Dina Boluarte rechaza elecciones anticipadas mientras Perú prepara más protestas
La continuidad de Dina Boluarte en el Ejecutivo, que hasta hace meses parecía una incógnita, quedó en firme tras las declaraciones que ofreció este jueves. Sin embargo, aún hay un gran porcentaje de la población, en especial seguidores del hoy expresidente Pedro Castillo (quien está preso), que no reconocen su legitimidad en el poder.
La presidenta peruana Dina Boluarte descartó este jueves llamar a elecciones anticipadas en Perú, ante la convocatoria a nuevas protestas de la oposición para exigir su renuncia.
En una declaración que hizo desde Lima, Boluarte afirmó que un posible adelanto de elecciones en su país “está cerrado” y cumplirá el mandato para el que fue electa como vicepresidenta con la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio de 2026.
“Este tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio de 2026″, remarcó.
Esta declaración es la primera afirmación que confirma el deseo de la sucesora de Castillo de permanecer en el poder, pues desde hace meses, declara a la prensa que existían posibilidades de adelantar elecciones e incluso llegar a constituir un gobierno transicional.
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En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que el posible adelanto de elecciones en su país estaba en manos del Congreso, que ha rechazado esa posibilidad hasta en cinco ocasiones en los últimos meses posteriores a la crisis.
El adelanto electoral fue uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país andino en diciembre pasado, con un saldo de decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes también exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En un intento de terminar con ese escenario de crisis, que comenzó tras la destitución de Castillo el pasado 7 de diciembre por intentar dar un golpe de Estado, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones mientras que el Legislativo también presentó una serie de propuestas en ese sentido.
Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.
Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo al adelanto electoral a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los legisladores de derecha, que dominan el Congreso unicameral peruano, aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.
El pronunciamiento de la gobernante se produjo mientras organizaciones sociales y civiles del sur del país anuncian que este 19 de junio llegarán hasta la capital peruana para participar en una manifestación denominada como la “Toma de Lima”.
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Los organizadores, entre ellos la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, preparan la “tercera toma de Lima”, en alusión a dos marchas de protesta realizadas en los primeros meses del año en las que exigieron la salida de Boluarte y nuevas elecciones.
La presidenta peruana presentó a inicios de año al Congreso, controlado por la derecha, dos proyectos para adelantar las elecciones a 2024 (abril y diciembre) pero ambos fueron rechazados por falta de consenso.
Boluarte exhortó el miércoles a repensar las protestas para evitar muertes. “Llamo a estas personas que están anunciando la tercera toma de Lima, ¿cuántas muertes más quieren?”.
La Policía Nacional de Perú (PNP) anunció este jueves que desplegará unos 8.000 agentes en las calles de Lima para vigilar a unas 5.000 personas que se calcula que participarán en las protestas.
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Durante las movilizaciones antigubernamentales que se presentaron entre diciembre y marzo se reportaron un total de 77 muertos, 49 de ellos en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 20 de estas víctimas mortales fueron causadas por impactos de bala provenientes de las fuerzas militares.
Boluarte era vicepresidenta de Perú hasta que asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026
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La presidenta peruana Dina Boluarte descartó este jueves llamar a elecciones anticipadas en Perú, ante la convocatoria a nuevas protestas de la oposición para exigir su renuncia.
En una declaración que hizo desde Lima, Boluarte afirmó que un posible adelanto de elecciones en su país “está cerrado” y cumplirá el mandato para el que fue electa como vicepresidenta con la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio de 2026.
“Este tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio de 2026″, remarcó.
Esta declaración es la primera afirmación que confirma el deseo de la sucesora de Castillo de permanecer en el poder, pues desde hace meses, declara a la prensa que existían posibilidades de adelantar elecciones e incluso llegar a constituir un gobierno transicional.
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En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que el posible adelanto de elecciones en su país estaba en manos del Congreso, que ha rechazado esa posibilidad hasta en cinco ocasiones en los últimos meses posteriores a la crisis.
El adelanto electoral fue uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país andino en diciembre pasado, con un saldo de decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes también exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En un intento de terminar con ese escenario de crisis, que comenzó tras la destitución de Castillo el pasado 7 de diciembre por intentar dar un golpe de Estado, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones mientras que el Legislativo también presentó una serie de propuestas en ese sentido.
Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.
Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo al adelanto electoral a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los legisladores de derecha, que dominan el Congreso unicameral peruano, aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.
El pronunciamiento de la gobernante se produjo mientras organizaciones sociales y civiles del sur del país anuncian que este 19 de junio llegarán hasta la capital peruana para participar en una manifestación denominada como la “Toma de Lima”.
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La presidenta peruana presentó a inicios de año al Congreso, controlado por la derecha, dos proyectos para adelantar las elecciones a 2024 (abril y diciembre) pero ambos fueron rechazados por falta de consenso.
Boluarte exhortó el miércoles a repensar las protestas para evitar muertes. “Llamo a estas personas que están anunciando la tercera toma de Lima, ¿cuántas muertes más quieren?”.
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Boluarte era vicepresidenta de Perú hasta que asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
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