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Un sueño conservador que se remonta a la administración de Ronald Reagan está cerca de convertirse en realidad con Donald Trump. La semana pasada, el presidente redujo a la mitad el personal del Departamento de Educación, quienes garantizan que los niños y las niñas tengan acceso igualitario a las escuelas. La firma de la orden ejecutiva para oficializar su desmantelamiento se anunció para el jueves, alrededor de las 4 de la tarde en la Casa Blanca.
Trump y sus partidarios creen que los liberales están arruinando la educación pública al instaurar lo que llaman una “agenda progresista radical” que, según afirman, prioriza la política identitaria y el pensamiento colectivo políticamente correcto a expensas de la libertad de expresión de quienes, como muchos conservadores, tienen opiniones diferentes, dice Alex Hinton, director del Centro para el Estudio del Genocidio y los DD. HH. de la Universidad Rutgers en Newark, EE. UU., en uno de sus estudios sobre el movimiento MAGA.
Hinton explica que las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que promueven la justicia social y la teoría crítica de la raza, o la idea de que el racismo está arraigado en las instituciones sociales y legales, son un foco particular de la ira de MAGA.
Por su lado, Donald Trump ha dicho que “el Departamento de Educación ha fallado en su misión y se ha convertido en un aparato de adoctrinamiento político”, esto, sobre por qué considera que esta entidad debe desaparecer. También, en sus palabras, lo acusa de “adoctrinar a los jóvenes con material racial, sexual y político inapropiado”.
Sin embargo, aunque se realizó la firma de la orden, se supone que el presidente no puede cerrar la entidad por su cuenta. La decisión final debe pasar por el Congreso, al igual que tuvo que pasar por ahí cuando Jimmy Carter la promovió en 1979, obteniendo la mayoría de los votos para instaurarla.
Sin la aprobación de los senadores, se pone en duda la legalidad de esta medida. Pero no sería la primera vez que eso es pasado por alto por la actual administración. En días pasados, por ejemplo, deportó alrededor de 200 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, a pesar de que un juez le había prohibido esa acción, mientras se evaluaba la legalidad del asunto.
En otras palabras, una orden ejecutiva de Trump para desmantelar el Departamento de Educación “generará una considerable incertidumbre legal y política. Es bien sabido que Trump y sus aliados quieren eliminar el departamento y que no puede hacerlo legalmente sin la intervención del Congreso”, declaró Joshua Cowen, profesor de Política Educativa en la Universidad Estatal de Michigan, en The Conversation.
Esta decisión no ha pasado desapercibida. Un grupo de fiscales generales demócratas de más de 20 estados, liderados por la fiscal de Nueva York, Letitia James, presentaron una demanda para bloquear los recortes después de que más de 1.300 empleados fueran despedidos en un solo día, según The Guardian.
Otra iniciativa en contra fue tomada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), una de las principales organizaciones de derechos civiles en EE. UU., quienes calificaron la medida como inconstitucional. “Este es un día oscuro para los millones de niños estadounidenses que dependen de la financiación federal para recibir una educación de calidad, incluidos aquellos en comunidades rurales y de bajos recursos, cuyos padres votaron por Trump”, declaró Derrick Johnson, presidente de la NAACP.
A pesar de la oposición, la Casa Blanca insiste en que la medida busca “expandir las oportunidades educativas” y dar a los estados y comunidades más control sobre el sistema escolar.
Para eliminar completamente la agencia, el presidente necesitaría la aprobación del Congreso, lo que requeriría al menos 60 votos en el Senado. Actualmente, los republicanos cuentan con 53 senadores, por lo que necesitarían el apoyo de al menos siete demócratas más.
¿Qué funciones tiene el Departamento de Educación?
En general, se piensa que el Departamento de Educación administra las escuelas públicas y dicta los planes de estudio, pero este no es el caso. Esa responsabilidad recae en los gobiernos estatales y distritos locales.
Lo que la agencia sí hace es administrar los fondos para la educación, incluyendo las becas Pell para estudiantes de bajos ingresos y la supervisión de los préstamos estudiantiles federales. También hace cumplir las leyes de derechos civiles en las instituciones educativas, asegurando que no haya discriminación por motivos de raza o género y se encarga de financiar programas de educación especial, al igual que apoya proyectos de investigación en el sector educativo.
Como ejemplo concreto, justamente, la semana pasada, antes de que esta medida fuera anunciada, el Departamento de Educación abrió investigaciones contra más de 50 universidades, acusándolas de prácticas de exclusión racial en sus programas de posgrado.
No obstante, en cuanto a ciertas políticas del departamento, sí hay un punto de conflicto con programas de “elección escolar”, que permitirían a los padres utilizar fondos públicos para inscribir a sus hijos en escuelas privadas o religiosas, según la BBC.
Presupuesto y número de empleados
El grueso del financiamiento para la educación pública en EE. UU. proviene de los estados y gobiernos locales. En 2024, el país destinó más de US$857.000 millones a la educación primaria y secundaria, con un gasto promedio de US$17.280 por estudiante, según Samantha James de Educational Walkthrough, un software educativo estadounidense de asistencia a superintendentes y otros educadores.
Hasta la semana pasada, el Departamento de Educación contaba con más de 4.000 empleados. Sin embargo, tras los recortes de Trump, la agencia fue reducida casi a la mitad, además de otras 600 renuncias voluntarias.
Trump junto a su asesor multimillonario Elon Musk, del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), han intentado cerrar programas e instituciones gubernamentales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), sin la aprobación del Congreso, lo cual llegó a hacerse realidad, como una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó al asumir su segundo mandato en enero.
Todavía es incierto el futuro de la educación
Hasta hace una semana los despidos masivos afectaron principalmente a dos áreas clave: la Oficina de Derechos Civiles y la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. Estas oficinas son responsables de investigar denuncias de discriminación en las escuelas y gestionar los préstamos y subvenciones para estudiantes universitarios, pero ahora, enfrentando una eliminación total del departamento, todas las oficinas se encuentran en riesgo.
Con esta nueva iniciativa de Trump, se habla de trasladar las funciones de este departamento a otros, como dejarle la gestión de préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro y la supervisión de los derechos civiles en manos del Departamento de Justicia.
Ante la incertidumbre, decenas de manifestantes se reunieron el 13 de marzo frente a las oficinas del Departamento de Educación en Washington, para protestar contra los despidos masivos y los recortes presupuestarios en la agencia.
Pero, mientras el proceso de desmantelamiento se concreta y avanza, el futuro del sistema educativo de EE. UU. queda en una posición incierta. Si bien Trump ha logrado reducir la agencia, su cierre total sigue siendo un desafío político que dependerá de las próximas decisiones en el Congreso.
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Por Alana Barguil
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