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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este viernes 24 de julio que tres ciudadanos colombianos permanecen detenidos en Arabia Saudita y aseguró que les ha brindado asistencia consular desde el año pasado, en coordinación con la Embajada de Colombia en ese país y los consulados competentes.
En un comunicado, la Cancillería indicó que ha realizado gestiones con las autoridades saudíes dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, con el fin de garantizar el acompañamiento institucional a los connacionales mientras avanza su proceso judicial.
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Según el Ministerio, los familiares de los tres colombianos han mantenido contacto permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada en Arabia Saudita. Además, señaló que las solicitudes presentadas por los allegados han sido respondidas conforme a la ley y que también han recibido atención presencial en Bogotá por parte del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales.
La entidad explicó que continuará haciendo seguimiento al caso mediante la verificación de las condiciones de detención, la comunicación con las familias y las gestiones necesarias para procurar el respeto al debido proceso y a los derechos de los colombianos detenidos, sin intervenir en las decisiones de las autoridades judiciales saudíes.
El pronunciamiento de la Cancillería se da luego de que los familiares de los connacionales denunciaran su detención y pidieran más atención del gobierno nacional.
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Aunque el Ministerio no reveló las identidades de los colombianos ni los delitos por los que fueron capturados, el comunicado busca responder a las inquietudes sobre el acompañamiento diplomático y aclarar que las autoridades colombianas han realizado seguimiento al caso desde 2025.
En Arabia Saudita, el sistema judicial contempla sanciones severas para distintos delitos, especialmente los relacionados con narcotráfico y tráfico de drogas, incluidos casos en los que puede imponerse la pena de muerte. Por ello, la Cancillería reiteró que sus actuaciones deben realizarse con pleno respeto a la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales saudíes.
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