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13 Apr 2022 - 11:45 p. m.

El llamado a la diplomacia de EE. UU. por la defensa de los DD. HH. en Colombia

Un grupo de 16 organizaciones manifiestan su preocupación por lo sucedido en Putumayo, la implementación del acuerdo de paz y los abusos policiales durante el Paro Nacional de 2021.
Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
Foto: EFE - SHAWN THEW

Un grupo de 16 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a través de una carta, urgió al Gobierno de Estados Unidos para que la política de ese país priorice “los derechos humanos, la justicia racial, la seguridad que respete los derechos y la implementación total de los desgastados acuerdos de paz de Colombia”.

En la misiva dirigida Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, la organizaciones hicieron por lo menos ocho solicitudes puntuales, en el marco de sus reclamos por la brutalidad policial registrada en el paro de 2021, la implementación del acuerdo y los recientes hechos reportados en Putumayo, en donde un operativo militar cobró la vida de 11 civiles, temas que también fueron centrales en la má reciente sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El documento está firmado por AFL-CIO, American Friends Service Committee, Amazon Watch, Center for International Environmental Law, Center for Gender & Refugee Studies, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Colombia Human Rights Committee, FOR Peace Presence, Latin America Working Group (LAWG), Presbyterian Church (USA), Presbyterian Peace Fellowship, Oxfam, Robert F. Kennedy Human Rights, The United Methodist Church - General Board of Church and Society, Washington Office on Latin America y Witness for Peace Solidarity Collective.

“Estamos especialmente decepcionados con la respuesta del gobierno de EE. UU. a la brutal represión policial de las protestas a nivel nacional en 2021″, dicen. “La Policía Nacional de Colombia cometió graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas, utilizando armas letales y no letales de despliegue peligroso contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y personal médico. Grupos colombianos de derechos humanos documentaron al menos 44 personas muertas por acciones de la policía durante las protestas. Cientos resultaron heridos, incluso sufrieron daños en los ojos. Los abusos por parte de la policía incluyeron ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y violencia sexual (....) La respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta brutalidad policial generalizada ha sido débil”.

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“Mencionan que en una conferencia de prensa bilateral de febrero de 2022 contó con elogios absolutos de los EE. UU. para la policía. La decisión del presidente Biden en marzo de 2022 de otorgar a Colombia el estatus de aliado principal extra-Otán recompensó al gobierno con vínculos de seguridad más estrechos precisamente en el momento equivocado. El mensaje de EE. UU. sobre el historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad ha sido tan diluido que la prensa colombiana informó recientemente que la ayuda de seguridad de EE. UU. viene sin ataduras, a pesar de que el Congreso de EE. UU. reafirmó las condiciones de derechos humanos en la ayuda militar y agregó nuevas condiciones a la asistencia a la policía”.

Indican que el Departamento de Estado debe, solicitando acciones concretas, “fomentar la implementación por parte del gobierno colombiano del Capítulo Étnico de los acuerdos de paz y las disposiciones transversales de género”, dicen.

Asimismo, se refieren a la urgencia de implementar la reforma rural integral contenida en el Acuerdo de Paz. “Según el informe trimestral más reciente de la Iniciativa Barómetro Colombia del Instituto Kroc que evalúa la implementación hasta diciembre de 2021, solo el 4 por ciento de las estipulaciones del Punto 1 se implementaron por completo, mientras que casi el 81 por ciento no se iniciaron o solo lograron un progreso mínimo”, citan.

Por otro lado, piden que se mantenga el apoyo tanto financiero como diplomático al sistema de justicia transicional: “El apoyo financiero de Estados Unidos a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Presuntas Desaparecidas ha sido fundamental. La decisión más reciente de la Administración Biden de financiar y mostrar su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz fue un paso inteligente. Instamos a que continúe el apoyo financiero para las tres instituciones, incluida la Comisión de la Verdad para difundir públicamente su informe y monitorear la implementación de sus recomendaciones”.

Agregan: “Instamos a un fuerte apoyo diplomático a medida que las organizaciones llegan a momentos críticos en su trabajo que pueden conducir a amenazas y ataques contra su personal, así como contra las víctimas que brindaron testimonio, como en el período inmediatamente posterior a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad”.

En el llamado a condicionar la ayuda de Estados Unidos a Colombia a una seguridad respetuosa de los derechos, los firmantes señalan: “Damos seguimiento a la situación en Puerto Leguizamo, Putumayo, en la que al menos 11 personas fueron asesinadas por miembros del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) de Colombia el 28 de marzo. Si bien el Ministerio de Defensa de Colombia afirma que los fallecidos eran miembros del Frente 48, un grupo disidente de las FARC, testimonios comunitarios transmitidos a través de medios colombianos y organizaciones de derechos humanos afirman que los asesinos se presentaron como guerrilleros, abrieron fuego sin provocación y se los llevaron aviones militares (...) Dada la gravedad de las acusaciones, el Departamento de Estado debería presionar por una investigación independiente y transparente a través de las condiciones sobre la asistencia estadounidense para la seguridad”.

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Por otro lado, piden “urgir la protección de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Cien asesinatos de defensores de derechos humanos en 2021 fueron verificados por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia”. Asimismo, “defender los derechos laborales y velar por el cumplimiento de los compromisos” en esa materia.

Por último, llaman a a Blinken para que se implemente “el anuncio de la Administración Biden de un enfoque antinarcóticos más holístico” y que se garantice urgentemente “una postura neutral de EE. UU. hacia las elecciones y evite cualquier apariencia de apoyo al partido en el poder”.

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