En El Zonte, un pueblo pesquero salvadoreño donde su gente vive de la venta de pupusas (tortillas de maíz o arroz rellenas de queso, chicharrón, ayote o fríjoles refritos) o de minutas (hielo raspado con jarabe de frutas), los comerciantes preguntan: “¿Va a pagar en dólares o en bitcóin?”. Unas condiciones humildes de vida, pues las calles no son pavimentadas, las viviendas están construidas en láminas de chapa o en bloques de concreto, el alcantarillado no funciona bien, la electricidad va y viene, y los habitantes viven de la venta en tiendas o en puestos ambulantes, chocan con la imagen que el lugar busca proyectar hoy: ser el paraíso del bitcóin en El Salvador.
Usualmente, las personas propensas a tomar riesgos y que en sus cuentas bancarias tienen un respaldo económico fuerte para asumir las pérdidas que puede traer el invertir en algo tan volátil como lo son las criptomonedas, son quienes deciden utilizar este medio digital de intercambio, construido a partir de la minería de datos anónima, según comenta el economista y asesor financiero Manuel García Ospina. Mencionando que el banco Morgan Stanley, uno de los más grandes de Estados Unidos, recientemente lanzó tres fondos que permiten el uso del bitcóin, pues sus clientes así lo solicitaron, el experimento en El Salvador, el de hacer obligatorio el uso de dicha criptomoneda para empresas y trabajadores, lo ve como una idea interesante pero riesgosa. “Hay quienes creen que las criptomonedas son el futuro, mientras que otros consideran que son una burbuja que va a estallar”. Como dice la jerga popular: “Entre el dicho al hecho hay mucho trecho”, y para García Ospina el éxito o el fracaso de la medida recae en su implementación y regulación.
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“Hay más preguntas que respuestas”, ese es el común denominador en la conversación con representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). Los argumentos en contra de la medida van y vienen: la inconstitucionalidad de la Ley Bitcóin, la falta de claridad en la prevención del lavado de dinero o de activos, la carga fiscal que supondrán los costos en infraestructura y funcionamiento, pero sobre todo la inestabilidad política y económica del país. Según los voceros de la institución, y creyendo que eventualmente el uso de monedas digitales será central en la economía de los Estados, la adopción del uso del bitcóin como moneda de uso legal en El Salvador, que a partir de hoy entra en plena vigencia, responde más a un acto de improvisación.
Y es que la economía es uno de los principales problemas que enfrenta el país centroamericano, siendo una de las mayores preocupaciones de sus habitantes. Según la encuesta “La población salvadoreña opina sobre el bitcóin y la situación socioeconómica del país”, el 25,1 % de los ciudadanos encuestados admiten que es el asunto que más les afecta, incluso más que la delincuencia (19,4 %), la pobreza (4,5 %), la violencia (1,8 %) y la desigualdad (1,1 %). En palabras de Álvaro Trigueros Argüello, vocero del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, “la economía está muy frágil y vulnerable. Actualmente aparenta que está creciendo bastante por dos razones: por un lado, porque puede que este año la tasa de crecimiento esté cerca del 8 y 10 %. Sin embargo, no hay que olvidar que la economía cayó en un 7,9 % en 2020, a causa de la pandemia y de las cuarentenas extremas. Es decir, el punto de referencia de la economía de 2021 es bajo. Por otro lado, dicha sensación de crecimiento también se debe a las remesas familiares que provienen de los casi tres millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, y que este año superarán el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), esperando recibir cerca de US$7.300 millones”. Sin embargo, todo esto es temporal y el país tiene un problema mayor: la deuda pública lo está ahogando y el uso del bitcóin no parece aliviar dicha situación.
Dejando la sensación de que la implementación del uso de la criptomoneda es opcional (cuando no lo es), y con el fin de minimizar el rechazo que hoy hay frente a la ley, recordando que según el “Sondeo de opinión: bitcóin en El Salvador”, el 69,8 % de los encuestados consideran que la decisión no mejorará la economía del país, así como el 71,5 % de ellos están en contra de la medida, el gobierno optó por dar US$30 en bitcóin a todo aquel que opte por descargar Chivo Wallet, la billetera digital. ¿Cuánto le costará esto al Estado? No se sabe, depende del número de personas que descarguen la aplicación. Lo que sí se conoce es que el gobierno está improvisando y que el experimento ya le está consumiendo US$150 millones al fisco, pues este es el valor destinado al fideicomiso que respaldará la conversión de dólares a bitcóin, a pesar de que el gobierno ha dicho que el proceso será gratis e instantáneo. A esto se suman los gastos detrás de los 200 cajeros y las 50 sucursales que se están abriendo e instalando a lo largo y ancho del país.
El Salvador vive tiempos de incertidumbre, y la Ley Bitcóin, en lugar de generar confianza, está acrecentando las dudas y el escepticismo. Joaquín Rodríguez, vocero del Departamento de Estudios Legales de Fusades, incluso se aventura a hablar de una inseguridad jurídica. Según cuenta, la ley, de entrada, contradice la Constitución Política del país y, además, obvió el principio de evaluación de costos y beneficios, pues antes de que el proyecto llegara a la Asamblea Legislativa, este no fue consultado con la ciudadana (ciudadanos del común, sector privado y la banca), la cual tampoco tuvo vocería en la etapa posterior. “La ley se aprobó en cuestión de horas”, admite.
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Teniendo en cuenta que durante el gobierno de Nayib Bukele se ha cambiado cinco veces a la cabeza de la Superintendencia del Sistema Financiero y en tres oportunidades al presidente del Banco Central de Reserva, además de que en mayo de este año la Asamblea Legislativa oficialista destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional y los nuevos funcionarios dieron luz verde a la reelección del primer mandatario en días recientes (en dado caso que él así lo decida y un partido político lo postule), Rodríguez no vacila en afirmar que “el Salvador va en camino a la vulneración del Estado de Derecho” y que en medio de estas contradicciones la Ley Bitcóin no avizora escenarios de mejora.
Aunque la apuesta por el uso de la criptomoneda podría atraer inversión extranjera y reducir los costos de transacción en el envío de remesas, según dice Ignacio Arana Araya, profesor de ciencia política en la Universidad Carnegie Mellon, e incluso podría servir como intento de desdolarizar las economías, algo en lo que García Ospina puntualizó: El Salvador parece no ser el lugar idóneo para probar suerte. “Creo que es una decisión riesgosa, cuyas consecuencias son difíciles de prever. El país se puede convertir en un paraíso de lavado de dinero, ya que las criptomonedas son usadas por organizaciones ilegales, pues son transacciones anónimas. Tampoco hay una regulación financiera que enmarque el uso de las criptomonedas en el país, lo que incrementa la incertidumbre”, agrega Arana Araya. A su parecer, “no es aconsejable jugar a la ruleta con las finanzas de uno de los países más pobres del continente”.
A pocas horas de que la medida entre en vigor, una diputada opositora presentó ante la Asamblea Legislativa (favorable a Bukele) una iniciativa para derogar su implementación. Claudia Ortiz, del partido Vamos, opositor de Bukele, recordó que la Ley Bitcóin se realizó “a la carrera, en un madrugón, sin ninguna consulta, sin estudios técnicos y sin justificación alguna”. Su recurso no es el único ni el primero, los legisladores han rechazado una decena de peticiones anteriores que piden estudiar más este sistema monetario virtual. De hecho, el diario La Prensa Gráfica, el más grande de El Salvador, recordó que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) considera que la Ley Bitcóin debe ser derogada y se debe tomar el tiempo necesario y adecuado para hacer estudios, además de que el Banco Mundial rechazó la petición de ayuda del gobierno, hecha en junio, para implementar el bitcóin “por falta de transparencia”.
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Las protestas en contra de la medida no cesan. Sonia Urrutia, activista del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), declaró que con la Ley Bitcóin el presidente Nayib Bukele convierte el mes en “un septiembre amargo”, porque “quiere imponer un sistema monetario de extremo riesgo para el 99 % de la población”.