La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, fue arrestada en San Juan, la capital de ese territorio, por una investigación en curso por corrupción, relacionada con su campaña electoral en 2020. El miércoles, un jurado de la isla la acusó de siete cargos, entre los que destaca conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico.
“La corrupción pública no es un crimen sin víctimas. La víctima es el pueblo. Por eso, el arresto de hoy no es motivo de celebración. Es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos”, dijo el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González.
Luego de que la magistrada federal, Camille Vélez-Rivé, le impusiera a Vásquez una fianza de US$ 50.000, por la que quedó en libertad, la exfuncionaria habló a las afueras del tribunal y se declaró “inocente”.
“Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes, que soy inocente. Han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, porque como entenderán, no puedo hablar sobre los hechos”, le dijo a un grupo de periodistas.
Vásquez, quien se convirtió en gobernadora en 2019 por carambola, pues era la tercera en la línea de mando. Tras la renuncia de Ricardo Roselló, luego del estallido de protestas en su contra, y ante la imposibilidad de que Pedro Pierlusi asumiera su cargo, Vásquez llegó al poder convirtiéndose en la primera gobernadora no electa en la historia moderna de la isla, y solo la segunda mujer en ocupar el cargo. Pierlusi terminaría venciéndola en las urnas durante las primarias de su partido en 2021. Fue en estos comicios en los que presuntamente cometió corrupción.
Durante su corto gobierno, Vásquez enfrentó varios escándalos, como la mala gestión de los recursos para atender el huracán María y la compra de $38 millones de pruebas COVID de una empresa constructora.
La exfuncionaria enfrenta una pena máxima de 20 años de cárcel, junto con un banquero y un exagente del FBI que también habrían participado en su entramado de corrupción. Su arresto llega en medio de una ola de escándalos políticos en Puerto Rico: el director de finanzas del pueblo de Toa Baja admitió haber malversado $2.5 millones en fondos federales de vivienda, mientras que, el exalcalde de la localidad de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, fue condenado a dos años y medio de prisión por aceptar sobornos.
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¿Cuál es el caso?
Según la Fiscalía, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico participó en una trama de sobornos iniciada por el banquero ítalo-venezolano, Julio Martín Herrera Velutini, y el exagente del FBI, Mark Rossini, que trabajaba como asesor para él.
En 2019, el banco de Herrera Velutini, que opera en Puerto Rico, era objeto de una investigación por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), una agencia reguladora bancaria de la isla.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini prometieron supuestamente aportar fondos a la campaña de Vázquez para las primarias de su formación, el Partido Nuevo Progresista, a cambio del despido del director de la OCIF.
De acuerdo con la acusación, la dirigente política aceptó la oferta y pidió en febrero de 2020 la dimisión del director de la agencia reguladora y el nombramiento de un exasesor de Herrera Velutini.
Por ese favor, el banquero y Rossini pagaron presuntamente 300.000 dólares para consultores políticos que trabajaron en la campaña de Vázquez, que perdió las primarias frente al actual gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi.
La Fiscalía asegura además que, tras la derrota de Vázquez, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor prometiéndole fondos para su campaña presidencial, a cambio de conseguir que la OCIF concluyera de forma favorable una auditoría que estaba realizando a su banco.
En agosto de 2021, Herrera Velutini hizo un pago de 25.000 dólares para un comité de acción política asociado al actual gobernador, pero el supuesto intermediario de la operación era en realidad una persona infiltrada por el FBI.
El fiscal Muldrow insistió varias veces en que Pierluisi no tiene ninguna relación con el caso de corrupción.
Herrera Velutini y Rossini, que se encuentran en Londres y Madrid respectivamente, y Vázquez están acusados cada uno de conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios honestos. De ser declarados culpables, afrontarán una pena máxima de 20 años de cárcel.
*Con información de agencias
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Por Redacción Mundo con información de agencias
