Cancillería investiga si hay colombianos entre los deportados a El Salvador

El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Daniel Ávila, habla durante una rueda de prensa sobre el informe de drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos este viernes, en Bogotá.

Foto: EFE - Carlos Ortega

El Gobierno colombiano está investigando si entre los 238 deportados a El Salvador se encuentran ciudadanos colombianos. Según Washington, todos son venezolanos.

Así lo hizo saber el viceministro de Relaciones Exteriores, Daniel Ávila, este viernes a la salida de una rueda de prensa en la que se habló sobre el informe de drogas y lavado de activos del Departamento de Estado de EE. UU., publicado hace unos días.

“En este momento estamos haciendo las verificaciones del caso. En caso de que se identifiquen colombianos [entre los enviados a El Salvador], se activará la red consular”, afirmó Ávila.

Mencionó al embajador colombiano en el país centroamericano, Carlos Rodríguez Bocanegra: si efectivamente hay connacionales involucrados, “es parte de la función que él tiene como embajador y su tipo de trabajar, de prestar la asistencia consular”, pero aceptó que no se tiene ninguna información concreta sobre el tema y que están a la espera de más detalles.

Tira y afloje por lucha contra e narcotráfico

Colombia, según el viceministro, reitera su compromiso “indeclinable” en la lucha contra el narcotráfico tras la publicación del informe de drogas del Departamento de Estado de EE. UU., emitido más temprano este mes, dijo rueda de prensa este viernes en Bogotá.

El nuestro es uno de los 60 países a los cuales hace referencia este informe, dentro del cual se lo presenta como “socio importante en la lucha contra el narcotráfico”, según la Cancillería.

Hay que recordar que el Informe Anual de la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes, a cargo del Departamento de Estado, afirmó que Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína, si bien “estableció récords de incautaciones de cocaína en 2023 y, según cifras del Ministerio de Defensa, superó esas estadísticas en 2024”.

Washington dice que “el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia siguen financiando economías criminales y desestabilizando comunidades debido, en parte, a la falta de desarrollo rural y seguridad”.

Además, que, a pesar de las incautaciones sin precedentes, el país necesita controlar el cultivo de coca y la producción de cocaína mediante una expansión drástica de la inversión en zonas rurales para “lograr una transición sostenible de los agricultores hacia cultivos legales y mediante un aumento de la erradicación efectiva”, porque los narcotraficantes siguen amenazando la autoridad del Estado y controlando muchas zonas.

Aunque el informe fue publicado hace varios días, la rueda de prensa se convocó luego de que la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley dirigiera un trino directamente a las cuentas de X de la Presidencia y de la Cancillería de Colombia, aceptando que la Política Nacional de Drogas de Colombia tiene objetivos admirables, pero “es momento de ver resultados (...) debido al récord de cultivos de coca, el Gobierno necesita lograr avances inmediatos y tangibles en erradicación, para el beneficio y la seguridad de nuestras naciones”.

Aunque la Cancillería ha resaltado las bondades del informe, que menciona la Política Nacional de Drogas 2023-2033: “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, reconocida como “una muy buena política”, el vicecanciller enfatizó que “al mismo tiempo, sin duda alguna, [en Estados Unidos] piden resultados”.

Por ello, reafirmó la necesidad de continuar trabajando por convicción propia y de manera articulada con Estados Unidos para lograr avances inmediatos.

“Estamos trabajando de la mano para hacer frente a este problema y reiterar que hay un compromiso indeclinable por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico”, subrayó el vicecanciller.

En este contexto, se ha resaltado que las agencias e instituciones colombianas y estadounidenses tienen una relación constante, y que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional trabajan en conjunto con agencias como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otras.

Ávila recordó que “en 2024 incautamos 884 toneladas de clorhidrato de cocaína (...) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han podido entrenar y capacitar a más de 50.000 personas en toda la región, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe”.

Todo esto ocurre en momentos de incertidumbre por los recortes a la cooperación internacional hechos por Washington, así como el futuro de la certificación de Colombia en la lucha antidrogas que Estados Unidos deberá informar el próximo mes de septiembre.

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