El pasado 3 de octubre, durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente Gustavo Petro dijo: “Los datos últimos que tengo es que ya el sentido (de la migración) no es de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela”. Varias voces, como la de Txomin Las Heras Leizaola, presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, no tardaron en señalar no solo la falta de fundamento que tiene esa afirmación, sino lo dañino que puede ser tomar decisiones de política pública con base en ella.
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Una observación como la de este y otros investigadores cobra particular relevancia en medio de la crisis por la que atraviesa Necoclí, Antioquia, un municipio de poco más de 60.000 habitantes que a diario está recibiendo unas 2.000 personas que buscan migrar hacia el norte del continente atravesando el Tapón del Darién. Del total que hace esa travesía, alrededor del 70 % actualmente son de origen venezolano, según cifras de autoridades colombianas y panameñas. Así, la salida de personas de Venezuela y de otros países de la región sigue siendo una realidad apremiante.
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para junio y julio de este año, casi el 55 % de las personas que cruzan el Darién habían vivido el último año en Venezuela. Por si fuera poco, esta semana se conocieron los datos más recientes del “Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA)”, realizado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, vea más sobre la situación de Colombia en este informe en la página 11).
Según el RMNA, en el último año la población venezolana en países receptores de migrantes en América Latina ha aumentado en un millón de personas, de casi cinco millones a seis millones. En total, en todo el mundo, 7,1 millones de personas venezolanas han dejado su país, casi un millón más también con respecto a la cifra de noviembre del año pasado (6,04 millones). De acuerdo con el mismo informe, más del 73 % de la población venezolana en la región pasa necesidades.
“De acuerdo con los hallazgos del RMNA, la mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costear tres comidas diarias y no tiene acceso a una vivienda digna y segura. Para comprar comida o evitar vivir en la calle, muchas personas venezolanas se ven obligadas a recurrir al sexo de supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento”, señaló la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), a propósito de los resultados del RMNA, cuya plataforma autora es codirigida precisamente por Acnur y la OIM.
Si bien, como dice María Clara Robayo, docente e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas personas que habían salido de Venezuela regresaron debido a la falta de oportunidades que regional y globalmente se redujeron a causa de la pandemia, la emigración sigue siendo “contundentemente mayor” que el retorno. Se trata de personas que siguen buscando mejores condiciones de vida o los medios para subsistir, pero que en lugares como el Darién se encuentran con riesgos, abusos y violación de derechos humanos.
Para Robayo, lo que está sucediendo allí es consecuencia de varios factores. Lo primero que dice es que el flujo migratorio a través del Tapón del Darién, por parte de población principalmente caribeña, asiática y africana, ya se podía evidenciar desde principios de este siglo. “Son rutas de migración irregular, usualmente mediadas por redes de tráfico de migrantes y trata de personas. Desde 2021 se suma la población venezolana, y no solamente se suma, sino que hoy es la migración más importante en términos numéricos”, apunta.
Según datos que la OIM obtuvo a partir de 230 encuestas, con corte a julio, “en los primeros siete meses del año (2022) ingresaron (a Panamá) un total de 71.012 personas en tránsito irregular por la frontera con Colombia. Las personas de nacionalidad venezolana constituyen el grupo más numeroso, 63,29 % (con 44.943 personas), seguido por 4.821 personas de nacionalidad haitiana y 3.133 de nacionalidad cubana”.
Además de las condiciones de vida y falta de oportunidades, Robayo señala otras causas de esta realidad, particularmente respecto a la población venezolana. Por el lado político, menciona que el gobierno de Joe Biden llegó con promesas de campaña relacionadas con la regularización e integración de la población migrante. “Si bien las políticas no han avanzado mucho en esa materia, sí ha habido manejos específicos para la migración venezolana, como en materia del TPS (Estatus de Protección Temporal) o el hecho de que hoy Estados Unidos no pueda devolver ciudadanos porque no tiene relaciones con Venezuela. Eso hace que muchas personas opten por pasar la frontera de manera irregular y empezar ahí procesos legales para mantener su estancia”, explica.
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Por otro lado, comenta que América Latina “ha fallado de alguna manera en su idea de integrar a la población migrante”; muestra de eso ha sido la incapacidad para integrar efectivamente flujos migratorios como el de Haití (que vive una de las peores crisis políticas, económicas, sociales y de seguridad en el mundo) o Cuba, que vienen de tiempo atrás. Pero, además, como hemos dicho en este espacio, las decisiones de un país afectan a todo el vecindario. “México hace más de un año pide visa (para la población venezolana) y así lo han hecho en efecto dominó otros países; eso es optar por el hecho de que esta población tome un trayecto largo desde la irregularidad”.
En un intento por comprometer a toda la región, en junio pasado, en la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos, una veintena de países firmaron la Declaración de Los Ángeles con miras a que todos asuman una responsabilidad en la situación. Concretamente el objetivo es que las naciones expandan las oportunidades que ofrecen para migrar ordenadamente y, así, contener la llegada irregular de personas por la frontera con México. Un dato: según la OIM, el 95 % de quienes cruzan el Darién dicen tener como destino final Estados Unidos.
Justamente para seguir atajando la problemática, esta semana Estados Unidos anunció un acuerdo con México para aceptar la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos vía aérea, de forma similar a como se admitió a población ucraniana, y los que entren de forma irregular serán devueltos. “Eso es una externalización de la gestión migratoria por parte de Estados Unidos. México, en gran medida, va a recibir esa carga migratoria. Puede que eso desincentive el flujo por el Tapón del Darién, pues habrá más control y las personas serán expulsadas de Estados Unidos”.
Sin embargo, agrega, la medida anunciada “no contrarrestará las causas de la migración: la situación que viven los venezolanos en Venezuela o en otros países”, indica Robayo. Por el contrario, la experta cree que eso generará más represamientos (recordemos que en Necoclí la magnitud ha sido de unas 9.000 personas). Al respecto, el nuevo director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, convocó el jueves a la mesa “Diálogo de Frontera”, cuyo fin era “escuchar y formular estrategias en torno a la crisis migratoria que por estos días se vive en el Urabá antioqueño”. Al cierre de esta edición, sin embargo, aún no se conocían resultados o conclusiones.
Para la profesora Robayo, si bien Estados Unidos está monitoreando el avance de la Declaración de Los Ángeles, Colombia, como primer país receptor de población venezolana (con casi 2,5 millones, según la cifra más reciente de Migración Colombia), sigue siendo el líder en materia de medidas adoptadas para atajar el desafío migratorio. Por lo mismo, señala la experta, avanzar en políticas y acciones para regularización e integración en toda la región, con un enfoque de corresponsabilidad, es lo que se necesita para ayudar a aliviar la situación.
“A pesar de los avances alcanzados a través de diversas iniciativas de regularización y documentación implementadas en toda América Latina y el Caribe, el aumento de las necesidades humanitarias evidencia la necesidad urgente de mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo, según un nuevo análisis”, resaltó Acnur con motivo de la publicación del RMNA.
En el más corto plazo, la presencia institucional es una de las principales necesidades. “Aquí ha venido Defensoría y ha emitido unas alertas que se quedan ahí porque no se ha visto al Estado”, dijo el personero de Necoclí, Wilfredo Menco, en respuesta a la pregunta sobre los controles de la situación en el municipio. Sobre una posible solución, en la entrevista que dio a este diario el pasado miércoles, señaló: “Hemos hecho los llamados necesarios y suficientes, pero dado que eso no tiene ningún efecto, creo que lo que nos queda por aplicar son las vías jurídicas, y en ese sentido estamos mirando cómo desarrollar acciones que obliguen a entidades como el ICBF a por lo menos hacer controles en la zona”.
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Según el diagnóstico de la OIM, el 25 % de las personas que cruzan el Darién son mujeres y el 12 % de los acompañantes de las personas encuestadas eran menores de edad. El 84 %, además, dijo no haber recibido ningún apoyo institucional antes de llegar a la zona.
Para María Clara Robayo, es evidente que el control inmediato debe ser integral. Por un lado, señala la responsabilidad que tienen el Estado, las organizaciones de cooperación, los medios de comunicación, entre otras entidades, de informar a las personas sobre la realidad y los riesgos a los que se enfrentan, principalmente por las redes de trata y tráfico de personas, pero por supuesto también en materia de vigilancia y garantías de derechos humanos. Dado que en la zona hay grupos armados, las fuerzas del Estado también deben hacer presencia, agrega.
Finalmente, no sobra anotar que para muchas personas que han estudiado o seguido de cerca el flujo de personas migrantes y refugiadas en Colombia ha sido sorprendente la ausencia del asunto migratorio en la agenda de restablecimiento de relaciones con Venezuela. Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que Colombia ha sido destacada como ejemplo global en materia de recepción, regularización y ahora integración migrante.
De hecho, hasta los más críticos del gobierno anterior reconocieron esa labor, cuyo “broche de oro” fue la expedición del CONPES 4100 para la integración social y económica de la población venezolana en Colombia. Sobre lo desdibujado que ha quedado el asunto, Robayo cree que “el manejo de la migración debe tener una independencia de la agenda política que tenga este gobierno con el de Venezuela”, que, por cierto, ha tratado de minimizar la existencia del éxodo de población. Robayo está de acuerdo con que no se puede alimentar la narrativa del supuesto retorno masivo de personas al país vecino.
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