Humberto Adonay Escobar volvía de Guatemala a El Salvador en mayo de 2025 con una caja de accesorios de belleza que vendía por Facebook. Pasó la aduana, luego un control policial, pero kilómetros más adelante lo detuvieron unos militares que, como explica su hermana, Ingrid, no deberían haber estado cumpliendo tareas de la fuerza pública. Fue encarcelado sin un proceso justo y menos de tres meses después, el 6 de julio, murió bajo custodia del Estado.
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El de Escobar es solo uno de los 575 casos de personas que han muerto bajo custodia del Estado en El Salvador sin ninguna condena, según documenta la organización Socorro Jurídico Humanitario, que dirige Ingrid. Desde que se inició el régimen de excepción, bajo el modelo de seguridad de “mano dura” de Nayib Bukele, se ha encarcelado a más de 93.000 personas. Distintas ONG han advertido que miles de estas eran inocentes y que, además de ser privadas de la libertad, han sufrido abusos que en ocasiones han conducido a la muerte.
“Hay mucha gente que ha muerto por negación del derecho a la salud”, dice Escobar en entrevista con El Espectador.
De acuerdo con la activista, se han denunciado brutales castigos físicos que derivaron en un grave “síndrome del riñón” entre la población carcelaria, desencadenando cuadros de insuficiencia renal irreversible que, sumados a la falta de hidratación y atención médica, terminaron costándoles la vida a cientos de personas y mantienen a muchas otras a punto de morir.
Ahora, sin embargo, el gobierno de Bukele está evaluando liberar de forma anticipada y condicional a cerca del 50 % de los presos que encarceló: los que están acusados de cargos de “menor responsabilidad”, según dijo.
“Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura. Estas personas vivían bajo ese yugo, pero no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad”, justificó Bukele.
A juicio de Escobar, esta declación es la prueba de que la justicia salvadoreña no pudo establecer culpabilidades sobre personas y de que busca vaciar las cárceles de quienes eran inocentes.
“Lo que demuestra indudablemente es que hay una enorme incapacidad institucional a través del órgano de justicia para realmente determinar cómo ellos mismos dictaminaron la culpabilidad de estas personas. Definitivamente es un fracaso institucional”, dice Escobar.
No es la primera vez que ocurre algo como esto. En noviembre de 2024, el propio Bukele admitió haber liberado a unos 8.000 inocentes. El mandatario argumentó que las operaciones policiales no son perfectas y que países como Francia o Alemania también tienen un “margen de error” en sus capturas. Sin embargo, se ha resistido a reconocer que fue un error grave en el proceso.
“Ahora lo presenta (la liberación) como si fuera una misericordia o un favor”, dice Escobar. “¿Será que cuenta con poder para resucitar a estas personas que murieron en custodia?”, pregunta.
¿Por qué ahora?
No hay una sola causa. Escobar comenta que el próximo 26 de octubre, tres organizaciones de derechos humanos, entre ellas la suya y Cristosal, llevarán a Panamá, país que acogerá el 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema de las muertes bajo custodia en El Salvador. El Estado salvadoreño fue convocado, aunque ella admite que podría no presentarse, como ya ocurrió antes.
En marzo, en otra audiencia en Guatemala, un grupo internacional de expertos concluyó que hay bases razonables para hablar de crímenes de lesa humanidad y la viceministra de Relaciones Exteriores salvadoreña no respondió a los señalamientos. Por esta razón, Escobar cree que Bukele, por primera vez, sabe que es “probable que sea justiciable”, pues El Salvador ratificó el Estatuto de Roma en 2016.
Dicho tratado otorga competencia complementaria a la Corte Penal Internacional (CPI), así que si la justicia local evita sancionar las torturas o muertes sistemáticas bajo custodia estatal, el tribunal de La Haya puede abrir expedientes individuales contra altos mandos del gobierno, saltándose incluso la inmunidad presidencial, explica Escobar. Por esta razón, Bukele estaría intentando hacer un “control de daños” antes de que las investigaciones avancen.
“Son patadas de ahogado porque es el inicio de la caída de Bukele”, dice Escobar.
A esto se suman las presiones políticas preelectorales. Bukele buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero en El Salvador en medio de fuertes cuestionamientos. Según Escobar, hay unas 50.000 familias esperando que se libere a algún familiar que fue injustamente encarcelado.
“La sociedad también se lo pide en encuestas que considera creíbles”, dice la directora de Socorro Jurídico Humanitario.
A su vez, complementa la activista, las elecciones de medio término en EE. UU. en noviembre, en las que los demócratas parten como amplios favoritos, pueden cambiar el poder que Bukele “creía tener”. Una eventual mayoría demócrata en el Capitolio estadounidense reactivaría el escrutinio legislativo sobre el deterioro democrático y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
Los retos para la liberación de presos
El primer gran obstáculo del plan radica en la profunda incógnita sobre los criterios de selección para determinar a quién se libera. Existe un vacío institucional de origen.
“El presidente no tiene nada que ver con resolver sobre la libertad de una persona”, sostiene Escobar. Esa decisión les corresponde por ley a los jueces, añade, quienes en el marco del régimen de excepción operan bajo la jurisdicción de crimen organizado mediante la polémica modalidad de “jueces sin rostro”. Que Bukele asuma públicamente la facultad de soltar a la mitad de los reos bajo el pretexto de ser colaboradores de menor responsabilidad es, a juicio de la activista, la prueba definitiva del error que se cometió.
Para el abogado salvadoreño Luis Rivera, “estas personas no necesitan una libertad condicional de una pena que todavía no les ha sido impuesta. Necesitan que su justicia se resuelva conforme a la ley”. Y agregó que no solo debe examinarse quién sale de prisión, sino si existen acusaciones que no pueden sostenerse jurídicamente.
“No es lo mismo liberar anticipadamente a una persona condenada que reconocer que otra no debe ser condenada porque la Fiscalía no ha demostrado su responsabilidad. La diferencia es jurídica, pero también humana: una cosa es conceder un beneficio penitenciario y otra muy distinta es determinar que una persona no debe continuar sometida a un proceso penal sin fundamento suficiente”, escribió.
De fondo hay una gran discusión, como explica Rivera: si el Gobierno de Bukele reconoce hoy que existen distintos grados de participación y que las circunstancias individuales importan, ¿por qué esos criterios no tuvieron la misma relevancia desde el principio?
En línea con esto, como señaló la abogada Bertha María Deleón, Bukele ofrece un beneficio donde corresponde una reparación.
“Las víctimas de detenciones arbitrarias no solo merecen recuperar la libertad, también merecen ser indemnizadas por los daños causados por el Estado de El Salvador: el daño físico y mental que causa el encierro, sufrimiento familiar, pérdida de trabajo o estudio, daño reputacional, entre otros. ¿Quién va a responder por esto?”, escribió.
El régimen, sin embargo, parece estar diseñando este plan precisamente para eludir esa responsabilidad financiera y moral, pues al etiquetar la medida estrictamente como una “liberación condicional” para personas que legalmente siguen bajo la condición de procesados o culpables menores, el Estado salvadoreño bloquea de antemano cualquier recurso legal de indemnización por error judicial.
Los presos que salgan no lo harán limpios, sino que saldrán con antecedentes penales y bajo estricta vigilancia. Sin embargo, en el Sistema Interamericano rige el principio de la reparación integral, un estándar bajo el cual la Corte IDH ya ha obligado a diversos Estados de la región a limpiar expedientes criminales y pagar indemnizaciones millonarias por lucro cesante y daños morales derivados de detenciones arbitrarias, por lo que las víctimas tienen todavía vías para denunciar al Estado.
Finalmente está el gran obstáculo que puso el mismo Bukele. Rivera recordó que en 2025 la Asamblea reformó la Ley Contra el Crimen Organizado para prohibir expresamente la libertad condicional, incluida la anticipada, a condenados por esa modalidad (artículo 3-A). El oficialismo no ha aclarado cómo trabajará para la liberación sobre este problema jurídico.
“No basta con un anuncio presidencial. Es necesario identificar el fundamento jurídico que permitiría ejecutar la medida. Si el mecanismo pretendido resulta incompatible con la legislación vigente, el Gobierno deberá explicar qué vía legal utilizará y si será necesaria una reforma legislativa”, concluye el abogado.
¿Y los colombianos presos?
Escobar cuenta que su organización ha presentado hábeas corpus a favor de colombianos acusados de la modalidad de “gota a gota” en El Salvador, algo que en el país se califica como usura, aunque “no es como para que los tengan todo este tiempo”, según la activista. La Cancillería colombiana habló en abril de 2025 de cerca de 140 connacionales detenidos, ninguno en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El pasado agosto se contaban 130 familias esperando el regreso a casa de algún familiar. Por esto, Escobar cree que deben “alzar la voz” desde Colombia.
“El derecho a la verdad es colectivo”, dice.
El contexto, sin embargo, no ayuda. Hoy Colombia tiene como presidente a Abelardo de la Espriella, admirador declarado del modelo Bukele, cuyo Gobierno reactivó a finales de septiembre la construcción de una megacárcel al estilo salvadoreño.
En Panamá, Escobar también hablará sobre el caso de los colombianos presos. Una tercera organización que irá a Panamá desde Estados Unidos, y que litiga el caso de los venezolanos que Estados Unidos envió al Cecot, también apoyará su presentación. Queda por ver si el Estado salvadoreño comparece.
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