Discriminación contra los indígenas: el racismo olvidado en América

El pasado 4 de junio, poco más de una semana después de la impactante muerte de George Floyd en manos de un oficial de policía blanco en Mineápolis, Estados Unidos, la Policía de Canadá recibió una alerta en el estado de New Brunswick para revisar una residencia. Al llegar encontraron a Chantel Moore, una mujer indígena de 26 años, supuestamente con un cuchillo en sus manos, según testigos. Le dispararon y murió allí. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, pocos la lloraron y la noticia pasó casi que inadvertida. Sin embargo, algunos miembros de su comunidad denunciaron que el problema de fondo era el mismo que en su vecino del sur: el racismo.

Seis días más tarde un video mostró un violento arresto al jefe de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, Allan Adam, quien fue arrojado al suelo y golpeado por el oficial. La comisionada de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC), Brenda Lucki, afirmó: “A lo largo de nuestra historia y hoy no siempre hemos tratado a las personas de otras razas e indígenas de manera justa”.

Hasta en un país como Canadá, que proyecta una imagen inclusiva, se presenta racismo hacia las comunidades indígenas. Así lo aseguró a este diario Joan Holmes, consultora de investigación de la historia de los indígenas en el país.

“Es una historia larga, y recientemente, en los 10 o 20 años, la gente ha comenzado a hablar sobre el tema. Es muy difícil, porque nosotros no pensamos como una sociedad abierta y compasiva. No enviamos al ejército para sacar a los indígenas y poder cortar los árboles, sino que les damos un pequeño pedazo de tierra, sin oportunidades para los niños y niñas, y cortamos todos los árboles a su alrededor”.

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Además, en términos de acceso a la salud tampoco les ha ido bien. De hecho, según el doctor Mohammad Hajizadeh, de la Universidad de Dalhousie, en Nueva Escocia, los indígenas canadienses tienen altas de mortalidad por causas relacionadas con salud mental. El suicidio es una de las principales, por ejemplo, y llega a ser de dos a tres veces más alta que en personas no indígenas del país.

“Encontramos desigualdades persistentes y sustanciales relacionadas con los ingresos en la angustia psicológica y los comportamientos suicidas entre los pueblos indígenas que viven fuera de la reserva en Canadá”, afirmó el año pasado Hajizadeh.

Holmes, por su parte , afirmó: “Si antes los indígenas vivían en una situación de desventaja, la pandemia los ha afectado de forma desproporcionada. Muchos de ellos no confían en el sistema de salud, en parte porque han tenido malas experiencias y otros están en áreas donde no hay buen acceso a la salud. Este país necesita una Policía que se acerque y que los conozca. Los últimos asesinatos se han dado en condiciones en las que no es claro el crimen, por lo que hay mucho trabajo que hacer”.

VIDEO: También le puede interesar: Racismo en Colombia y en Estados Unidos: ser negro no es delito

Latinoamérica también sufre

La discriminación y la invisibilización de las comunidades indígenas son un problema sistemático y latente no solo en Canadá, sino en todo el continente americano, donde las tasas de pobreza, desigualdad, hambre y desnutrición están disparados dentro de estos grupos. Al menos así lo han advertido diferentes organizaciones internacionales, como la ONU, que en medio de la pandemia del COVID-19 pidieron a los gobiernos responder frente al virus de igual manera para todos, eso con tal de evitar que la brecha se agrande. “Muchos pueblos indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso y a menudo inaccesibles. Incluso, antes de esta crisis experimentaban desventaja”.

Basta tener en cuenta el último informe de la Organización Mundial para el Trabajo, en el que se asegura que el 30 % de los indígenas de Latinoamérica y el Caribe, que representan el 8,5 % de la población total de la región, viven en la pobreza extrema.

“Las estadísticas oficiales reflejan como tendencia general una invisibilización casi uniforme de los casos de COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos países con alto porcentaje de indígenas entre sus habitantes. La ausencia de datos desagregados por etnia se observa en los cuatro indicadores que deben atender los servicios de salud: personas contagiadas, personas activas, personas recuperadas y personas fallecidas”, asegura el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (Filac).

En Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Brasil la situación de las comunidades indígenas siempre ha sido difícil, pero ahora en tiempos de pandemia es crítica. Hasta hace unas semanas la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) afirmaba que se habían confirmado 679 contagiados y 40 indígenas muertos en esa zona, triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Además, el pasado viernes un tribunal de Ecuador dispuso que el Ministerio de Salud busque y atienda a indígenas amazónicos waoranis afectados por el coronavirus, ante el temor de que la pandemia sea catastrófica para ellos.

Un operativo similar llevó a cabo Brasil el pasado jueves, al enviar a las Fuerzas Armadas para una misión sanitaria de combate al coronavirus en el Vale do Javarí, un territorio indígena del estado del Amazonas que abriga la mayor concentración del mundo de indígenas no contactados. El gobierno de Jair Bolsonaro anunció que en la misión había 23 médicos para reforzar la asistencia sanitaria a las 7 mil personas que viven en la región.

Sin embargo, la relación entre el mandatario y las comunidades ha sido espinosa prácticamente desde que asumió el cargo de presidente. Solo el pasado enero, cuando anunció la creación del Consejo de la Amazonía aseguró: “El indio ha cambiado, está evolucionando y convirtiéndose cada vez más en un ser humano como nosotros”.

La ira fue inmediata y llegó de la mano de Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), principal organización indígena de Brasil, quien señaló: “Nosotros, pueblos indígenas, originarios de esta tierra, ¡exigimos respeto! Bolsonaro una vez más rasga la Constitución al negar nuestra existencia como seres humanos. ¡Es necesario decirle basta a ese perverso!”.

Más al sur del continente, Adolfo Millabur, alcalde de la ciudad chilena de Tirúa, sabe que la discriminación y la invisibilización hacia las comunidades indígenas no son un fenómeno nuevo, visibilizado por la pandemia, sino todo lo contrario, pues es algo que compone las estructuras políticas y económicas de los países americanos.

“En Chile es tradicional que los pueblos originarios hayan sido marginados y siempre excluidos, incluso en el relato verbal. En el ámbito político, los pueblos originarios solo se usan para poder justificar y quedar bien ante la población, pero nunca hacerlo en concreto. La Constitución Política de Chile no contempla ni una coma o un artículo, nada que se refiera a los pueblos originarios”, dijo Millabur a El Espectador.

Eso sí, el alcalde de esta población chilena cree que ante la crisis sanitaria, que no hizo otra cosa que destapar aún más la desigualdad, las comunidades mapuches de Chile tienen mucho que aportarle a la sociedad occidental. “Hemos tenido que enfrentar como pueblos originarios, periódicamente, imposiciones filosóficas y antropocnéntricas. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, y ante esta crisis tenemos una reserva de conocimiento con la que podemos aportar. No en imponer estilos de vida, sino a proponer formas nuevas de convivencia”, dice.

Ver más: Protestas contra el racismo: la guerra de las estatuas

Bolivia es otro de los países que cuentan con una enorme población indígena y que, a diferencia de Chile, desde el artículo 1 de su constitución política se proclama como una nación plurinacional que reconoce a las comunidades dentro de su territorio. Además, logró aumentar su participación durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019). Sin embargo, desde su polémica salida el año pasado, luego de las elecciones marcadas por denuncias de fraude, Simón Freddy Condo Riveros, indígena quechua miembro del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas, aseguró a El Espectador que en el país ha resurgido la discriminación con la “destrucción de símbolos patrios, como los de la Whipala”.

“Desde la llegada de Jeanine Áñez se busca destruir los símbolos patrios como la Wiphala (reconocido por la CPE), los policías comprometidos con los golpistas arrancan de sus uniformes el símbolo de la Wiphala. También dicen que sacaron a la Pachamama del Palacio y volvió la Biblia y se inicia una persecución, encarcelamiento a líderes campesinos, indígenas y de comunidades interculturales y, se instala un Estado de terror, porque el amedrentamiento no solo es a los líderes, sino que se extiende a sus familias”, aseguró Condo.

Ahora, con la llegada de la pandemia su situación estaría empeorando, pues los indígenas en la periferia de las ciudades no tienen conocimiento del virus y se resisten a confiar en el gobierno, liderado por Jeanine Áñez.

“Este es un claro ejemplo de discriminación, sabiendo que la mayoría de la población es indígena y no existe un afiche, tríptico o publicación en idioma originario, muchos de los locutores, presentadores de radio y televisión de programas en idioma aymara, quechua, guaraní y otros fueron echados a las calles. Intenta borrar o aminorar la presencia indígena en el Estado y los medios de comunicación estatales y privados”.

Además, según Condo, su acceso a la salud es limitado, si bien también es un problema nacional: “La mayoría de la población y, en particular, los indígenas no gozan del seguro social, en su mayoría viven del trabajo de sus tierras, realizan trabajos eventuales en las ciudades y, los que permanecen en las ciudades no tienen ningún seguro, excepto el Sistema Único de Salud, que se implementó en el 2019, pero que con el actual gobierno sufre la falta de equipos, personal especializado y de medicinas”.

El pasado 4 de junio, poco más de una semana después de la impactante muerte de George Floyd en manos de un oficial de policía blanco en Mineápolis, Estados Unidos, la Policía de Canadá recibió una alerta en el estado de New Brunswick para revisar una residencia. Al llegar encontraron a Chantel Moore, una mujer indígena de 26 años, supuestamente con un cuchillo en sus manos, según testigos. Le dispararon y murió allí. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, pocos la lloraron y la noticia pasó casi que inadvertida. Sin embargo, algunos miembros de su comunidad denunciaron que el problema de fondo era el mismo que en su vecino del sur: el racismo.

Seis días más tarde un video mostró un violento arresto al jefe de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, Allan Adam, quien fue arrojado al suelo y golpeado por el oficial. La comisionada de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC), Brenda Lucki, afirmó: “A lo largo de nuestra historia y hoy no siempre hemos tratado a las personas de otras razas e indígenas de manera justa”.

Hasta en un país como Canadá, que proyecta una imagen inclusiva, se presenta racismo hacia las comunidades indígenas. Así lo aseguró a este diario Joan Holmes, consultora de investigación de la historia de los indígenas en el país.

“Es una historia larga, y recientemente, en los 10 o 20 años, la gente ha comenzado a hablar sobre el tema. Es muy difícil, porque nosotros no pensamos como una sociedad abierta y compasiva. No enviamos al ejército para sacar a los indígenas y poder cortar los árboles, sino que les damos un pequeño pedazo de tierra, sin oportunidades para los niños y niñas, y cortamos todos los árboles a su alrededor”.

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Además, en términos de acceso a la salud tampoco les ha ido bien. De hecho, según el doctor Mohammad Hajizadeh, de la Universidad de Dalhousie, en Nueva Escocia, los indígenas canadienses tienen altas de mortalidad por causas relacionadas con salud mental. El suicidio es una de las principales, por ejemplo, y llega a ser de dos a tres veces más alta que en personas no indígenas del país.

“Encontramos desigualdades persistentes y sustanciales relacionadas con los ingresos en la angustia psicológica y los comportamientos suicidas entre los pueblos indígenas que viven fuera de la reserva en Canadá”, afirmó el año pasado Hajizadeh.

Holmes, por su parte , afirmó: “Si antes los indígenas vivían en una situación de desventaja, la pandemia los ha afectado de forma desproporcionada. Muchos de ellos no confían en el sistema de salud, en parte porque han tenido malas experiencias y otros están en áreas donde no hay buen acceso a la salud. Este país necesita una Policía que se acerque y que los conozca. Los últimos asesinatos se han dado en condiciones en las que no es claro el crimen, por lo que hay mucho trabajo que hacer”.

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Latinoamérica también sufre

La discriminación y la invisibilización de las comunidades indígenas son un problema sistemático y latente no solo en Canadá, sino en todo el continente americano, donde las tasas de pobreza, desigualdad, hambre y desnutrición están disparados dentro de estos grupos. Al menos así lo han advertido diferentes organizaciones internacionales, como la ONU, que en medio de la pandemia del COVID-19 pidieron a los gobiernos responder frente al virus de igual manera para todos, eso con tal de evitar que la brecha se agrande. “Muchos pueblos indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso y a menudo inaccesibles. Incluso, antes de esta crisis experimentaban desventaja”.

Basta tener en cuenta el último informe de la Organización Mundial para el Trabajo, en el que se asegura que el 30 % de los indígenas de Latinoamérica y el Caribe, que representan el 8,5 % de la población total de la región, viven en la pobreza extrema.

“Las estadísticas oficiales reflejan como tendencia general una invisibilización casi uniforme de los casos de COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos países con alto porcentaje de indígenas entre sus habitantes. La ausencia de datos desagregados por etnia se observa en los cuatro indicadores que deben atender los servicios de salud: personas contagiadas, personas activas, personas recuperadas y personas fallecidas”, asegura el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (Filac).

En Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Brasil la situación de las comunidades indígenas siempre ha sido difícil, pero ahora en tiempos de pandemia es crítica. Hasta hace unas semanas la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) afirmaba que se habían confirmado 679 contagiados y 40 indígenas muertos en esa zona, triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Además, el pasado viernes un tribunal de Ecuador dispuso que el Ministerio de Salud busque y atienda a indígenas amazónicos waoranis afectados por el coronavirus, ante el temor de que la pandemia sea catastrófica para ellos.

Un operativo similar llevó a cabo Brasil el pasado jueves, al enviar a las Fuerzas Armadas para una misión sanitaria de combate al coronavirus en el Vale do Javarí, un territorio indígena del estado del Amazonas que abriga la mayor concentración del mundo de indígenas no contactados. El gobierno de Jair Bolsonaro anunció que en la misión había 23 médicos para reforzar la asistencia sanitaria a las 7 mil personas que viven en la región.

Sin embargo, la relación entre el mandatario y las comunidades ha sido espinosa prácticamente desde que asumió el cargo de presidente. Solo el pasado enero, cuando anunció la creación del Consejo de la Amazonía aseguró: “El indio ha cambiado, está evolucionando y convirtiéndose cada vez más en un ser humano como nosotros”.

La ira fue inmediata y llegó de la mano de Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), principal organización indígena de Brasil, quien señaló: “Nosotros, pueblos indígenas, originarios de esta tierra, ¡exigimos respeto! Bolsonaro una vez más rasga la Constitución al negar nuestra existencia como seres humanos. ¡Es necesario decirle basta a ese perverso!”.

Más al sur del continente, Adolfo Millabur, alcalde de la ciudad chilena de Tirúa, sabe que la discriminación y la invisibilización hacia las comunidades indígenas no son un fenómeno nuevo, visibilizado por la pandemia, sino todo lo contrario, pues es algo que compone las estructuras políticas y económicas de los países americanos.

“En Chile es tradicional que los pueblos originarios hayan sido marginados y siempre excluidos, incluso en el relato verbal. En el ámbito político, los pueblos originarios solo se usan para poder justificar y quedar bien ante la población, pero nunca hacerlo en concreto. La Constitución Política de Chile no contempla ni una coma o un artículo, nada que se refiera a los pueblos originarios”, dijo Millabur a El Espectador.

Eso sí, el alcalde de esta población chilena cree que ante la crisis sanitaria, que no hizo otra cosa que destapar aún más la desigualdad, las comunidades mapuches de Chile tienen mucho que aportarle a la sociedad occidental. “Hemos tenido que enfrentar como pueblos originarios, periódicamente, imposiciones filosóficas y antropocnéntricas. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, y ante esta crisis tenemos una reserva de conocimiento con la que podemos aportar. No en imponer estilos de vida, sino a proponer formas nuevas de convivencia”, dice.

Ver más: Protestas contra el racismo: la guerra de las estatuas

Bolivia es otro de los países que cuentan con una enorme población indígena y que, a diferencia de Chile, desde el artículo 1 de su constitución política se proclama como una nación plurinacional que reconoce a las comunidades dentro de su territorio. Además, logró aumentar su participación durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019). Sin embargo, desde su polémica salida el año pasado, luego de las elecciones marcadas por denuncias de fraude, Simón Freddy Condo Riveros, indígena quechua miembro del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas, aseguró a El Espectador que en el país ha resurgido la discriminación con la “destrucción de símbolos patrios, como los de la Whipala”.

“Desde la llegada de Jeanine Áñez se busca destruir los símbolos patrios como la Wiphala (reconocido por la CPE), los policías comprometidos con los golpistas arrancan de sus uniformes el símbolo de la Wiphala. También dicen que sacaron a la Pachamama del Palacio y volvió la Biblia y se inicia una persecución, encarcelamiento a líderes campesinos, indígenas y de comunidades interculturales y, se instala un Estado de terror, porque el amedrentamiento no solo es a los líderes, sino que se extiende a sus familias”, aseguró Condo.

Ahora, con la llegada de la pandemia su situación estaría empeorando, pues los indígenas en la periferia de las ciudades no tienen conocimiento del virus y se resisten a confiar en el gobierno, liderado por Jeanine Áñez.

“Este es un claro ejemplo de discriminación, sabiendo que la mayoría de la población es indígena y no existe un afiche, tríptico o publicación en idioma originario, muchos de los locutores, presentadores de radio y televisión de programas en idioma aymara, quechua, guaraní y otros fueron echados a las calles. Intenta borrar o aminorar la presencia indígena en el Estado y los medios de comunicación estatales y privados”.

Además, según Condo, su acceso a la salud es limitado, si bien también es un problema nacional: “La mayoría de la población y, en particular, los indígenas no gozan del seguro social, en su mayoría viven del trabajo de sus tierras, realizan trabajos eventuales en las ciudades y, los que permanecen en las ciudades no tienen ningún seguro, excepto el Sistema Único de Salud, que se implementó en el 2019, pero que con el actual gobierno sufre la falta de equipos, personal especializado y de medicinas”.