América Latina y el Caribe se enfrenta a la necesidad de fortalecer sus vínculos estratégicos y de avanzar hacia una integración regional más efectiva en un periodo marcado por las tensiones geopolíticas, el auge del proteccionismo y el debilitamiento del orden internacional basado en reglas. Históricamente, la región ha mostrado dificultades para impulsar agendas comunes, articular posiciones frente a los desafíos globales y establecer mecanismos que dinamicen sus economías. Sin embargo, este contexto plantea la oportunidad de repensar el papel de América Latina y el Caribe en la arena internacional, consolidando una voz unificada que priorice el interés colectivo por encima de divisiones ideológicas.
En este sentido, la integración debe entenderse como una política de Estado capaz de abordar desafíos que trascienden fronteras, como la seguridad alimentaria, el cambio climático, los flujos comerciales y las crisis migratorias. Su carácter transnacional exige respuestas coordinadas entre los países de la región. Colombia, en un contexto de creciente apertura al diálogo regional y participación en foros multilaterales, tiene la oportunidad de impulsar una agenda basada en la cooperación, la confianza mutua y la construcción de consensos.
Asumir este rol implica que Colombia aproveche su posición como presidente pro tempore de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En estos espacios se requiere de una diplomacia activa que fortalezca las capacidades de concertación, fomente el diálogo político permanente y asegure que las iniciativas respondan a las demandas legítimas de la ciudadanía.
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Integración más allá del discurso
América Latina y el Caribe cuentan con una arquitectura institucional amplia y diversa que proclama objetivos comunes como la concertación política, el desarrollo sostenible, la equidad social y la integración económica. Sin embargo, muchos de estos organismos no logran traducir sus mandatos en resultados concretos. Esto se debe, en gran medida, a la visión cortoplacista de los Estados miembros, las persistentes disputas ideológicas y la duplicidad de esfuerzos, que socavan la efectividad de los compromisos adquiridos y frenan el avance de una integración con impacto real.
En este sentido, fomentar un comercio intrarregional más dinámico se perfila como un paso esencial para superar las barreras que han limitado la implementación de iniciativas regionales con potencial para mejorar la calidad de vida en la región. América Latina y el Caribe aún tienen una deuda pendiente en materia de integración económica: mientras que en Europa el comercio intrarregional representó alrededor del 68% de los intercambios totales en 2024, según estimaciones de la UNCTAD, en América Latina y el Caribe alcanzó el 13%, levemente superior al 12% reportado por África, el continente con la tasa más baja del mundo. Esta brecha refleja no solo una integración comercial débil, sino una asignatura pendiente para fortalecer los mercados.
Para avanzar en esa dirección, no basta con el diálogo entre los actores regionales; es necesario coordinar estrategias entre los distintos bloques para reducir la fragmentación institucional y evitar duplicidades. La convergencia entre aliados es indispensable para generar sinergias orientadas a una mayor cohesión regional, particularmente en el escenario internacional. En un orden global en transformación, América Latina y el Caribe necesitan actuar de manera concertada para impulsar agendas comunes que maximicen sus capacidades y beneficios colectivos.
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Grandes retos, nuevas oportunidades
Colombia ha orientado históricamente su política exterior bajo la doctrina del respice polum (“mirar hacia el norte”), priorizando relaciones estrechas con Washington en materia de cooperación bilateral. No obstante, este enfoque ha contribuido a un relativo distanciamiento de los procesos de integración con sus vecinos latinoamericanos. Frente a los desafíos actuales, se abre una oportunidad para revitalizar el enfoque del respice similia (“mirar hacia sus semejantes”), promoviendo vínculos más sólidos con los países de la región. Este giro está respaldado por el artículo 9 de la Constitución Política, que establece como mandato el impulso de la integración latinoamericana y caribeña como orientación fundamental de la política exterior colombiana.
A propósito de la Cumbre del Gran Caribe, celebrada en Cartagena y Montería entre el 26 y el 30 de mayo de 2025, que reunió a jefes de Estado y de gobierno, organismos internacionales y líderes regionales para debatir temas como la transformación digital, la justicia climática y la economía azul, Colombia asumió un rol protagónico en la articulación de posiciones y la promoción del diálogo regional. Este espacio permitió al país proyectarse como un puente estratégico para la construcción de consensos y la coordinación de agendas comunes. Su ubicación geográfica privilegiada lo convierte en un nodo de conexión natural —y político— entre Centroamérica, Suramérica y el Caribe, afianzando su perfil como Estado bisagra en la integración regional.
La presidencia pro tempore de Colombia de diversos organismos multilaterales, como mencionábamos antes, representa una oportunidad estratégica para reconfigurar su política exterior con un enfoque regional. Esto implica transitar de un esquema predominantemente bilateral con Estados Unidos hacia una diversificación de alianzas en América Latina y el Caribe, fortaleciendo el multilateralismo regional y promoviendo soluciones colectivas a los desafíos compartidos.
En un contexto global caracterizado por el aislamiento, las guerras comerciales, la proliferación de conflictos y la creciente fragmentación política, América Latina y el Caribe están llamados a actuar de manera concertada para mitigar los efectos adversos sobre sus economías y sociedades. Colombia, como eje de articulación regional, no puede desaprovechar esta coyuntura histórica: asumir un liderazgo integrador ya no es una opción, sino una necesidad impostergable para revitalizar el proyecto regional.
De allí la importancia de que el gobierno del presidente Gustavo Petro asuma con coherencia y responsabilidad los compromisos adquiridos en el marco de los organismos multilaterales. La integración regional no solo requiere de voluntad política, sino de gestos concretos de compromiso. En ese sentido, causó preocupación la ausencia del mandatario colombiano, en calidad de anfitrión, durante la clausura de la Cumbre del Gran Caribe el pasado 30 de mayo. Este tipo de situaciones debilitan el liderazgo regional que Colombia busca ejercer y ponen en entredicho su capacidad de articular consensos desde una diplomacia activa y confiable.
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Por Juan Gabriel Jaramillo Giraldo | Latinoamérica21
