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Cuba empieza liberación de 553 presos mientras crecen las denuncias por represión

Organizaciones sociales han criticado la liberación de presos en Cuba por la ambigüedad en sus comunicados y temor a nuevas detenciones.

Redacción Mundo

15 de enero de 2025 - 02:05 p. m.
Cuba aclara que excarcelación de 553 presos no es una amnistía y podrían volver a prisión.
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa
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El gobierno cubano comenzó a liberar a una parte de las 553 personas que mantiene detenidas, como había anunciado el martes en respuesta a la retirada de la isla de la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo.

Algunos familiares de varios detenidos confirmaron las excarcelaciones. Rosabel Loreto, quien fue informada sobre la liberación de su suegra, Donaida Pérez Paseiro, dijo que entró a la prisión a las 7 de la mañana “y media hora después estaba liberada”.

Otros familiares, incluidos los de manifestantes arrestados durante las protestas de julio de 2021, conocidas como el 11-J, también reportaron que recibieron llamadas de la seguridad del Estado anunciando la liberación.

La ONG Justicia11J, que documenta casos de presos políticos en Cuba, también confirmó al menos una liberación a través de sus redes sociales. Sin embargo, las autoridades cubanas no han brindado detalles oficiales ni han publicado una lista de los excarcelados.

Mientras familiares celebran la noticia, organizaciones de derechos humanos, como Civil Rights Defenders, han señalado la importancia de que la comunidad internacional mantenga la presión sobre Cuba y advierten sobre la ambigüedad del anuncio y alertan que el régimen continúa encarcelando a nuevos manifestantes y activistas.

“El anuncio no clarifica si las personas serán liberadas y bajo qué figura jurídica, si se tratará de personas prisioneras por razones políticas. Además, la medida puede abrir la puerta a futuras represiones contra estas personas.”, expresó María Pía Alvira, directora para América Latina de la organización.

También alertó sobre la posibilidad de que los liberados enfrenten restricciones como destierro o “país por cárcel”, similares a las aplicadas en Nicaragua.

“Sería una pésima noticia que las personas que obtengan beneficios terminen desterradas como ha sucedido en Nicaragua en los últimos años o con ‘país por cárcel’ como en el caso de la Primavera Negra en 2003″, remató.

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Cuba: sigue la represión

Durante 2024, 166 nuevos presos políticos ingresaron a las cárceles del país, lo que eleva el total de prisioneros políticos a 1.161. Este número incluye 130 activistas, 22 artistas y 10 periodistas, muchos de los cuales han sido condenados bajo acusaciones fabricadas de delitos comunes como “atentado” o “desórdenes públicos”.

La medida, anunciada escuetamente por el gobierno cubano, ha generado interpretaciones diversas. Según el comunicado oficial, las liberaciones se realizarán gradualmente, basadas en análisis jurídicos que no especifican si las personas liberadas recuperarán plenamente sus derechos o quedarán sujetas a figuras como la libertad condicional o licencias extrapenales.

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Desde Prisoners Defenders se denuncia que estas excarcelaciones podrían no ser más que beneficios penitenciarios negados durante años. “Excarcelar en estas condiciones no es liberar”, señala el informe más reciente de la organización. Esta práctica podría traducirse en nuevas formas de hostigamiento y represión, ya que los excarcelados seguirían bajo amenazas de ser devueltos a prisión.

Artistas bajo represión

El encarcelamiento de artistas es un ejemplo claro del intento del régimen de restringir la libertad de expresión. Actualmente, 22 artistas cumplen condenas que suman más de 137 años de prisión. Entre ellos destacan figuras como Maykel Castillo Pérez (Osorbo), ganador de dos Grammy Latinos, y Luis Manuel Otero Alcántara, reconocido internacionalmente como defensor de la libertad artística en Cuba. Ambos han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.

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El caso de Jessica Lisbeth Torres Calvo, artista visual detenida tras las protestas del 11 de julio de 2021 y condenada a 10 años de prisión, ilustra la vulnerabilidad de los creadores frente al Decreto 349, una ley que exige permiso estatal para cualquier expresión artística.

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