Este lunes la Casa Blanca anunció una medida que Colombia no veía desde hace casi tres décadas: la descertificación en la lucha contra las drogas. El gobierno de Donald Trump concluyó que el país “falló de manera demostrable” en cumplir con sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.
“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”, afirmó Trump en el comunicado oficial.
Trump culpa parte de su decisión al “liderazgo político” del país. Afirmó que reconsiderará su decisión si el gobierno de Gustavo Petro “adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína”.
Para terminar de hablar de Colombia, Trump afirmó que también podría cambiar su decisión si el país copera con la justicia de EE. UU. para procesar a los líderes de las organizaciones criminales colombianas.
La respuesta de Colombia
Por su parte, la embajada de Colombia en Washington respondió a las declaraciones de Trump en un comunicado.
En el afirman que “la lucha contra el narcotráfico no admite lecturas parciales: exige una visión integral que reconoce que es mucho más eficaz enfrentar directamente a los narcotraficantes que concentrar los esfuerzos en los campesinos y cultivos de hoja de coca, siendo este el eslabón que menos impacta las finanzas del negocio de las drogas ilícitas”.
Afirman que el gobierno ha asumido ese enfoque a pesar del “alto costo humano e institucional y con profundo compromiso democrático”.
¿Qué es la “certificación”?
La figura proviene de una ley estadounidense de 1987 que obliga al presidente a evaluar cada año el desempeño de los países considerados productores o de tránsito de drogas.
Cuando uno es señalado como incumplidor, queda “descertificado” y enfrenta sanciones: recorte de hasta 50 % de la ayuda de Washington y un voto automático en contra de créditos en organismos como el Banco Mundial o el BID.
El mandatario, sin embargo, puede suspender estas consecuencias si lo considera un aliado estratégico.
¿Ha pasado antes en Colombia?
Sí. Colombia fue descertificada en 1996 y 1997, durante la presidencia de Ernesto Samper, acusado de haber recibido dinero del cartel de Cali.
Desde entonces, Washington había evitado aplicar este castigo, incluso en momentos de récord de cultivos de coca. La última amenaza seria fue en 2017, cuando Trump aseguró que “consideró seriamente” sancionar al gobierno de Juan Manuel Santos, aunque finalmente no lo hizo.
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¿Qué otros países han sido descertificados?
En la región, solo Bolivia y Venezuela han enfrentado descertificaciones sostenidas en los últimos años, en medio de tensas relaciones con EE. UU. Guatemala y Haití fueron sancionados brevemente a comienzos de los 2000, pero con exenciones que limitaron el impacto.
¿Por qué ahora?
El anuncio llega en medio del deterioro de los indicadores de coca bajo el gobierno de Gustavo Petro. En 2023, la ONU calculó 253.000 hectáreas sembradas, un máximo histórico.
Aunque los decomisos y extradiciones se mantienen en niveles altos, Washington cuestiona la reducción de la erradicación forzada y la lentitud de los programas de sustitución. Para sectores críticos en EE. UU., esto equivale a una política demasiado permisiva.
¿Qué implicaciones tiene?
- Recorte de ayuda: Colombia ha recibido más de US$500 millones anuales en cooperación. Hoy ya sufría reducciones, pero una descertificación sin exenciones podría llevar la asistencia a mínimos no vistos desde los años 80.
- Golpe económico: El voto negativo en el BID y el Banco Mundial encarecerá la financiación externa. La Cámara de Comercio Colombo-Estadounidense estima pérdidas de entre 400 y 500 millones de dólares al año y un aumento del costo de la deuda de hasta 10 %.
- Impacto social: Menos recursos para desarrollo rural, justicia y paz significan menos presencia estatal en zonas cocaleras y mayor espacio para actores armados. Como en los 90, los más afectados serán campesinos y comunidades vulnerables.
- Relación bilateral: La decisión se interpreta como un gesto de desconfianza hacia un aliado histórico. Podría empujar a Colombia a buscar vínculos más estrechos con potencias como China, debilitando la cooperación en seguridad y paz mantenida durante décadas.
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¿Y para la gente común?
La experiencia indica que estas sanciones golpean más a la economía legal que a la ilegal. Menos inversión, créditos más caros y caída en el turismo afectan directamente a los ciudadanos de a pie.
Para muchos analistas, la “certificación” es una herramienta obsoleta que castiga a quienes nada tienen que ver con el narcotráfico y deja casi intactos a los grupos criminales.
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