Jesús Humberto Padilla aspira este domingo a ser elegido como juez penal en el estado de Nuevo León, en México, algo que también tiene como objetivo Fernando Escamilla, de tan solo 32 años, en el mismo estado. Leopoldo Javier Chávez Vargas quiere algo parecido: ser electo juez federal en el estado de Durango. Todos tienen una historia... particular.
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Hace solo dos años Padilla fue acusado (no imputado) de traficar 15 bolsas de metanfetamina y de porte ilegal de armas. Escamilla defendía en los estrados a Miguel Ángel Treviño, líder del cartel de los Zetas, y a uno de sus socios, Eleázar Medina-Rojas. Chávez, finalmente, también fue detenido en la frontera con Texas, Estados Unidos, por contrabando de metanfetamina.
Son solo algunos de los más de 3.000 candidaturas que participarán de las primeras elecciones judiciales en el país, unas sobre las que apenas el 86 % de la población parece tener idea alguna y de las que apenas un 48 % sabía la fecha exacta hasta hace un par de semanas, según una encuesta realizada por Enkoll. Un 77 % no ha oído hablar de los candidatos, cabe destacar.
De este proceso saldrán electos sí o sí 881 jueces federales y 1.800 estatales. Es decir, todos los miembros de la judicatura están sometidos a voto popular, a diferencia de Bolivia o Estados Unidos, donde solo se eligen los cargos de altos tribunales o algunos jueces estatales, siendo la apuesta más grande vista para la Rama Judicial en este sentido.
Pero los problemas en el proceso, como vemos, son muchos: no solo algunas de las candidaturas son polémicas, sino que la gente no conoce de ellas y probablemente no vote más del 30 % de la población, según sondeos. Una encuesta de “El País” apuntaba a que si los comicios no alcanzaban un 60 % de participación, la mayoría de la ciudadanía no consideraría los resultados como representativos.
“El hecho de que los jueces sean elegidos por voto popular agrega una complejidad a la administración de justicia, y es que necesariamente va a terminar politizando un cargo que debe ser meramente técnico y que se debe a la Constitución y a la ley. Cuando eres juez o jueza tú estás aplicando la ley no como te gusta, no como tú crees o te gustaría, sino como está establecida y ha desarrollado la jurisprudencia.
Entonces, si le metemos el voto popular, este va a venir con la necesidad de hacer campaña y necesita plata para dar visibilidad. No se termina priorizando la capacidad que tiene la persona o su experiencia, sino quién logra conseguir más votos.
Los jueces no se deben al pueblo, sino que se deben a la ley. No se puede reducir a un concurso de popularidad, sino a sus conocimientos y su trayectoria”, señala la abogada penalista Mariana Botero Ruge. Además de restar importancia a las quejas sobre las elecciones, el gobierno ha preferido dejar el problema de la idoneidad de las candidaturas para más adelante.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo a principios de mes que revisaría los casos impugnados luego de que pasen las elecciones. Es decir, la revisión vendrá en caso de que resulten ganadores candidatos vinculados a investigaciones penales federales por delitos como peculado, delincuencia organizada, lesiones, amenazas o incluso abuso sexual.
“Claro, nos escandaliza que alguien defendió a narcotraficantes. Es decir, ¿es suficiente para descalificar? No lo sé”, afirmó Norma Irene de la Cruz Magaña, miembro del consejo de gobierno del INE.
Quienes más restan importancia a las quejas son los propios candidatos. La abogada Silvia Delgado, quien está en medio de la polémica por haber sido defensora del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, ha dicho que su pasado no la deslegitima. Minimizando los comentarios sobre posibles conflictos de intereses, dice que “¿por qué debería? ¿Por hacer mi trabajo? ¿Por defender las garantías individuales de las personas? ¿Por montar una defensa técnica adecuada para un ser humano? ¿Por qué debería eso hacerme ilegítima?”.
Según la organización de derechos humanos y transparencia en México Defensorxs, es una de las 19 candidaturas de más “alto riesgo” en los comicios. Y aunque De la Cruz Magaña deja en el aire el debate sobre si estas personas debieron o no presentarse, el director de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, ofrece un argumento determinante a la BBC: no se trata de que sean buenas o malas personas ahora, sino de cómo han quedado comprometidas por su pasado.
“El cartel de Sinaloa no es solo ‘el Chapo’ Guzmán. Es una empresa que tiene intereses criminales y económicos que se están ventilando en los tribunales. El cartel podría presionarla para que muestre lealtad, porque ella ya ha sido su empleada”, indica Meza.
No hay garantías de que estas polémicas candidaturas logren una victoria. Lo único cierto es que, aunque no lo hagan, la justicia cambiará definitivamente en México a partir de este domingo. El viejo proceso en el que se requería una cualificación previa para convertirse en juez –que tampoco garantizó que no hubiera corrupción- ha quedado atrás, pero el nuevo modelo se abre puertas con problemas inmensos sin que la Rama Judicial haya empezado siquiera su labor.
El requisito mínimo de ser abogado para postularse al cargo presenta un problema de raíz. Como señala “The New York Times”, “a diferencia de Estados Unidos, donde los abogados deben seguir estrictos códigos de conducta o se enfrentan a la inhabilitación, los colegios de abogados de México apenas supervisan a sus miembros”.
Aunque se aplicaron filtros y se descartaron miles de candidaturas, cientos de ellas pudieron haberse colado en la campaña final, porque el sistema de controles era de por sí insuficiente. Estos colados, sumado al problema de financiación de campaña, más posibles infiltraciones de la mano del narco en el proceso, prepararon un coctel explosivo que amenaza la independencia del Poder Judicial, pero que, sobre todo, amarrará al Ejecutivo al desempeño de esta rama.
Como señaló a BBC la analista mexicana Viri Ríos, doctora de la Universidad de Harvard con especialización en políticas públicas, antes el fracaso del Poder Judicial se le atribuía al mismo Poder Judicial, pero desde este domingo en adelante cualquier desempeño se le atribuirá al gobierno, “porque ellos crearon esta fórmula y promovieron la idea de que se iba a reducir la impunidad a partir de esta reforma”. Y si no lo logran, el oficialismo, en cabeza de Claudia Sheinbaum, sería el principal responsable.
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