacheco con la Fiscalía sería clave para desenredar esta y otras investigaciones preliminares que se mantienen abiertas contra Castillo, quien también es imputado por presunto tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, y por el delito contra la administración de la Justicia y encubrimiento, entre otros más.
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En ese sentido, Pacheco fue señalado por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, como la persona que intentó ejercer presión para los ascensos militares que supuestamente habría recomendado Castillo, Más tarde se conocieron las reuniones que el exfuncionario aparentemente mantuvo con la empresaria y colaboradora de la Justicia Karelim López, quien acusa al mandatario de liderar esta mafia corrupta en el seno del Ejecutivo.
La clandestinidad de Pacheco, Silva y Vásquez desató la semana pasada una nueva crisis en el gobierno que llevó a Castillo a pedir la renuncia del exministro del Interior Mariano González, quien había autorizado la creación de un grupo especial de la Policía para apoyar los casos de la fiscal Barreto.
González, quien duró apenas quince días en el cargo, acusó al mandatario de estar comprometido con actos de corrupción y de obstruir a la Justicia, por supuestamente entorpecer la búsqueda y captura de los prófugos implicados en la investigación que le sigue.
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Bruno Pacheco, exsecretario del presidente de Perú, Pedro Castillo, se entregó a la Justicia tras más de 100 días prófugo y permanecerá bajo custodia mientras es investigado por corrupción en un caso en el que también está presuntamente implicado el mandatario, confirmó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“Quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la Justicia”, declaró Benavides durante una ceremonia de conmemoración de las Fiestas Patrias. La fiscal agregó que la entrega del exfuncionario de confianza de Castillo fue posible gracias al “esfuerzo y profesionalismo” del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, y del equipo especial de la Policía.
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Pacheco estuvo más de tres meses en la clandestinidad, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata, un obra vial sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
El exfuncionario renunció a su cargo de secretario general del despacho presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se encontraran 20.000 dólares en efectivo en el baño de su oficina en el Palacio de Gobierno.
Por el caso del Puente Tarata, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Castillo por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo para obtener beneficios ilícitos de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Pese a la inmunidad de la que goza el jefe de Estado, la Fiscalía dispuso investigar al mandatario por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en prejuicio del Estado, a raíz de esta presunta trama de corrupción, en la que también estarían implicados el exministro de Transportes, Juan Silva, y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos de la Justicia. En ese sentido, Benavides hizo un llamado a Silva y Vásquez a entregarse a las autoridades que, aseguró, “continúan desarrollando los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos” que están investigando.
“Pronto informaremos de los resultados de nuestras investigaciones e invocamos a los demás investigados a que colaboren con la Justicia. Nada ni nadie nos hará retroceder en nuestro afán por hacer de nuestro Perú un mejor lugar donde puedan vivir las futuras generaciones”, agregó la fiscal, quien insistió en que en su institución “no hay intocables”.
Testimonio clave
Una eventual colaboración de Pacheco con la Fiscalía sería clave para desenredar esta y otras investigaciones preliminares que se mantienen abiertas contra Castillo, quien también es imputado por presunto tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, y por el delito contra la administración de la Justicia y encubrimiento, entre otros más.
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En ese sentido, Pacheco fue señalado por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, como la persona que intentó ejercer presión para los ascensos militares que supuestamente habría recomendado Castillo, Más tarde se conocieron las reuniones que el exfuncionario aparentemente mantuvo con la empresaria y colaboradora de la Justicia Karelim López, quien acusa al mandatario de liderar esta mafia corrupta en el seno del Ejecutivo.
La clandestinidad de Pacheco, Silva y Vásquez desató la semana pasada una nueva crisis en el gobierno que llevó a Castillo a pedir la renuncia del exministro del Interior Mariano González, quien había autorizado la creación de un grupo especial de la Policía para apoyar los casos de la fiscal Barreto.
González, quien duró apenas quince días en el cargo, acusó al mandatario de estar comprometido con actos de corrupción y de obstruir a la Justicia, por supuestamente entorpecer la búsqueda y captura de los prófugos implicados en la investigación que le sigue.
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