Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, se entregaron 131 expedientes de personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana “a efectos de continuar con su proceso de traslado hasta la República de Colombia”.
El anuncio hace parte de los planes del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para deportar a reclusos de nacionalidad colombiana y así aliviar la crisis de seguridad y sobrepoblación en los centros penitenciarios ecuatorianos.
La primera deportación se registró el 17 de abril de este año. El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, reportó que trece colombianos, encarcelados en Ecuador por el delito de tráfico ilícito de sustancias, habían sido trasladados a Tulcán, la ciudad fronteriza más cercana Ipiales (Colombia), para su inminente repatriación.
De acuerdo con el Ministerio ecuatoriano, “esta decisión está amparada en el marco de lo contenido en el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves de 18 de abril de 1990, suscrito entre las dos naciones; así como en el Reglamento sobre Procedimiento de Repatriación de Personas Sentenciadas, de 7 de abril de 1994″.
También, en el comunicado se anunció que el Estado ecuatoriano está a la espera de la pronta respuesta de las Autoridades colombianas con el fin de cumplir efectivamente con el traslado de los restantes (118) ciudadanos de nacionalidad colombiana.
“El Gobierno de la República del Ecuador apreciará en alto grado la cooperación del Gobierno de la República de Colombia para la aplicación ágil y eficaz del Convenio Bilateral, así como de su Reglamento y de esta forma consolidar la relación bilateral a través de los mecanismos de cooperación internacional entre las dos naciones”, finalizó el comunicado.
Por la crisis de violencia en Ecuador, el país que en 2023 tuvo la tasa más alta de muertes violentas de América Latina, el presidente, Daniel Noboa, expresó a inicios de este año que tenía el propósito de repatriar a los 1.500 presos colombianos que había en ese entonces en Ecuador, porque “los estaban manteniendo” en sus cárceles.
Entonces, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que “la eventual expulsión de los connacionales anunciada en medios de comunicación por el presidente de la República de Ecuador, distinto a la figura de repatriación, constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el coronel Danuel Gutiérrez afirmó en ese momento que “físicamente, no hay campo, pero también hay que partir del hecho de que allá (Ecuador) han dicho que son 1.500, pero no tenemos información o real de cuántos en realidad son”.
Así, desde febrero, ambos países comenzaron una negociación “para abordar la aplicación de los mecanismos de colaboración y cooperación judicial entre ambos países en el marco del Convenio de Esmeraldas en lo relacionado con la repatriación de personas sentenciadas”, anunció la Presidencia de Colombia.
La delegación de Colombia estuvo presidida por el entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, del Ministerio de Justicia, Camilo Umaña.
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