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Este miércoles, Estados Unidos autorizó a Arabia Saudita a avanzar en su programa nuclear civil, incluido el enriquecimiento de uranio, una decisión que rompe con el estándar de no proliferación que Washington había mantenido durante décadas en Oriente Medio.
Lo firmaron el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, en lo que se conoce como el “acuerdo 123”.
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El contraste que más se menciona es con Emiratos Árabes Unidos, que en 2009 firmó su propio acuerdo 123 con Washington para construir la planta nuclear de Barakah, pero renunció expresamente al enriquecimiento de uranio, un modelo que los especialistas llaman el “estándar de oro” de no proliferación. Arabia Saudita, en cambio, ha resistido históricamente cualquier cláusula que le obligue a renunciar al ciclo completo del combustible nuclear.
¿Por qué Estados Unidos tiene esa “potestad”?
Estados Unidos, cómo tal, no tiene autoridad sobre el uranio que se produce en Arabia Saudita pero si controla algo aún más clave, la tecnología, el equipo y los materiales nucleares de origen estadounidense.
Esto es gracias a la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954 es el punto de partida de todo el mecanismo, y de ahí viene el nombre “acuerdo 123” que se usa en las noticias. Esta ley prohíbe a cualquier entidad estadounidense compartir tecnología nuclear, combustible, equipo o conocimiento técnico con un gobierno extranjero, a menos que exista antes un acuerdo bilateral de cooperación nuclear aprobado bajo esa misma sección.
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Estados Unidos mantiene el control del proceso en varios niveles. El primero es legal: un acuerdo 123 es indispensable para que empresas estadounidenses, como Westinghouse, puedan vender reactores, combustible enriquecido o tecnología nuclear a otro país. Sin ese pacto en vigor, esas operaciones simplemente no pueden realizarse.
El segundo filtro es político. Aunque los gobiernos firmen el acuerdo, este debe pasar por la revisión del Congreso, que puede modificarlo o incluso bloquearlo si considera que las garantías de no proliferación son insuficientes. Ese es precisamente uno de los obstáculos que enfrenta actualmente el acuerdo con Arabia Saudita.
A esto se suma la influencia internacional de Washington. Como uno de los principales miembros del Grupo de Suministradores Nucleares (NSG) y con un peso importante en el OIEA, Estados Unidos también participa en la definición de las reglas y salvaguardias que rigen el comercio mundial de tecnología nuclear, lo que amplía su capacidad para condicionar este tipo de acuerdos.
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Sin embargo, según informó The New York Times, las negociaciones entre Washington y Riad contemplan un acuerdo que podría ser más flexible que otros pactos de cooperación nuclear suscritos por Estados Unidos con aliados como Emiratos Árabes Unidos. Entre las posibilidades estaría autorizar a Arabia Saudita a desarrollar capacidades para enriquecer uranio bajo determinadas condiciones.
Este aspecto es uno de los más sensibles del acuerdo. Aunque el enriquecimiento de uranio es necesario para producir combustible destinado a reactores nucleares civiles, la misma tecnología puede emplearse para obtener material apto para armas nucleares si alcanza niveles más altos de enriquecimiento. Por ello, la posibilidad de que Arabia Saudita adquiera esa capacidad ha despertado inquietud, especialmente en medio de las crecientes tensiones y la inestabilidad que atraviesa Oriente Medio.
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