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La jueza federal de Estados Unidos Paula Xinis ordenó a cuatro altos funcionarios de la administración de Donald Trump que testifiquen bajo juramento sobre los esfuerzos —o la falta de ellos— para repatriar a Kilmar Ábrego García, un hombre salvadoreño que fue deportado sin el debido proceso a una prisión en El Salvador.
A pesar de contar con una orden judicial que le protegía de ser expulsado del país, Ábrego García fue deportado el 15 de marzo de 2025 en medio de las nuevas políticas migratorias de Trump. Según documentos judiciales, Ábrego García fue trasladado a El Salvador sin agotar sus recursos legales, en lo que su defensa calificó como una violación del debido proceso y actualmente se encuentra detenido en una prisión salvadoreña, mientras su familia y abogados exigen su retorno inmediato.
“Fue enviado a una cárcel sin razón, sin juicio, sin justicia. Solo queremos que lo traigan de vuelta”, declaró afuera de los juzgados que la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura.
Aunque la justicia ha abogado por la repatriación del salvadoreño, el gobierno federal ha ignorado las órdenes judiciales. Xinis afirmó que aún no declararía en desacato al gobierno federal, pero que necesitaba acceder a testimonios cerrados y documentos clave para determinar si la administración está cumpliendo con su orden judicial de repatriar al migrante.
“Hasta la fecha, lo que consta en los registros es que no se ha hecho nada. Nada”, expresó la jueza, visiblemente molesta, según reportó Reuters.
La jueza había solicitado actualizaciones diarias sobre las acciones del gobierno para facilitar su regreso, pero aseguró que la información recibida ha sido insuficiente y vaga. El caso ha generado preocupación sobre un posible desacato judicial y el aparente desafío del poder ejecutivo a las órdenes de los tribunales.
“No se tolerarán maniobras engañosas ni exhibicionismo”, advirtió Xinis. Aunque evitó ordenar explícitamente que la administración solicite al gobierno de El Salvador la liberación del detenido, calificó de “sorprendente” su negativa a hacerlo. “No te estoy ordenando que hagas eso”, dijo la jueza.
El caso ha elevado las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo. Mientras la jueza defiende la autoridad de su tribunal, funcionarios de la administración Trump han insinuado que las decisiones judiciales interfieren con la política exterior, la cual, dicen, es facultad exclusiva del Ejecutivo. El propio presidente Trump ha señalado que solo acataría una orden directa de la Corte Suprema para restituir a Ábrego García.
Entre los funcionarios llamados a testificar antes del 23 de abril están altos representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El abogado del gobierno, Drew Ensign, indicó que algunos de ellos podrían apelar al privilegio abogado-cliente durante sus declaraciones.
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