Cada vez se conocen más detalles del entramado de corrupción que salpica las altas cortes peruanas e importantes cargos públicos del país. Hoy la fiscal Sandra Castro concluyó, en un informe remitido al fiscal supremo Pablo Sánchez, que tres de los cinco fiscales supremos actuales están involucrados en 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Por este motivo el congresista independiente Gino Costa aseguró: "Para que puedan ser investigados, tienen que dar un paso al costado".
(Ver más: En Perú tienen su propio "Cartel de la Toga")
Agregó que legisladores de todas las bancadas del Congreso, con excepción del partido fujimorista Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano (PAP), firmaron el documento que presentaron hoy ante el Ministerio Público para solicitar que tanto Chávarry como los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez "sean separados de sus cargos a fin de que sean investigados".
Las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez investigan desde hace seis mes la red criminal denominada "Los Cuellos Blancos del Puerto", que presuntamente encabezaba el suspendido juez supremo César Hinostroza y negociaba fallos y traficaba ascensos en la Judicatura.
Castro ha presentado una denuncia basada en testimonios de colaboradores implicados en el caso que declararon que la elección de Chávarry, en julio pasado, respondió a los intereses de la organización criminal para mantener su influencia en la Judicatura.
Mientras los congresistas entregaban el documento en la sede del Ministerio Público, ubicada a pocas cuadras del Palacio Legislativo, llegó al lugar un pequeño grupo de simpatizantes del partido fujimorista Fuerza Popular, quienes con carteles en mano rechazaron ese pedido y señalaron que Chávarry "lucha contra los corruptos".
(Ver más: Fiscal de la Nación peruano estaría involucrado en escándalo de corrupción)
Sin embargo, estos manifestantes fueron confrontados por otros ciudadanos que reclamaron la salida del actual fiscal general, cuya renuncia inmediata también ha sido exigida por instituciones como la Asociación Civil Transparencia y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
A pesar de que su permanencia también ha sido criticada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el primer ministro, César Villanueva, Chávarry asegura que es víctima de un complot y piensa mantenerse en el cargo para luchar contra "los corruptos de este Gobierno y los anteriores".
La juez superior Susana Castañeda, coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Sedcf), informó este fin de semana que actualmente se procesa a 707 personas por delitos de corrupción en el país y que el último expediente ingresado es el de "Los Cuellos Blancos del Puerto".
Esta investigación involucra a 13 personas, entre ellas varios magistrados, quienes están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y otros. La magistrada dijo que ante el "estado crítico por los hechos de corrupción detectados en el sistema de justicia" el tribunal que preside considera "que es necesario pronunciarse en un plazo razonable".
Por -Redacción Internacional con información de EFE
