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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos después de seis semanas de gestación; la prohibición más restrictiva del aborto en la nación.
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La ley de Texas permite a los ciudadanos privados emprender acciones legales contra cualquiera que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo. Entró en vigencia el 1° de septiembre y puso fin a la gran mayoría de los abortos en el segundo estado más poblado del país.
El fiscal general Merrick Garland dijo que la prohibición es inconstitucional según el precedente de la Corte Suprema. “Este tipo de plan para anular la Constitución de los Estados Unidos es uno que todos los estadounidenses, independientemente de su política o partido, deberían temer”, dijo Garland, de acuerdo con el New York Times.
El fiscal advirtió que la ley tiene un elemento “cazarrecompensas”, que podría convertirse en “un modelo de actuación en otras áreas por parte de otros estados y con respecto a otros derechos constitucionales o precedentes judiciales“.
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Hace medio siglo, Estados Unidos reconoció el derecho constitucional de las mujeres a acceder a un aborto por medio del caso Roe v. Wade. En este caso, la Corte Suprema dictaminó que una mujer podía elegir si continuaba o no con su embarazo amparada en el derecho constitucional a la privacidad.
Esto es importante para entender todo el entramado. La Corte Suprema no dijo “el aborto es legal”, sino que apuntó que las leyes que le negaban el derecho al aborto a las mujeres eran inconstitucionales, pues chocaban con el derecho fundamental a la privacidad. Y los procedimientos médicos, cabe resaltar, deben ser privados. Así, el gobierno tiene que mantenerse neutral desde entonces: las legislaturas estatales no pueden pasar leyes que presionen a las mujeres a tomar una decisión como no abortar.
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La demanda del departamento también establece que la ley de Texas interfiere con la obligación que tiene el gobierno federal de brindar acceso a los servicios de aborto, incluso en casos de violación o incesto.
Esta es la segunda vez que el Departamento de Justicia demanda a un estado por una ley aprobada que considera inconstitucional. En junio de este año, demandó al estado de Georgia por una ley de votación que, según el departamento, tenía la intención de violar los derechos de los votantes afroamericanos.
¿Qué puede pasar ahora?
Katie Benner, corresponsal del New York Times que cubre el Departamento de Justicia, explicó que en Texas, las particularidades de la ley y la lentitud con que las demandas atraviesan el sistema judicial, dificultarán que el departamento proteja el derecho al aborto en ese estado a corto plazo.
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Sin mencionar que la mayoría conservadora en la Corte Suprema podría dificultar que la administración Biden proteja los derechos al aborto en el país, algo que justamente se vio con esta ley de Texas; la Corte, en una decisión de 5 a 4, decidió no bloquear la ley que, como se mencionó anteriormente, prohíbe todos los abortos después de las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
