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Los cuatro menores ecuatorianos, detenidos por militares el pasado 8 de diciembre y encontrados muertos el 24 del mismo mes cerca de una base militar en Taura, fueron sepultados el miércoles en medio de la indignación generalizada que sacude a Ecuador.
La muerte de los adolescentes Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, ha sido calificada como un crimen atroz y ha generado un clamor por justicia y una ola de protestas que incluyen severas críticas al gobierno del presidente Daniel Noboa.
Los menores fueron aprehendidos por 16 militares en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, por un supuesto robo. El 24 de diciembre, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en manglares cercanos a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Taura. Este martes, la Fiscalía confirmó mediante pruebas genéticas la identidad de los menores, lo que intensificó las demandas de justicia.
Los cuerpos fueron velados en las modestas viviendas de sus familias, ubicadas en el populoso sector de Las Malvinas. Los velatorios se convirtieron en una muestra de dolor colectivo, donde cientos de personas se reunieron para despedir a las víctimas. Las camisetas de los clubes de fútbol preferidos de los hermanos Arroyo cubrían sus ataúdes, mientras vecinos y amigos lloraban su pérdida. Posteriormente, fueron llevados en caravana a un cementerio local.
Investigación por muerte de niños en Ecuador
Las circunstancias de su muerte han provocado la detención preventiva de los 16 militares involucrados, quienes enfrentan cargos por desaparición forzada, un delito que puede ser castigado con hasta 26 años de prisión. Sin embargo, el caso podría escalar a un juicio por ejecución extrajudicial, dado que las pruebas apuntan a un asesinato masivo. Organismos internacionales, como la ONU y la OEA, así como numerosas ONG, han expresado su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en este caso.
El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha declarado que el hecho “enluta a todo el país” y ha reafirmado su compromiso con la transparencia en las investigaciones. No obstante, las protestas se han intensificado, especialmente frente al tribunal que dictó la prisión preventiva de los militares. Decenas de manifestantes, incluidos familiares y activistas, portaron carteles con mensajes como “Vivos los queremos ya” y acusaron al presidente Noboa de complicidad, llegando a quemar un muñeco que lo representaba con huellas ensangrentadas.
El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, declaró ante una comisión parlamentaria que los adolescentes fueron arrestados por un presunto delito flagrante, pero que la patrulla no tenía autorización para realizar operativos en el sector de Las Malvinas. Estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por sectores de la sociedad, que exigen respuestas claras y justicia para las familias de las víctimas.
El municipio de Quito y el Congreso han declarado tres días de luto institucional, mientras que sectores opositores critican al gobierno por su lucha contra el crimen organizado, que incluye la militarización de las calles. En medio de la tensión, la imagen de Noboa se ve afectada en vísperas de la campaña para su reelección en los comicios de febrero.
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