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La Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado este martes al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación”, considera que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
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“Las investigaciones internas parecen no abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto delito de persecución y la investigación aparentemente insuficiente de los delitos de naturaleza sexual”, señaló la Sala.
No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión “no impide” que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la “inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.
Además de los argumentos del fiscal para reanudar la investigación y las observaciones de las autoridades venezolanas en contra de la reapertura del caso, los jueces han tenido en cuenta unas 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000, y la oficina del fiscal de la Corte recibió en septiembre de 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
En noviembre de 2021, la oficina del fiscal anunció que el examen preliminar iniciado en base a esa remisión había concluido y que se había tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela.
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En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas, quienes continuarían buscando pesquisas en este caso.
Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autoricen reanudar esa investigación porque Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso.
Desde entonces, Caracas y el fiscal han estado presentado sus respectivas réplicas a la Sala, durante un proceso en el que Venezuela acusó a Khan de “instrumentalizar” la justicia “con fines políticos”.
¿Cuáles son los crímenes investigados?
Desde que Nicolás Maduro llegó al Palacio de Miraflores, varias ONG de derechos humanos han hecho seguimiento sobre la manera en que el jefe de Estado maneja la protesta social y, según ellos, persigue a contrincantes políticos.
La organización PROVEA, por ejemplo, explicó que mientras Maduro ha ocupado la presidencia, Venezuela se convirtió en una “fábrica de exclusión y desigualdad”.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos.
En 2019, Michelle Bachelet, antigua comisionada para derechos humanos de la ONU, explicó que su oficina documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”. También denunció tortura y violencia sexual, así como persecución a los medios de comunicación.
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Sin embargo, desde esa Comisión de Naciones Unidas también se documentaron casos de “de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales”, según dijo Bachelet en aquel momento.
Un año después, en 2020, Bachelete aseguró que las pesquisas de la Comisión identificaron una estrategia dedicada a “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, una estrategia que se venía aplicando hacía casi diez años. Ese informe se elaboró por petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La investigación aseguró que hay un patrón en la violación de derechos humanos y crímenes en Venezuela.
Human Rights Watch (HRW) también ha hecho varias denuncias sobre Venezuela. En 2016, hizo saltar las alarmas por la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones.
Según HRW, ocurrieron varias muertes. “Las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales”.
En 2019, denunció al gobierno de Maduro por detención y tortura de militares, “acusados de conspirar”. El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, decía entonces el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. Los detenidos denunciaron palizas brutales, asfixia, cortes con cuchillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
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