El presidente estadounidense, Donald Trump, oficializó este jueves la reclasificación del cannabis, que pasa de la Lista I, la categoría más restrictiva en donde están la heroína y el LSD, a la Lista III, donde se encuentran sustancias como la ketamina, los esteroides anabólicos o el Tylenol con codeína.
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Con esto, el gobierno reconoce oficialmente que el cannabis sí tiene aplicaciones terapéuticas y un riesgo de dependencia menor, lo que marca un cambio en el mercado estadounidense, en el que el cannabis ya mueve USD 30.000 al año.
Aunque la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, este cambio elimina barreras burocráticas que han persistido desde 1970, cuando la administración de Richard Nixon inició la “Guerra contra las Drogas”.
En términos prácticos, la reclasificación permitirá a los productores de marihuana registrarse ante la Administración para el Control de Drogas (DEA), legitimar los 40 programas de cannabis medicinal en los estados y, sobre todo, abrir las puertas a una investigación científica profunda sobre la seguridad y eficacia de la planta para cerrar la brecha entre el uso actual y el conocimiento médico.
La administración Trump fundamentó esta decisión en la necesidad de “expandir el acceso de los estadounidenses a opciones de tratamiento médico”. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia. Detrás de esta orden ejecutiva se encuentra una estrategia de cabildeo de meses, donaciones políticas masivas y la influencia directa de Kim Rivers, CEO de Trulieve, una de las compañías de cannabis más grandes del país y aliada estratégica del mandatario republicano.
La “reina del cannabis” en EE. UU.
Kim Rivers, de 48 años, ha pasado de manejar un solo dispensario en Tallahassee a liderar un imperio de USD 1.200 millones en ventas anuales con presencia en ocho estados. Considerada la “susurradora de Trump” en el sector, según Forbes, Rivers no solo invirtió más de USD 150 millones en campañas de legalización en Florida, sino que su empresa aportó USD 750.000 al comité inaugural de Trump y otros USD 250.000 a un super PAC vinculado al mandatario.
Esto le permitió a Rivers ganarse un puesto en las reuniones en el Despacho Oval y en Bedminster, donde presentó la reforma no como un tema de “drogas”, sino como uno de libertad personal y bienestar. Su éxito radicó en su capacidad para actuar como una CEO respetada que hablaba el mismo lenguaje empresarial que Trump.
“No ha habido ni una sola vez que haya tenido el privilegio de estar con el presidente donde no se mostrara favorable al cannabis medicinal”, recordó Rivers en entrevistas recientes.
Su influencia fue tan determinante que, en reuniones clave, Rivers debatió directamente con el líder de la mayoría republicana en la Cámara, Mike Johnson, quien se oponía a la medida por razones morales. Con el respaldo de otros aliados del presidente, como el ejecutivo financiero Howard Kessler y el sheriff Gordon Smith, Rivers convenció a Trump de que el cannabis debía ser tratado como cualquier otro sector económico legítimo.
¿Qué tan significativo es el cambio?
Para el mercado bursátil, el anuncio fue una inyección de adrenalina. Las acciones de compañías como Tilray saltaron un 42 % en diciembre, cuando se anunció la medida, mientras que Canopy Growth, otra compañía de gran presencia en el país, ganó más de un 18 %. La razón de este optimismo no es solo el prestigio de la legalidad, sino también el fin del castigo financiero.
Al pasar a la Lista III, las empresas de cannabis dejan de estar sujetas al código fiscal 280E, una norma diseñada para narcotraficantes que impedía deducir gastos comerciales estándar, elevando las tasas impositivas reales hasta un asfixiante 60 %, lo que dificultaba las ganancias netas para las compañías como la de Rivers.
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Para Rivers y Trulieve, esto significa pasar de una pérdida neta de USD 122 millones el año pasado a la rentabilidad “de la noche a la mañana”. La empresa ya había reclamado reembolsos al IRS por USD 114 millones basándose en su teoría de que no son traficantes de drogas, sino operadores estatales licenciados. La orden de Trump valida esta postura y abre la puerta para que estas compañías coticen en las principales bolsas de valores de EE. UU. y atraigan el interés de inversores institucionales.
Sin embargo, no todos están celebrando. Aunque la reclasificación es un paso gigante, la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana (Norml) advierte que la medida es, en gran parte, “simbólica” mientras no se logre la eliminación total de la lista de sustancias controladas.
Morgan Fox, vocero de la organización, señala que más de dos tercios de los estadounidenses apoyan la legalización total y que mover el cannabis a la Lista III solo permite conversaciones políticas “que no empiecen y terminen con una definición de narcótico peligroso”.
Dentro del propio Partido Republicano, la división es profunda. Casi 50 legisladores de la Cámara y el Senado enviaron cartas a Trump instándolo a dar marcha atrás. Figuras como la exrepresentante Marjorie Taylor Greene criticaron duramente la medida, asegurando que la respuesta de Trump ante la crisis económica del país es “darles marihuana para que estén demasiado drogados para notar que están en la quiebra”. Otros, como el congresista Andy Harris, calificaron la decisión como “mala política” que premia actividades previamente criminales con beneficios fiscales retroactivos.
Ahora, la orden entra en un periodo de 30 días de comentarios públicos antes de ser oficial en el Registro Federal. Por ahora, una cosa es segura: Rivers ha logrado que el cannabis tenga, finalmente, un asiento permanente en la mesa del poder en Washington.
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La paradoja de la exportación: de EE. UU. hacia el mundo
Pero mientras la administración Trump celebra este alivio financiero para sus aliados, surge una contradicción geopolítica. Trump ha endurecido su retórica contra otros países por “inundar” a EE. UU. con drogas, pero los datos revelan que el cannabis legal estadounidense está inundando los mercados ilegales de Europa.
Debido a un exceso de producción histórica, donde el precio del gramo en estados como Oregón ha caído de USD 3,57 en 2020 a apenas USD 1,60 en 2025, el excedente está cruzando el Atlántico. Según The Irish Times, el valor del cannabis incautado en Irlanda procedente de EE. UU. pasó de 1,1 millones de euros en 2019 a 46 millones de euros en 2025. La mercancía llega en maletas de pasajeros y paquetes postales desde dispensarios legales norteamericanos, desplazando a los productores locales europeos con un producto más barato y potente, por lo que la reclasificación también representa un desafío para otros países.
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