Bukele contra el Congreso: ¿peligra la democracia de El Salvador?
Acompañado por decenas de militares con armas de asalto, y encomendándose a las enseñanzas de dios, Bukele irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no aprueban su reforma de seguridad. Muchos aseguran que el mandatario cruzó un límite de poder.
- Redacción Internacional con información de agencias
En El Salvador el panorama político parece salido de control. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, tras hacer una inusual aparición en el Congreso al que poco antes habían ingresado militares fuertemente armados.
El actual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en especial el papel que han jugado en él las fuerzas de seguridad, desató las alarmas dentro y fuera del país. En el centro del problema está un crédito que será usado para el equipamiento del ejército y la policía, y que es clave para avanzar en el plan del gobierno contra las violentas pandillas. Sin embargo, los congresistas no están de acuerdo con la medida y por eso se han negado numerosas veces a aceptarla.
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Así empieza la semana para El Salvador, llena de dudas sobre lo que viene para el orden constitucional y la democracia nacional. Los profesores de ciencia política de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han asegurado reiteradas veces que la democracia de un país muchas veces comienza a corroerse con este tipo de acciones, en las que se traspasan los límites invisibles que rigen un estado. "Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder", afirman los expertos en su libro Cómo mueren las democracias.
Ese es justamente el miedo de los opositores y de una buena parte de las personas en El Salvador. Sin embargo, la situación viene degradándose desde hace un buen tiempo. Estas son las cinco claves para entender la situación que se vive en El Salvador:
El retraso en la aprobación
Para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial el Gobierno de El Salvador adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debe de ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso.
El dinero, que fue aprobado por el BCIE en octubre de 2019, tendría como finalidad modernizar y fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Defensa Nacional para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador y con impacto en todo el país.
Sin embargo, los diputados de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, aseguran que el Ejecutivo no ha especificado en qué concretamente serán ocupados los fondos.
Compra de equipo tecnológico
El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló el pasado noviembre, tras la entrega en el Congreso del contrato del préstamo, que con el dinero se adquiriría equipo tecnológico para combatir la delincuencia y serviría para renovar las instalaciones del Hospital Militar y fortalecer las clínicas para la atención a policías y soldados.
Puede leer: ¿Por qué la guerra diplomática entre El Salvador y Venezuela?
"Queremos fortalecer los sistemas de vídeo vigilancia en el país, mejorar las capacidades institucionales, de movilidad y reacción investigativa, y proteger la identidad personal de las fuerzas que intervienen en el control de la seguridad", señaló Fuentes.
Sin embargo, diputados de Arena y del FMLN, que integran la Comisión de Hacienda que estudia dicho préstamo, temen que unos 25,9 millones del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de dudosa reputación.
La cuestionada empresa mexicana
Grupo SeguriTech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la vídeo vigilancia, confirmó en enero pasado al periódico local El Faro que pagó los gastos de un viaje en avión privado que el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, hizo el año pasado.
"El viaje del señor Osiris Luna está ligado con la vídeo vigilancia, ¿sí o no?, porque si la empresa que le pagó el viaje es la que está licitando la vídeo vigilancia no habría transparencia", se preguntó el pasado viernes el diputado Mauricio Vargas, del opositor Arena. Esta situación no ha sido aclarada por las respectivas autoridades gubernamentales.
De acuerdo con el periódico local El Diario de Hoy, la compañía SeguriTech Integral Security ha sido denunciada en México por dotar a las autoridades de cámaras de vídeo vigilancia que no funcionaban y de haber sobrevalorado los aparatos.
Bukele dice que diputados se oponen a seguridad
El mandatario salvadoreño ha dicho en varias ocasiones a los diputados del FMLN y de Arena que no quieres votar por el préstamo "no les interesa la seguridad del país".
"Con su negativa los diputados demuestran que están en favor de los criminales y en contra de la gente honrada y de los cuerpos de seguridad", dijo Bukele el pasado 5 febrero.
El presidente insiste, además, en que las autoridades de Seguridad y el ministro de Hacienda han asistido una "veintena de veces" al Congreso para explicar en qué serán ocupados los fondos y agregó que las dos primeras fases del Plan Control Territorial fueron financiadas con "fondos propios" del Gobierno.
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Ante la falta de aprobación, la militarización
Bukele irrumpió con militares en el Congreso este domingo por la falta de aprobación de dicho préstamo, ha llamado a la insurrección y ha amenazado a los diputados a que si los fondos no son aprobados esta semana, el próximo domingo se vivirá una situación igual a la de este día.
El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados a sesión plenaria, no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y "si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución".
Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".
En El Salvador el panorama político parece salido de control. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, tras hacer una inusual aparición en el Congreso al que poco antes habían ingresado militares fuertemente armados.
El actual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en especial el papel que han jugado en él las fuerzas de seguridad, desató las alarmas dentro y fuera del país. En el centro del problema está un crédito que será usado para el equipamiento del ejército y la policía, y que es clave para avanzar en el plan del gobierno contra las violentas pandillas. Sin embargo, los congresistas no están de acuerdo con la medida y por eso se han negado numerosas veces a aceptarla.
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Así empieza la semana para El Salvador, llena de dudas sobre lo que viene para el orden constitucional y la democracia nacional. Los profesores de ciencia política de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han asegurado reiteradas veces que la democracia de un país muchas veces comienza a corroerse con este tipo de acciones, en las que se traspasan los límites invisibles que rigen un estado. "Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder", afirman los expertos en su libro Cómo mueren las democracias.
Ese es justamente el miedo de los opositores y de una buena parte de las personas en El Salvador. Sin embargo, la situación viene degradándose desde hace un buen tiempo. Estas son las cinco claves para entender la situación que se vive en El Salvador:
El retraso en la aprobación
Para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial el Gobierno de El Salvador adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debe de ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso.
El dinero, que fue aprobado por el BCIE en octubre de 2019, tendría como finalidad modernizar y fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Defensa Nacional para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador y con impacto en todo el país.
Sin embargo, los diputados de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, aseguran que el Ejecutivo no ha especificado en qué concretamente serán ocupados los fondos.
Compra de equipo tecnológico
El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló el pasado noviembre, tras la entrega en el Congreso del contrato del préstamo, que con el dinero se adquiriría equipo tecnológico para combatir la delincuencia y serviría para renovar las instalaciones del Hospital Militar y fortalecer las clínicas para la atención a policías y soldados.
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"Queremos fortalecer los sistemas de vídeo vigilancia en el país, mejorar las capacidades institucionales, de movilidad y reacción investigativa, y proteger la identidad personal de las fuerzas que intervienen en el control de la seguridad", señaló Fuentes.
Sin embargo, diputados de Arena y del FMLN, que integran la Comisión de Hacienda que estudia dicho préstamo, temen que unos 25,9 millones del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de dudosa reputación.
La cuestionada empresa mexicana
Grupo SeguriTech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la vídeo vigilancia, confirmó en enero pasado al periódico local El Faro que pagó los gastos de un viaje en avión privado que el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, hizo el año pasado.
"El viaje del señor Osiris Luna está ligado con la vídeo vigilancia, ¿sí o no?, porque si la empresa que le pagó el viaje es la que está licitando la vídeo vigilancia no habría transparencia", se preguntó el pasado viernes el diputado Mauricio Vargas, del opositor Arena. Esta situación no ha sido aclarada por las respectivas autoridades gubernamentales.
De acuerdo con el periódico local El Diario de Hoy, la compañía SeguriTech Integral Security ha sido denunciada en México por dotar a las autoridades de cámaras de vídeo vigilancia que no funcionaban y de haber sobrevalorado los aparatos.
Bukele dice que diputados se oponen a seguridad
El mandatario salvadoreño ha dicho en varias ocasiones a los diputados del FMLN y de Arena que no quieres votar por el préstamo "no les interesa la seguridad del país".
"Con su negativa los diputados demuestran que están en favor de los criminales y en contra de la gente honrada y de los cuerpos de seguridad", dijo Bukele el pasado 5 febrero.
El presidente insiste, además, en que las autoridades de Seguridad y el ministro de Hacienda han asistido una "veintena de veces" al Congreso para explicar en qué serán ocupados los fondos y agregó que las dos primeras fases del Plan Control Territorial fueron financiadas con "fondos propios" del Gobierno.
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Ante la falta de aprobación, la militarización
Bukele irrumpió con militares en el Congreso este domingo por la falta de aprobación de dicho préstamo, ha llamado a la insurrección y ha amenazado a los diputados a que si los fondos no son aprobados esta semana, el próximo domingo se vivirá una situación igual a la de este día.
El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados a sesión plenaria, no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y "si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución".
Dicho artículo "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".