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Manuel Díaz lleva 12 días preso y necesita tres testigos que den fe de que protestó pacíficamente y no incitó a la violencia en las inéditas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, para al menos poder esperar su juicio en libertad.
Este empleado de una dulcería, de 59 años, es uno de los cientos de cubanos detenidos durante el reciente estallido social que han enfrentado procesos judiciales por delitos como desacato, desorden público, actos vandálicos o propagación de epidemia, por haber salido sin mascarilla en el peor momento de la pandemia de COVID-19 en la isla.
“Hasta ahora nadie ha querido testificar y Manuel sigue en prisión preventiva, acusado de desorden público. Está en la cárcel de Caimito (en la provincia de Artemisa) y estamos desesperados”, declara a la AFP vía telefónica su hermano Roberto, que vive en Miami.
Manuel participó el domingo 11 de julio en las protestas que sacudieron al pueblo de Bauta, 25 kilómetros al suroeste de La Habana, donde vive y es conocido por su gusto por el fútbol.
Doce días después de que miles de cubanos se volcaran a las calles del país al grito de “Patria y Vida”, “tenemos hambre” y “Libertad”, el gobierno no ha informado el número de detenidos durante y después del estallido.
De acuerdo con una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, más de 600 personas fueron detenidas.
El canciller, Bruno Rodríguez, dijo el jueves que la mayoría de los arrestados fueron liberados, “habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias”. Descartó que haya menores de edad en prisión. También afirmó que “no hay juicios sin las garantías del debido proceso” y rechazó que haya desaparecidos.
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En el grupo de Facebook “Desaparecidos #SOSCuba”, Roberto, que también tiene en Cuba a su madre de 92 años, explica que para que Manuel pueda esperar su juicio en libertad, necesita, según su abogado, “dos o tres testigos” que prueben que “protestó pacíficamente y se manifestó porque las personas no recurrieran a la violencia”.
“Esto facilitaría mucho lograr que lo suelten con una fianza o que le den cárcel domiciliaria o lo pongan en libertad”, dice. “Debería haber una buena persona que nos ayude por favor (...) para poder ver a Manolo otra vez en sus locuras” y su afición futbolera, apunta.
Realizador del video “Patria y Vida”
En Facebook y Twitter se multiplican los reclamos por la libertad de familiares y amigos. Claudia Salazar pide que liberen a su esposo, Yarian Sierra, que “está siendo juzgado injustamente (...) por pensar diferente”.
El fotógrafo y realizador de audiovisuales Ányelo Troya, de 25 años, detenido en la zona del Capitolio de La Habana cuando llevaba su cámara, fue condenado a un año de prisión por el delito de “desorden público”.
Troya, uno de los realizadores del video del polémico rap “Patria y Vida”, lema de las protestas, fue juzgado el miércoles en un tribunal de La Habana bajo el procedimiento de “atestado directo” (juicio expedito), junto con otros 12 participantes en las manifestaciones, según su familia.
“Nunca nos avisaron del juicio”, cuenta su hermano Yuri, de 32 años. Sus padres “están destruidos”. Se enteraron de que su hijo estaba siendo juzgado cuando “fueron a visitarlo a 100 y Aldabó (cuartel general de la Dirección Técnica de la Policía Nacional)”, donde estaba recluido.
“Corrimos al tribunal con un abogado que habíamos contratado, pero cuando llegamos el juicio había concluido”, precisa Yuri.
La familia de Troya inició un proceso de apelación de una sentencia que considera “injusta”. En Facebook, su madre Raisa González preguntó “dónde está el derecho” de su hijo “a tener un juicio con transparencia”.
Entre los detenidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como el expreso político José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), agrupación de intelectuales y universitarios que reclaman libertad de expresión y creación.
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El MSI denunció el martes en Twitter que Otero Alcántara fue “trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay”, en Artemisa.
Cinco días después de las protestas, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que “todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente”.
En la isla, voces como las del cantautor Silvio Rodríguez y el líder del dúo Buena Fe, Israel Rojas, pidieron libertad para los detenidos que no hayan estado implicados en hechos violentos.
