Tras dos intentos fallidos de tratar el asunto en las dos últimas semanas, ya que ni siquiera se pudo iniciar el debate, finalmente hoy los senadores votaron a favor, por unanimidad, de que el juez Claudio Bonadio lleve adelante allanamientos en los domicilios de Fernández en Buenos Aires y el sur del país, en busca de pruebas.
Al estar aforada, cualquier decisión de la justicia que apunte al arresto de Fernández o el registro de sus propiedades debe pasar por el pleno de la Cámara Alta, en la que ningún bloque tiene mayoría absoluta pero el peronismo -al que pertenece la expresidenta pero está dividido en varios sectores- es el movimiento con más peso.
El debate comenzó a primera hora de la tarde, con la presencia de Cristina Kirchner y la mayoría de los senadores. En la lista de oradores se inscribieron 24 parlamentarios, incluyendo a la expresidenta.
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La semana pasada, había fracasado por falta de quórum una sesión en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio.
Sin embargo, esta vez se da por descontado que habrá un voto favorable a la solicitud del magistrado. Como antesala, en una carta a los distintos bloques del Senado difundida el martes, Kirchner se declaró dispuesta a que se allanaran sus domicilios de Buenos Aires, Santa Cruz y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos.
También solicitó que estén presentes sus abogados y un senador durante el allanamiento. Los pedidos, y especialmente el de impedir la divulgación de imágenes, fueron apoyado por varios congresistas con el argumento del resguardo de la intimidad.
Kirchner "merece respeto. Allanen, busquen las pruebas, pero con respeto. Respeten la dignidad humana", enfatizó el senador Adolfo Rodríguez Saa, de la Unidad Justicialista.
El senador radical Eduardo Costa, de la alianza oficialista Cambiemos, aseveró que votará a favor "para darle a la justicia la capacidad de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, y para que tengamos extinción de dominio para poder reparar el daño que la corrupción y los funcionarios hacen al pueblo argentino".
Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría implicar alrededor de 160 millones de dólares.
Desde la bancada del Frente para la Victoria, de Kirchner, la senadora Ana Almirón puso en duda "el objeto y la necesidad de allanamiento".
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"Buscan tapar la verdad de lo que pasa en Argentina, pero el pueblo no come expedientes", dijo la senadora, en alusión al malestar por las dificultades económicas que llevaron al presidente Mauricio Macri a pactar con el FMI un auxilio por 50.000 millones de dólares en tres años.
En las afueras del Congreso, un puñado de partidarios de la expresidenta aguarda la decisión con carteles en su apoyo, mientras otro pequeño grupo se manifestaba exigiendo su desafuero.
Sin embargo, la noche del martes, miles de personas se manifestaron frente al Congreso, horas antes del debate parlamentario, para reclamar que se autorizaran los allanamientos y que se le quitara la inmunidad parlamentaria a la senadora.
"¡Cárcel a Cristina!", "¡que devuelvan la plata!", fueron algunas de las consignas de los manifestantes.
Debido a sus fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.
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La exmandataria, quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como "los cuadernos de la corrupción", que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.
El juez busca pistas sobre dónde podría haber quedado el dinero, que habría sido recibido siempre en efectivo.
A los apuntes del chofer se sumaron luego las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido, y más recientemente dos exfuncionarios de los gobiernos de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner.
Además de esta causa, Cristina Kirchner enfrenta otros cinco procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 que provocó 85 muertos y 300 heridos.
La expresidenta se considera una "perseguida política" y asegura que el pedido de allanamiento de sus domicilios es "un show" mediático.
Por Redacción internacional con información de EFE y AFP
